Las deportaciones masivas de Trump chocarán con un muro de protecciones legales que incluye la Constitución de EEUU

La amenaza del lanzamiento de un plan de deportaciones masivas hecha por el presidente electo Donald Trump, cuyo blanco serían millones de extranjeros, no solo inquieta a la comunidad inmigrante sino también a empleadores que dependen de la mano de obra indocumentada para el funcionamiento de industrias clave, entre ellas la agropecuaria y alimentos procesados.

A menos de dos semanas de la toma de posesión, todavía no se conocen detalles que expliquen cómo se llevarán a cabo los arrestos, encarcelamientos y la expulsión de extranjeros. Uno de los nominados por Trump para encabezar la fuerza nacional de deportaciones, Tom Homan -llamado a ser ‘zar’ de la frontera-, se ha encargado de mostrar algunos objetivos de la estrategia. Ha dicho que comenzará en Chicago, del ejército colaborarán con las autoridades federales, se levantarán campamentos en la frontera sur y se tratará de una operación acelerada.

Muchas preguntas por ahora no tienen respuestas y la falta de transparencia lleva a la propagación del miedo, un estado de ánimo que facilita la desinformación. También causa pánico e impide que los inmigrantes conozcan sus derechos, incluyendo a los millones de no ciudadanos a quienes Trump, sin argumentos, tacha de criminales.

Las preguntas que surgieron tras la elección del 5 de noviembre se relacionan con el número de agentes que dispondrá el nuevo gobierno para llevar a cabo la gigantesca operación, si contará con infraestructura para detener a extranjeros y expulsarlos, si tiene agentes suficientes y si el Congreso le dará los fondos necesarios para llevar a cabo el ambicioso programa, cuyo costo se estima en unos $88,000 millones por año de acuerdo con un informe del American Immigration Council (AIC).

Homan respondió que, por ahora, no lo sabe, pero confía en que el presidente electo Trump le entregue los recursos necesarios a partir del 20 de enero y espera que el Congreso, controlado por los republicanos, haga lo necesario para permitir que se implemente la cuestionada política de ‘tolerancia cero’.

Mientras llega el día y con los datos disponibles confirmados tanto por Trump como por algunos de sus nominados para su gobierno, Univision Noticias preguntó a dos expertas en el sistema migratorio y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) si es legal llevar a cabo las deportaciones masivas, si pueden ser procesados aquellos a quienes el sistema les permitió una oportunidad de luchar por sus permanencias o si es permitido arrestar y deportar a millones de extranjeros porque el gobierno de turno dice que son criminales. Por último, ¿pueden los jueces detener una deportación si el tribunal se percata que el arresto del extranjero no fue legal?

La jueza Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), y la abogada Rebeca Sánchez-Roig, quien durante más de 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia (DOJ) y actualmente ejerce en Miami, Florida, analizaron este complejo escenario y respondieron a nuestras preguntas.

5 razones para augurar el fracaso de los planes de Trump

Una de las mayores preocupaciones de la jueza Marks es que en el intento por poner en marcha el plan de deportaciones masivas se viole la ley y se cause un daño irreparable a cientos de miles de extranjeros y familias, algunas constituidas desde hace décadas y con hijos ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, advierte, “hay muchas razones” para afirmar que “las horribles propuestas de Trump se verán frustradas y, en última instancia, es poco probable que se acerquen a sus objetivos declarados”, pero está claro “que los próximos cuatro años estarán llenos de caos, miedo tremendo y daño real en las comunidades inmigrantes”.

A juicio de Marks, hay cinco razones básicas por las que los planes de Trump no pueden tener éxito:

• Primero, nunca obtendrá los $88,000 millones anuales que se estima necesita para cubrir la mano de obra, los centros de detención, el apoyo aéreo (para expulsar) y otros gastos de un programa de deportación masiva. Además, se necesitarán años para contratar y capacitar a la cantidad de agentes gubernamentales y jueces de inmigración necesarios para llevar a cabo este programa.

• Segundo, existen impedimentos legales para muchas de las acciones que ha propuesto. Por ejemplo, ha afirmado que aplicará la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798 para utilizar a nuestro ejército en el interior de Estados Unidos porque estamos siendo ‘invadidos’. Esta acción requiere una guerra declarada por una nación extranjera que no existe aquí. También ha afirmado que invocará la Ley de Insurrección (Insurrection Act) aprobada en 1807, pero que también es inaplicable porque requiere una rebelión abierta o un desorden civil. Por último, como sucedió en la primera istración Trump, habrá impugnaciones legales a prácticamente todas las medidas que adopte. Ya sea que tengan éxito o fracasen, es probable que estas impugnaciones detengan muchos de sus esfuerzos en una etapa inicial mediante medidas cautelares si un juez honesto preside porque, en términos generales, el statu quo debe mantenerse durante el litigio. De lo contrario, estas políticas pueden estar en vigor, pero solo por períodos relativamente cortos durante el proceso de litigio. Marks predice que (Trump) hará todo lo posible para intentar utilizar órdenes ejecutivas para lograr sus objetivos, pero también se verán atados a los tribunales. Lo mismo con las nuevas regulaciones que propondrán sus agencias. Es fácil imaginar cómo reinará la confusión.

