Quiénes son los inmigrantes que están en la mira de las deportaciones masivas de Trump

Cuando en agosto el entonces candidato vicepresidencial republicano, JD Vance, dijo que las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados deberían comenzar con 1 millón en el primer año, muchos se preguntaron si la advertencia era real o parte de una estrategia de campaña. Pero tras la victoria de Donald Trump en las urnas el 5 de noviembre y el posterior anuncio de Tom Homan como nuevo zar de la frontera, la amenaza cobró fuerza y ahora muchos se preguntan quiénes son los extranjeros que están en la mirilla del nuevo gobierno que asumirá el 20 de enero de 2025.

Esta semana, durante una entrevista a la cadena Fox News, Homan fue consultado respecto a si la nueva istración deportaría a ciudadanos estadounidenses, después de que esta afirmación se hiciera en el programa ‘The View’ de la cadena de ABC. "No, exactamente no", dijo Homan. Y agregó que “el presidente Trump ha dejado en claro que priorizaremos las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Y en eso debemos centrarnos", afirmó.

Seguidamente, quien encabezará la fuerza nacional de deportaciones del gobierno recientemente electo, aseguró que "hay más de 1.5 millones de delincuentes extranjeros convictos en este país con órdenes finales de deportación que vamos a buscar. Hay miles de de pandillas, de pandillas inmigrantes ilegales que vamos a buscar”.

Tras estas declaraciones, las preguntas volvieron a surgir. ¿Quiénes son los extranjeros que están en la mira del nuevo gobierno? ¿Tiene el gobierno federal capacidad de respuesta y operativa para llevar a cabo un millón de deportaciones en el primer año? ¿Qué deben hacer aquellos que están en la lista de probables deportados? ¿Qué derechos tienen?

Qué se sabe hasta ahora

Tanto el vicepresidente electo Vance como el recientemente designado zar de la frontera, Homan, han mencionado que, durante el primer año del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportará entre 1 y 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales.

Pero Homan ha ido más lejos. Durante la entrevista esta semana en Fox News puntualizó que “priorizaremos las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional”. Y la semana pasada advirtió, en otra entrevista, que “cada inmigrante ilegal de este país cometió un delito, así es que todos son criminales. Y hay algunos peores que otros”, precisó.

El hombre de confianza de Trump para encabezar la nueva política de ‘tolerancia cero’ del mandatario electo, añadió que la migración “no se trata de un crimen sin víctimas, y contrastó sus declaraciones con datos del aumento en el tráfico sexual y el terrorismo en Estados Unidos, una estrategia utilizada por los republicanos durante la campaña. “Y en eso debemos centrarnos", afirmó.

Cabe señalar que durante el primer gobierno de Trump (20 de enero de 2017 al 20 de enero de 2021), se establecieron las siguientes prioridades de deportación (las que podrían ser reinstaladas en 2025):

• Quienes hayan sido condenados por cualquier delito;
• Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;
• Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;
• Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;
• Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;
• Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o
• Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

Los posibles blancos de las deportaciones masivas

Las categorías hasta ahora mencionadas por los funcionarios de confianza del presidente electo incluyen a:

• Extranjeros con orden de deportación;
• Extranjeros con antecedentes criminales;
• Extranjeros que hayan ingresado de manera ilegal exitosamente al país; y
• Aquellos que constituyan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

La lista, sin embargo, podría incluir a otros cientos de miles de extranjeros que permanecen en el país amparados de la deportación o fueron itidos por el gobierno del presidente Joe Biden bajo programas temporales a partir de enero de 2021, entre ellos:

• Titulares de DACA;
• Titulares del Estado de Protección Temporal (TPS);
• Titulares del Programa Humanitario (CHNV) o 'parole humanitario';
• Extranjeros que han ingresado al país bajo la aplicación móvil CBP One.

Trump sostuvo durante la campaña que cancelará estos programas. De hacerlo, los cientos de miles de beneficiarios que no hayan ajustado sus estados bajo cualquier otro programa legal vigente quedarán al borde de la deportación de Estados Unidos.

Los grupos más vulnerables

Un informe actualizado de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), revela que entre los años fiscales 2015 y 2024 la Corte de Inmigración emitió 793,543 órdenes de deportación en ausencia, correspondientes a extranjeros que se hallaban en libertad y no acudieron a sus citas judiciales.

El informe detalla que 453,670 de estas órdenes de expulsión han sido emitidas durante el gobierno de Biden (equivalente al 57.1%).

