Deportaciones masivas de Trump serían devastadoras para EEUU, advierte informe
Un informe publicado por el American Immigration Council (AIC) advierte que el plan de deportaciones prometido por el candidato presidencial republicano, Donald Trump, si gana las elecciones y regresa a la casa Blanca, sería devastador no solo para la comunidad indocumentada, sino para todo el país.
Así lo revela el Consejo, un órgano de estudio creado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), cuyo objetivo es formular políticas y prácticas de inmigración a través de programas innovadores, investigación de vanguardia y esfuerzos legales y de defensa estratégicos basados en la evidencia, la compasión, la justicia y la equidad.
Trump, el candidato republicano que se enfrenta el 5 de noviembre a la candidata por el Partido Demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris en una de las elecciones más disputadas de la historia, ha prometido durante su campaña que ordenará las deportaciones de extranjeros “más grandes de la historia”, amenaza que cubre tanto a extranjeros indocumentados como inmigrantes con algún tipo de protección temporal en Estados Unidos.
El viernes, durante un mitin en Colorado, el candidato dijo que invocaría una ley de 1798, que le permitiría en caso de volver a gobernar, la expulsión de personas de países que han invadido Estados Unidos, después de una declaratoria de invasión. “Se detendrá la invasión. Los vuelos de inmigrantes terminarán y la aplicación de Kamala para inmigrantes ilegales (en referencia al programa CBP One) ese cerrará de inmediato en 24 horas”, aseguró.
Qué dice el informe de la AIC
Titulado ‘Deportación Masiva: costos devastadores para Estados Unidos, su presupuesto y su economía’, el informe de 54 páginas dice que si bien en el pasado se han hecho promesas similares sin que se hayan materializado1, esta vez la amenaza de las deportaciones masivas “ocupan ahora un lugar permanente en la retórica de los principales halcones de la inmigración” del Partido Republicano.
“Por citar sólo un ejemplo, el ex director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Tom Homan, ha prometido una operación histórica de deportación si una istración de línea dura regresa al poder”.
Homan es uno de los autores principales del Proyecto 2025, un documento de más de 900 páginas elaborado por influyentes figuras republicanas y excolaboradores del gobierno de Trump que tuvieron a cargo la implementación de la cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’.
Si bien Trump se ha desmarcado del Proyecto 2025 asegurando que no tiene nada que ver con el documento, cada vez se asemejan más sus promesas de campaña y sus fórmulas para regular la inmigración indocumentada con los planteamientos del criticado documento.
“Mientras que algunos planes (advertidos por Trump) han previsto una operación masiva única diseñada para acorralar, detener y deportar a la población indocumentada en masa, otros han previsto comenzar con una base de un millón de deportaciones por año”, indica el estudio. Y agrega que “dado que en la era moderna de aplicación de la ley de inmigración, Estados Unidos nunca ha deportado a más de medio millón de inmigrantes por año, y muchos de ellos han sido migrantes detenidos tratando de ingresar a Estados Unidos, no sólo los que ya viven aquí, cualquier propuesta de deportación masiva plantea preguntas obvias”.
Entre las preguntas que por ahora no tienen respuesta se cuentan: ¿cómo, exactamente, Estados Unidos podría llevar a cabo la operación de aplicación de la ley más grande en la historia mundial? ¿Y a qué costo?
Asoman las primeras respuestas
El estudio del AIC indica que, utilizando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), junto con datos disponibles públicamente sobre los costos actuales de la aplicación de las leyes de inmigración, la amenaza impactaría a unos 11 millones de personas que en 2022 carecían de estatus legal permanente y enfrentaban la posibilidad de ser deportadas. A esto habría que agregan unos 2.3 millones de inmigrantes adicionales que entraron en los últimos años.
“En total, encontramos que el costo de una operación de deportación masiva única dirigida a ambas poblaciones (un total estimado de 13,3 millones de inmigrantes sin estatus legal) es de al menos $315,000 millones de dólares”, calculan los investigadores del AIC. Y enfatizan que, “esta cifra es una estimación muy conservadora. No tiene en cuenta los costos a largo plazo de una operación de deportación masiva sostenida ni los incalculables costos adicionales necesarios para adquirir la capacidad institucional para expulsar a más de 13 millones de personas en un corto período de tiempo, incalculables porque simplemente no existe una realidad en la que una operación tan singular sea posible”.
Al costo de las deportaciones, el estudio de la AIC dice que se debe añadir el costo de las detenciones masivas, el cumplimiento del debido proceso y gastos adicionales que incurrirán los estados, condados y ciudades que participen en el proceso.
“Para estimar los costos de una operación de deportación masiva a largo plazo, calculamos el costo de un programa que apunta a
arrestar, detener, procesar y deportar a un millón de personas por año, en paralelo con las propuestas más conservadoras hechas por los defensores de la deportación masiva. Incluso suponiendo que el 20% de la población indocumentada se ‘autodeportaría’ bajo un régimen de deportación masiva de años de duración, estimamos que el costo final de una operación tan prolongada promediaría $88,000 millones anuales, por un costo total de $967,9 mil millones de dólares en el transcurso de más de una década”.