• Tercero, gran razón por la que sus planes no funcionarán es que necesita la cooperación de los estados individuales, muchos de los cuales se opondrán a su usurpación de sus recursos de aplicación de la ley para una misión exclusivamente de inmigración. (Los demócratas gobiernan 23 de los 50 estados del país).

• Cuarto, también necesitará la cooperación de las naciones extranjeras porque no puede expulsar físicamente a alguien a su país de origen a menos que su gobierno coopere. Actualmente, muchos países como Cuba, China, Pakistán, Rusia y Venezuela no cooperan. Es muy poco probable que alguna nación acepte recibir a un gran número de personas que no sean sus ciudadanos porque, si lo hace, se enfrentaría a la misma crisis que tenemos aquí. (Una lista elaborada por la Oficina de Inmigración y Aduanas -ICE- revela que existen 63 países que no cooperan con las deportaciones. A estas naciones se les conoce como ‘recalcitrantes’).

• La quinta razón principal por la que es poco probable que Trump tenga éxito en sus planes es el hecho de que la Constitución de Estados Unidos garantiza que se le otorgue el debido proceso a cualquier persona en Estados Unidos independientemente de su estatus legal. El debido proceso requiere una audiencia ante un juez imparcial (neutral adjudicator), lo que requiere mucho tiempo. Incluso con cientos de jueces adicionales, la acumulación de 3.7 millones de casos pendientes actualmente en los Tribunales de Inmigración (EOIR) de todo el país, claramente socavará sus esfuerzos. (El tiempo promedio actual que un caso está en la lista es de 5 años).

No se puede deportar arbitrariamente

A la pregunta respecto a si el gobierno de Trump puede arrestar y deportar indocumentados porque el presidente electo dice que se trata de ‘criminales’, Sánchez-Roig explica que la legalidad de las detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes, en particular las basadas en acusaciones de actividad criminal o estatus migratorio, “depende de una combinación compleja de leyes nacionales, protecciones constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos”.

Y agrega:

• No es legalmente permisible bajo la ley estadounidense (ni bajo la mayoría de los sistemas democráticos) arrestar y deportar arbitrariamente a millones de personas simplemente porque el gobierno afirma que son "criminales".
• Las detenciones y deportaciones deben seguir el debido proceso y los inmigrantes tienen ciertos derechos, incluido el derecho a impugnar su deportación en los tribunales.
• Las protecciones del debido proceso bajo la Constitución de Estados Unidos se aplican a todas las personas en territorio estadounidense, incluidos los inmigrantes indocumentados.
• Las acciones de control de inmigración pueden priorizar a las personas que se cree que han cometido delitos penales graves, por ejemplo, tienen el derecho de priorizar la remoción de criminales indocumentados con órdenes finales de remoción; detener a criminales indocumentados y ponerlos en procedimientos ante los tribunales de inmigración; y/o detener a criminales residentes permanentes legales y ponerlos en procedimientos de remoción ante los tribunales de inmigración.
• Esto, sin embargo, no otorga carta blanca para las deportaciones masivas basadas únicamente en el estatus migratorio o en acusaciones generales de criminalidad.

Propaganda odiosa e inexacta

En cuanto al lenguaje utilizado por el presidente electo para justificar su plan de deportaciones, la jueza Marks dice que el escenario actual se ha visto agravado en los últimos meses “por la proliferación de propaganda odiosa e inexacta que vilipendia a los inmigrantes”. Añade que el estudio en profundidad necesario para comprender y disipar todos los mitos desenfrenados “no es algo que el ciudadano medio esté dispuesto a emprender”, por el momento. Pero señala que “los planes de Trump harán que estos ciudadanos estadounidenses comprendan la realidad de las contribuciones de los inmigrantes a nuestro país y, con suerte, los movilizarán para que emprendan acciones políticas por primera vez en nombre de las comunidades inmigrantes”.

“Casi uno de cada 10 niños ciudadanos de Estados Unidos vive en un hogar con al menos un padre indocumentado. Además, se calcula que el 80% de las personas indocumentadas de este país han estado aquí durante una década o más. Esto significa que la política de ‘tolerancia cero’ que propone Trump y la aplicación interna de las leyes actuales harán poco para reducir las oleadas de inmigrantes en nuestra frontera sur. Además, durante los años en que yo ocupaba el cargo (de presidenta de la NAIJ), los empleadores y los de las comunidades religiosas acudían a los tribunales en nombre de personas que eran honestas, productivas y básicamente esenciales de sus comunidades”.