Además, en el mismo período la EOIR ha emitido 77,244 órdenes de expulsión en ausencia en casos de asilos defensivos y 57,832 órdenes de deportación en ausencia de menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés).

Solo esta categoría de inmigrantes suma un total de 928,619 extranjeros que no se presentaron a sus citas o audiencias y se perdieron o se convirtieron en ‘invisibles’ entre la población de Estados Unidos en los últimos nueve años.

Un segundo grupo en riesgo podría estar constituido por extranjeros privados de libertad en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) alrededor del país. Según actualizados al 8 de septiembre por la agencia federal, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tenía una población de 37,395 extranjeros detenidos. De ellos, 22,471 (equivalente al 60.1%) no tenían antecedentes penales. Y muchos más solo tienen delitos menores, incluidas infracciones de tránsito.

Un tercer grupo en la mira, pero que no ha sido definido aún por el nuevo gobierno, son todos aquellos extranjeros que tienen pendiente un juicio de deportación en la EOIR, donde tienen la oportunidad bajo el debido proceso de solicitar un asilo defensivo. A finales de septiembre de 2024, el Centro de Información y de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse reportó que había 3.716,106 casos activos pendientes ante el Tribunal de Inmigración. Al inicio del gobierno de Biden había 1.2 millones. La mayoría de los nuevos casos corresponden a peticiones de asilo

Programas de Biden como objetivo

Tanto Trump como Homan se han referido al ingreso ilegal, según ellos, de cientos de miles de extranjeros en lo que va del gobierno de Biden, tanto bajo el ‘parole humanitario’ (CHNV, activado en abril de 2022 primero a Ucrania y luego añadido a la lista Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua) como de la aplicación móvil CNBP One (para extranjeros que no tienen una visa de ingreso y postulan bajo cualquier programa legal vigente, entre ellos asilo).

Bajo el CHNV, el último reporte de septiembre de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) indicó que tras la reanudación del programa a finales de agosto (suspendido durante cuatro semanas tras denuncias de fraude), hasta fines de septiembre de 2024, más de 531,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y obtuvieron la libertad condicional bajo estos procesos.

• Más de 110,000 cubanos;
• Casi 211,000 haitianos;
• Casi 93,000 nicaragüenses; y
• Casi 117,000 venezolanos

· TOTAL: 531,000

Los titulares del CHNV tienen dos años de plazo para ajustar sus estados bajo cualquier otro programa legal vigente. De lo contrario, deben irse de Estados Unidos o el gobierno les iniciará un proceso de deportación. El plazo de los venezolanos comenzó a regir en octubre.

En cuanto a la aplicación CBP One, el informe de la CBP indica que, desde enero de 2023 hasta finales de septiembre de 2024, más de 852.000 personas han programado citas con éxito para presentarse en los puertos de entrada. Las principales nacionalidades procesadas con citas a través de CBP OneTM son venezolana, cubana, mexicana y haitiana.

Por último, hay que agregar a la lista los programas de Alternativas a la Detención (ATD) de ICE. Están monitoreando actualmente a 176,886 familias e individuos solteros, según datos actualizados al 7 de septiembre de 2024.

En resumen, la lista en la mirilla suma:

• 928,619 extranjeros con orden de deportación final;
• 560,000 titulares de DACA;
• 530,000 (aproximado) de titulares de TPS;
• 37,000 detenidos en cárceles de ICE;
• 531,000 bajo ‘parole humanitario’;
• 852,000 bajo CBP One;
• 176,886 liberados bajo ATD.
• TOTAL: 3,111,505 aproximados.

La cifra no incluye los más de 3.7 millones de casos acumulados en la EOIR ni las 1.2 millones de casos de asilo afirmativo pendientes de aprobación en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), de las cuales más de 419,000 fueron presentadas durante el año fiscal 2024.

Qué deben hacer aquellos con orden de deportación

El escenario para aquellos extranjeros que tienen una orden de deportación, unos 928,619 extranjeros de acuerdo con la base de datos de la EOIR, “deben buscar consejo legal inmediatamente para evaluar si existe la posibilidad de reabrir su caso”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Y no deben haber cometido ningún crimen. Porque si lo hicieron, serán arrestados y deportados inmediatamente”, agregó.

Guerrero dijo además que, “por tener una orden de deportación, significa que ya agotaron sus instancias y no serán presentados ante un juez en caso de que sean arrestados por el gobierno. Serán puestos inmediatamente en proceso de expulsión de Estados Unidos”.

