Juez dice que no puede impedir la deportación expedita de un grupo de venezolanos recluidos en Texas
Aunque mostró su preocupación por las acciones del gobierno, un juez federal en Washington DC rechazó este viernes bloquear las deportaciones ordenadas por el Ejecutivo de Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros al considerar que carece de autoridad para ello, después de que la Corte Suprema anulara su orden al respecto hace unos días.
Durante la audiencia, un abogado del gobierno aseguró que, aunque no hay vuelos planeados, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que se reserva el derecho de reiniciar las deportaciones desde este mismo sábado.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) habían solicitado al juez de distrito estadounidense James Boasberg que emitiera una orden temporal para bloquear cualquier deportación inminente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, tras varias informaciones que apuntaban a expulsiones de inmigrantes venezolanos detenidos en Texas en las próximas horas.
Boasberg se mostró comprensivo con la preocupación por la posible reanudación inminente de los vuelos de deportación. “Comprendo todo lo que dicen, pero creo que no tengo la facultad de hacer nada”, respondió a los abogados en una audiencia de emergencia este viernes.
El magistrado argumentó que, según un fallo reciente de la Corte Suprema, solo los tribunales con jurisdicción sobre el centro de detención de Texas donde se encontraban los migrantes tenían la facultad de intervenir.
Las denuncias de inmigrantes venezolanos sobre su inminente deportación
Poco antes, abogados de inmigración confirmaron a Univision Noticias que en las últimas horas han estado hablando por teléfono con inmigrantes detenidos en un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas, donde fueron llevados tras ser detenidos en distintos operativos a nivel nacional y que los quieren deportar de manera expedita.
Según relato de los detenidos, los abogados indicaron que “se trata de unos 60 inmigrantes de nacionalidad venezolana”. Explicaron que se encuentran están detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet, ubicado en las afueras de Dallas y “fueron arrestados durante operativos en distintos puntos del país.
“Un cliente nos llamó esta mañana para contarnos que los habían sacado del lugar donde se encontraban (en el centro de detención) y que los habían metido en un cuarto, a 25 de ellos, forzándolos para que firmen una orden de deportación (salida) voluntaria”, dijo el abogado de inmigración Haim Vásquez, quien ejerce en Dallas, Texas.
“Anoche (de jueves para viernes) sacaron a unos y no saben dónde están. Tampoco se sabe si estas personas firmaron bajo presión las órdenes de salida voluntaria. Lo que sí sabemos por sus testimonios es que han tratado de forzarlos bajo la idea de que los van a enviar a su país, pero nadie lo sabe”, agregó.
Por su parte, el abogado Ángel Álvarez, quien ejerce en Miami, Florida, dijo a Univision Noticias el viernes que “desde anoche he hablado, primero, con un grupo de unos 36 venezolanos detenidos en el centro de detención Bluebonnet, en Dallas, y luego con otro grupo de unos 25. Me llama uno de los detenidos para pedirme consejo y luego pasa el teléfono al resto de personas privadas de libertad que están junto a él. Así se han registrado las conversaciones”.
Álvarez explicó que “de acuerdo con sus relatos, los están presionando para que firmen una salida voluntaria. Pero les estamos aconsejando que no lo hagan, que se resistan. Ellos tienen derecho, confirme un fallo de la Corte Suprema de Justicia, a un tiempo razonable para poder impugnar sus deportaciones. Y también están protegidos por orden de un juez federal”.
Por qué fueron detenidos estos venezolanos y con qué cargos
De acuerdo con Álvarez, “los testimonios de los detenidos reflejan que los funcionarios de ICE están molestos porque no están firmando las órdenes de salida voluntaria”.
“Los amenazan y fuerzan diciéndoles que son de la pandilla Tren de Aragua” (TdeA), grupo criminal que el gobierno de Donald Trump incluyó en la lista de organizaciones terroristas.