Marks también señala que “la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no se centran en los problemas de inmigración hasta que los tocan personalmente. Creo que esto se debe a que la ley es muy complicada y la mayoría de los estadounidenses no tienen una razón para hacerlo hasta que alguien que conocen se ve afectado. Esto se ve agravado por la proliferación de propaganda odiosa e inexacta que vilipendia a los inmigrantes. El estudio en profundidad es necesario para comprender y disipar todos los mitos desenfrenados, no es algo que el ciudadano medio esté dispuesto a emprender. Los planes de Trump harán que estos ciudadanos estadounidenses comprendan la realidad de las contribuciones de los inmigrantes a nuestro país y, con suerte, los movilizarán para que emprendan acciones políticas por primera vez en nombre de las comunidades inmigrantes”.

Pero para que se llegue a este punto, advierte, “los planes de Trump no avanzarán como él espera, y claramente esto generará una enorme cantidad de caos y miedo. ¡Estaremos en una montaña rusa de inmigración durante los próximos años!”

Hasta dónde le permitirá a Trump el sistema

A la pregunta si puede el sistema de justicia migratoria vigente cumplir las órdenes del gobierno de Trump para realizar deportaciones masivas, Sánchez-Roig enfatiza en las “protecciones constitucionales” de todas las personas que viven en Estados Unidos. Indica que “el sistema de justicia migratoria, que incluye tribunales de inmigración y agencias como ICE, debe cumplir con las protecciones constitucionales, incluido el debido proceso, y no puede usarse como una herramienta para deportaciones arbitrarias masivas sin justificación legal”, detalla. “Si bien las prioridades del gobierno pueden cambiar (por ejemplo, un gobierno puede priorizar la deportación de personas con condenas penales), no tiene la autoridad para eludir las protecciones del debido proceso. Incluso bajo una directiva del gobierno, la aplicación de la ley migratoria debe cumplir con los procedimientos legales establecidos”.

La exfiscal de inmigración del Departamento de Justicia precisa además que, “no obstante, dado que el Congreso está controlado principalmente por los republicanos, no sabemos qué podría hacer con respecto a la legislación antiinmigrante”.

Sobre este punto, la jueza Marks menciona que “hay varios cientos de miles -pero no varios millones- de personas que estarán en riesgo y servirán como carne de cañón para estos esfuerzos”. Y agrega que “las personas que ya han tenido sus audiencias de deportación o expulsión, y han agotado todas sus apelaciones, definitivamente corren un grave riesgo porque es probable que ninguna otra acción legal tenga éxito en detener su expulsión porque ya tuvieron su día en la corte”.

Sin embargo, puntualiza, “las operaciones de fugitivos para localizar a estas personas consumen mucho tiempo y son costosas. Y las personas con condenas penales serán rescatadas del confinamiento, pero eso ocurre sólo después de que su sentencia haya sido completada según las leyes de la mayoría de los estados”.

Respecto a diversos programas de TPS exitosos, Marks dijo que “bien pueden ser objeto de cancelación, pero también se producirán litigios allí porque la ley requiere una demostración de que las condiciones del país han cambiado”.

Actualmente hay aproximadamente 1 millón de personas de 17 países diferentes que están en Estados Unidos con estatus de TPS, y lamentablemente los estatus de todos los países, excepto tres expirarán en 2025 (El Salvador, Honduras y Nicaragua y Venezuela). “Entonces, dependerá de si estas personas ya han pasado o no por el proceso de audiencia de deportación”, precisó.

“De manera similar, las personas con estatus DACA son vulnerables a la terminación de sus permisos de residencia (permanencia temporal y/o amparo de deportación), ya que se requieren renovaciones cada pocos años y no estarán disponibles si el programa termina. La velocidad con la que se puede lograr su expulsión también dependerá de si ya han tenido o no procedimientos de deportación o expulsión”.

El respeto al debido proceso

El debido proceso garantiza que los inmigrantes que enfrentan la deportación “tengan la oportunidad de impugnar su expulsión ante un juez de inmigración”, apunta Sánchez-Roig. “Sin embargo, una política de ‘tolerancia cero’ o de deportación masiva podría tensar el sistema del debido proceso, lo que podría llevar a procedimientos apresurados o a una falta de representación legal adecuada para los inmigrantes”.

Si bien los inmigrantes tienen derecho a una audiencia, no siempre tienen derecho a un abogado designado, y la falta de recursos o tribunales de inmigración sobrecargados pueden impedir los procedimientos legales adecuados. En teoría, dice Sánchez-Roig, “los inmigrantes que enfrentan la deportación tienen derecho a una audiencia justa, pero la viabilidad de garantizar estos derechos a menudo se cuestiona durante períodos de mayor aplicación de la ley o cambios de política”.