Los que tienen DACA, TPS, ‘parole humanitario’ y CBP One

La situación es incierta. “Hay que esperar qué hará el nuevo gobierno cuando asuma el 20 de enero de 2025”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Conocemos lo que quieren hacer, pero no sabemos cómo lo van a implementar. Pienso que, como lo anunciaron en enero de 2017, publicarán una o más órdenes ejecutivas. Ahí sabremos exactamente cómo harán las deportaciones de las que hablan”.

Sin embargo, Gálvez dice que algunos titulares de DACA o TPS que previeron y obtuvieron un ‘advance parole’, este beneficio les permitió salir y luego registrar una entrada legal a Estados Unidos. “Eso ùede ayudarlos eventualmente. Pero si están pensando en este recurso ahora, no deben olvidar que el trámite demora unos cinco meses para que se los aprueben. Pienso que ya no hay tiempo”.

“A estas personas si les quitan DACA o el TPS, no les pueden quitar la entrada legal a Estados Unidos. Quizás ese sea el último alivio que tengan”, indicó.

En cuanto a solicitantes de asilo cuyos casos están pendientes, Gálvez dijo que “deben tener al día sus permisos de trabajo porque es cuestionable que puedan aplicar para una renovación el próximo año si deciden cancelar beneficios y proceder con las deportaciones”.

Respecto a aquellos que tienen pendientes sus casos de asilo o esperan por sus audiencias, precisó que “bajo el debido proceso están protegidos de una deportación”. Pero que “hay que esperar qué hará el nuevo gobierno y explique cómo para conocer entonces el camino a seguir y brindar el consejo apropiado”.

Por último, Gálvez recomendó que, aquellos extranjeros con casos pendiente o amparados bajo un programa temporal y cometieron un delito que los puso en la lista de prioridades de deportación o la falta los convirtió en inisibles, “deben buscar cuanto antes un abogado para que revise el expediente y busque la manera de solucionar el problema”.

Qué hacer en caso de una redada

La amenaza de deportaciones masivas que el presidente electo ha reiterado tras ganar la elección del 5 de noviembre colocó nuevamente a millones de inmigrantes en el banquillo de las deportaciones.

Esto es lo que recomiendan grupos de derechos civiles y organizaciones:

• No pierdas la calma, recuerda que tienes derechos en Estados Unidos;
• Pide hablar con un abogado;
• No firmes nada hasta que no hables con un abogado;
• No presentes ni uses documentos falsos de identidad tales como licencia de manejar o número de seguro social. Es un delito grave (felonía) en Estados Unidos;
• Si usas o entregas información falsa, te levantarán cargos penales. Y si te levantan cargos por usar documentos falsos automáticamente pierdes tus derechos de permanencia en el país;
• Si te detienen, tienes derecho a hacer una llamada telefónica en un plazo por lo general de 24 horas.

Abogados y organizaciones consultados por Univision Noticias recomiendan preparar un PLAN B para este tipo de emergencia. Es decir, tener listo el número que se va a marcar y encargarse de que la persona que reciba la llamada sepa qué debe hacer.

La llamada de teléfono

La persona que reciba la llamada puede ser el abogado, un familiar o un amigo. Cuando hable con él o ella:

• Dígale dónde está;
• Pídale que ponga en marcha el plan que acordaron;
• Si no llama, asegúrese que llamen a su abogado para que acuda al centro de detención;
• Si no tiene abogado, e con uno
• Puede pedirle que llame a una organización de ayuda a inmigrantes para solicitar ayuda.

Tenga siempre en cuenta

Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, dice que todos los indocumentados deben tener siempre en cuenta que “pueden ser detenidos durante una redada y arrestados por no tener papeles y carecer de un permiso de trabajo”.

Ante este escenario, recomienda:

• Conocer su historial migratorio detalladamente;
• Saber si tiene orden de deportación;
• Estar claro que, si tiene una orden de deportación, lo pueden expulsar del país;
• Tener un abogado en caso sea detenido;
• No firmar una salida voluntaria sin antes hablar con su abogado;
• Estar informado sobre todos los pasos que debe dar durante la redada y después, cuando lo arresten;
• Tener un plan B para el cuidado de su familia y sus cosas;
• Saber que, si trabaja junto a otras personas indocumentadas, lo pueden detener, sobre todo si ellos tienen orden de deportación;
• Estar trabajando junto a indocumentados que tienen orden de deportación, es un riesgo alto.