Sólo se trata de aproximaciones
AIC precisa que los datos publicados en el informe están por debajo de los costos reales a los que pudiera llegarse en caso de llevarse a cabo las amenazas. “Se trata de una suma mucho mayor que la estimación única, dados los costos a largo plazo
de establecer y mantener centros de detención y campamentos temporales para poder detener a un millón de personas a la vez, costos que no se pueden modelar en un análisis a corto plazo”, indica.
Para poder ejecutar un plan de esta envergadura, se requeriría “que Estados Unidos construya y mantenga 24 veces más capacidad de detención del ICE de la que existe actualmente”. Y el gobierno “también tendría que establecer y mantener
más de 1,000 nuevas salas de tribunales de inmigración para
procesar a las personas a ese ritmo”.
El estudio agrega que “incluso esta estimación es probablemente bastante conservadora, ya que no pudimos estimar los costos adicionales de contratación para las decenas de miles de agentes necesarios para llevar a cabo 1 millón de arrestos por año, las inversiones de capital adicionales necesarias para aumentar la flota de aviones chárter de Operaciones Aéreas de ICE para llevar a cabo un millón de deportaciones anuales, y una miríada y revisión de otros costos auxiliares” durante el masivo proceso de deportaciones.
Qué se podría hacer con esos fondos
Para tener una comparación del tamaño y el costo del plan de deportaciones prometido por Trump durante su campaña, el estudio del AIC cita, en base a los costos estimados, en qué podría un nuevo gobierno invertir esas sumas de dinero en vez de utilizarlo en la deportación de 13.3 millones de indocumentados en un período de más de 10 años, calculado en 1 millón por año:
· Construir más de 40,450 nuevas escuelas primarias en comunidades de todo el país;
· Construir más de 2,9 millones de nuevas viviendas en comunidades de todo el país;
· Financiar el programa Head Start durante casi 79 años;
· Pagar la matrícula completa y los gastos para que más de 4,3 millones de personas asistan a una universidad privada durante cuatro años, o más de 8,9 millones de personas asistan a una universidad pública del estado durante cuatro años;
· Comprar un coche nuevo para más de 20,4 millones de personas.
A su vez, un solo año de un régimen de deportación de un millón de personas, con su costo de 88.000 millones de dólares, costaría:
· Casi el doble del presupuesto anual de los Institutos Nacionales de Salud;
· Casi cuatro veces el presupuesto de la NASA;
· Casi tres veces más de lo que el gobierno federal gasta en nutrición infantil;
· Más de lo que el gobierno entrega cada año en el programa de Crédito Fiscal por Hijos;
· Dieciocho veces más de lo que el mundo entero gasta cada año en investigación del cáncer.
El Proyecto 2025
La fuerza nacional de deportaciones incluida en el ‘Proyecto 2025’, la estrategia conservadora divulgada por la Fundación Heritage, va más allá de la reagrupación de la totalidad de fuerzas federales que participan en el proceso migratorio y que se encargaría que se encargaría de ejecutar la amenaza de Trump.
Recomienda modificar, anular o eliminar todo reglamento vigente que vaya en contra del objetivo que tienen los juicios de deportación estipulados en la ley vigente para acelerar la expulsión de extranjeros con o sin papeles de estadía legal en Estados Unidos.
El plan, elaborado por decenas de exfuncionarios del gobierno de Donald Trump -cuya campaña hace esfuerzos por desmarcarse de las propuestas contenidas en el documento de casi 900 páginas-, propone establecer un nuevo marco de prioridades para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ministerio creado en 2003 en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuya atención debe enfocarse en la persecución, arresto y deportación de indocumentados y, simultáneamente, restringir la inmigración legal e investigar miles de solicitudes de naturalización de extranjeros en busca de fraude.
Las deportaciones masivas, tal y como ha mencionado Trump en sus discursos y entrevistas como candidato del Partido Republicano para un segundo mandato en la elección presidencial del 5 de noviembre, no solo se limitarían a la ejecución de redadas en casas de extranjeros y centros de trabajo, sino también en lugares sensitivos tales como iglesias, escuelas, hospitales y tribunales de justicia. Y la lista de inisibles también incluiría a todo extranjero que cometa un simple error istrativo, como por ejemplo dejar en blanco un espacio en un formulario del servicio de inmigración.
“Esto ya lo hemos visto”, dice Armando Olmedo, vicepresidente y consejero legal de inmigración de Televisa Univision, co-autor del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’ y co-presentador del programa ‘Hablemos de Inmigración’. “Los inmigrantes deberán estar limpios. La propuesta tendrá un gran impacto, por ejemplo, en los procesos de extensión de beneficios legales. Así, si un inmigrante envía la petición a tiempo, pero dejó en blanco un casillero o no respondió una pregunta y el servicio de inmigración rechaza la petición, puede dejarlo fuera de estatus. Ese es el gran susto porque esa persona estaría en riesgo de perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos”, advierte.