Álvarez también dijo que a los detenidos les hicieron llegar una carta donde les indican que, de conformidad con el Título 50, Sección 21 del Código de Estados Unidos, serán removidos del país bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
“Cuando nos enteramos de esto, les recomendamos que no firmen nada de eso, que no lo hagan”, precisó. Y añadió que, la mayoría de los detenidos son titulares del estatus de Protección Temporal (TPS), peticionarios de asilo, y un par de personas que ingresaron al país bajo la aplicación móvil CBP One”, una entrada autorizada por el gobierno del presidente Joe Biden”.
“Y muchos de ellos todavía tienen citas programadas en la Corte de Inmigración bajo el debido proceso en tribunales de San Diego (California), Miami (Florida), San Antonio (Texas) y otros estados”, apuntó.
A la pregunta respecto a cuál sería la causa de arresto barajada por ICE, Álvarez dijo, citando el testimonio de las personas detenidas con las cuales habló por teléfono, “que un denominador común son algunos tatuajes donde aparece una corona”. Pero indicó que “no se trata de una evidencia de peso porque de lo contrario no estarían obligándolos a firmar una orden de salida voluntaria”.
En cuanto al futuro inmediato de los detenidos, dijo que “no se sabe adónde los llevarán. Incluso uno de ellos, un exsargento del Ejército indicó que si lo deportan a Venezuela lo matan”.
El título 50, sección 21 del Código de los EEUU (USCODE), denominado 'Ley de Enemigos Extranjeros', permite al presidente tomar medidas contra extranjeros en caso de guerra declarada, invasión o amenaza. Además, autoriza la detención, restricción, seguridad y remoción de extranjeros enemigos.
Juez prohíbe deportaciones a terceros países
Mientras aumentan las preocupaciones respecto al futuro inmediato de decenas de detenidos venezolanos en centros de detención, principalmente en Texas, un juez federal impidió temporalmente este viernes que el gobierno de Trump deporte a países distintos del suyo a personas que han agotado los recursos legales o llegado al final del debido proceso sin que se les permita argumentar miedo creíble y cómo la expulsión a otra nación pondría en peligro su seguridad.
El juez federal de distrito Brian E. Murphy, de Boston, Massachusetts, fallo que las personas con órdenes de deportación deben tener "una oportunidad significativa" para argumentar que ser enviadas a un tercer país presenta un peligro que se considera digno de protección.
Por su parte, esta tarde la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitó a la Corte Suprema que intervenga inmediatamente para impedir que el gobierno de Trump deporte a El Salvador a migrantes venezolanos detenidos en Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
En una solicitud de emergencia, ACLU argumenta que muchos migrantes ya se encuentran en autobuses, "presumiblemente rumbo al aeropuerto" para ser deportados a la cárcel conocida como CECOT, en San Salvador, donde en marzo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) junto con el Departamento de Defensa enviaron a unos 270 inmigrantes, la mayoría de ellos venezolanos.
"La ayuda de emergencia es necesaria no solo para preservar el statu quo y evitar daños permanentes e irreversibles a los solicitantes, sino también para preservar la jurisdicción de los tribunales, dada la postura del gobierno de que no está obligado a devolver a las personas, ni siquiera a aquellas expulsadas por error", afirma la solicitud, en referencia al caso de Kilmar Abrego García.
La semana pasada el máximo tribunal de justicia rechazó el intento original de la ACLU de bloquear la invocación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar sin debido proceso a presuntos pandilleros, pero los magistrados dijeron que el gobierno debe dar un tiempo razonable para que los migrantes puedan impugnar sus deportaciones mediante un recurso de hábeas corpus.
Tras el fallo, ACLU ha presentado múltiples demandas colectivas en distritos judiciales a nivel nacional, donde, según el grupo de derechos civiles las autoridades migratorias de ICE retienen a hombres venezolanos ante la posibilidad de que sean deportados en virtud de esta ley.