Si se registra un cambio brusco a partir del 20 de enero, la exfiscal dice que “las deportaciones se pueden acelerar para las personas con condenas penales o aquellas que se determine que han violado las leyes de inmigración, pero esto no significa que se las pueda deportar sin ningún proceso legal. Si un extranjero es detenido en esas condiciones, generalmente tiene derecho a impugnar los cargos o apelar su caso a través de los tribunales de inmigración”.

Además, indica, “bajo ciertos procedimientos expeditos, como la expulsión acelerada para personas que han permanecido en Estados Unidos por menos de dos años, el proceso puede ser mucho más rápido. Aun así, tienen derecho a solicitar asilo o impugnar su expulsión, lo que puede retrasar el proceso”.

A la pregunta si serán legales los arrestos bajo las normas de inmigración de ‘tolerancia cero’ como las conocidas hasta ahora, explicó que “la legalidad de los arrestos bajo una política de estas características dependerá de cómo se lleven a cabo. Si los arrestos se basan en una causa probable (por ejemplo, evidencia de violaciones de inmigración o actividad criminal) y siguen el debido proceso, pueden ser legales. Pero cualquier arresto realizado sin justificación legal o si se violan los derechos de la persona (como un arresto sin una orden judicial válida o sin seguir el debido proceso) podría considerarse ilegal. Cualquier persona arrestada tiene derecho a impugnar la legalidad de su detención en el tribunal”.

Los indocumentados que entraron legalmente

En cuanto a los inmigrantes indocumentados que ingresaron legalmente a Estados Unidos con una visa y se quedaron más allá del término permitido por las autoridades de inmigración, Marks dice que la ley de inmigración actual “permitiría que estas personas, al igual que aquellas que entraron ilegalmente al país, sean expulsadas de Estados Unidos, pero estos tienen derecho al debido proceso y se aplican las disposiciones actuales de los procedimientos de expulsión”.

Puntualiza que la retórica de llamarlos criminales “realmente no entra en juego desde una perspectiva legal”. Y reitera que aquellos que tienen condenas penales estatales o federales, “deberán completar sus sentencias en la mayoría de los casos”. Y añade que, “los cambios importantes en el sistema de inmigración, ya sea la inmigración legal o que afecten a las personas ‘ilegales’ indocumentadas, deben ser realizados por el Congreso”, y que los poderes del presidente “están limitados de otra manera”.

En cuanto a si los jueces de inmigración pueden detener una deportación si el tribunal determina que el arresto de un extranjero no fue legal, Sánchez-Roig dijo que “sí, los jueces de inmigración tienen la autoridad de revisar la legalidad de los arrestos y los procedimientos de deportación”. Y agregó que, en caso de que un juez determina que un arresto fue ilegal, como por ejemplo si se violaron las protecciones constitucionales, careció de causa probable o incumplió otros procedimientos legales, “puede detener la deportación y fallar a favor del inmigrante”.

También explicó que los tribunales “pueden conceder suspensiones de deportación en espera de apelaciones o revisión del caso” y si hubo una violación de los derechos de la persona durante su arresto o detención, “el juez puede ordenar que la persona sea puesta en libertad o que se reconsidere el caso”.

La exfiscal de inmigración apuntó además que “no hay forma de que puedan deportar a millones de sin empezar por lo más fácil. En la actualidad hay aproximadamente 3.7 millones de casos pendientes ante los jueces de inmigración, la mayor cantidad de casos de este tipo en la historia del sistema de inmigración estadounidense. Esto representa un aumento del 44% con respecto a los 2.5 millones de casos pendientes del año anterior”.

“Y el problema no hace más que agravarse, ya que cada vez hay más personas en proceso de deportación. Existen alrededor de 700 jueces de inmigración. En el sistema judicial de inmigración actual, la carga de trabajo promedio es de 4,500 a 5,000 casos por juez. Y la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) estima que duplicar el número actual de jueces de 700 a 1,400 podría ayudar a resolver el atraso actual para el año 2032”.

Las cifras mencionadas por Sánchez-Roig no incluyen los casos de asilo afirmativo pendientes en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), “que en algún momento serán remitidos al tribunal de inmigración”, indica la abogada. Al 30 de septiembre, USCIS tenía acumulados 9.474,182 casos. De ellos, 1.344,743 corresponden a casos de asilo afirmativo, de acuerdo con su base de datos.

“Si bien el gobierno puede priorizar la deportación de personas con antecedentes penales o indocumentadas, este proceso no puede pasar por alto las protecciones del debido proceso. Los arrestos y deportaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con la ley, y las personas tienen derecho a impugnar su expulsión en los tribunales. Habrá desafíos legales a las detenciones ilegales o inconstitucionales”, anticipó Sánchez-Roig.