Juez rechaza bloquear el envío de inmigrantes a Guantánamo y niega petición sobre su a abogados
Un juez federal rechazó este viernes bloquear el envío de inmigrantes detenidos a la base de Guantánamo, días después de que el gobierno de Estados Unidos sacara de la base militar a todos los inmigrantes que quedaban en las instalaciones.
El juez federal de distrito Carl J. Nichols se negó a bloquear preventivamente la hipotética transferencia de 10 migrantes a la base y rechazó también otra alegación, en un caso separado, de que los migrantes detenidos en Guantánamo debían tener a abogados.
El fallo se basó en gran medida en el hecho de que, actualmente, ya no hay inmigrantes detenidos migrantes en la base, lo que, según Nichols, socava los argumentos legales de que los migrantes retenidos o enviados allí sufrirían daños irreparables.
El presidente Donald Trump ha asegurado que quiere enviar a los inmigrantes más peligrosos a la Bahía de Guantánamo, mientras su istración intenta intensificar las deportaciones masivas y ampliar la capacidad de detención de inmigrantes.
Sin embargo, grupos de derechos civiles presentaron demandas en dos casos que el juez combinó a la hora de fallar este viernes.
En un caso, los abogados que representan a diez migrantes presentaron una demanda, alegando que encajaban en el perfil de personas que el gobierno ya había enviado a Guantánamo y solicitando al juez que impidiera su posible traslado.
Sus representantes argumentaron que las personas estaban detenidas en condiciones brutales y que algunas habían intentado suicidarse.
En otro caso, el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas argumentó que los inmigrantes detenidos en Guantánamo debían tener a representación legal.
Sin embargo, el juez rechazó ambas solicitudes.
¿Qué se argumentaba en las demandas presentadas sobre inmigrantes en Guantánamo?
En cuanto al legal para los inmigrantes, los abogados del gobierno afirmaron haber tomado medidas para mejorarlo en las instalaciones de la isla, como la colocación de letreros que informaban a los detenidos sobre sus derechos legales y la posibilidad de comunicarse con sus abogados.
Sin embargo, el abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Lee Gelernt, afirmó que aún no podían tener visitas legales en persona. Uno de los abogados del gobierno indicó que aún estaban tratando de resolver los problemas de autorización de seguridad.
En el caso que trataba de evitar el envío de los 10 migrantes a Guantánamo, el juez afirmó que no se había demostrado con certeza que podrían ser enviados allí y que, en este momento, el traslado era solo una posibilidad.
El juez se mostró dispuesto a revisar el asunto si el gobierno envía más detenidos a Guantánamo en el futuro.
Las autoridades estadounidenses han transferido al menos a 290 detenidos a Guantánamo desde febrero, pero las últimas 40 personas que permanecían alojadas allí fueron trasladadas este martes en avión desde la base a Luisiana.
Las autoridades se negaron a especificar el motivo del traslado de los inmigrantes, y el gobierno no ha dicho si Guantánamo podría volver a utilizarse en el futuro.
Los abogados de ACLU afirman que el traslado de inmigrantes a un centro de detención "extraterritorial" en Guantánamo constituye una expulsión ilegal y no tiene precedentes en más de 75 años de detenciones autorizadas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Uno de los detenidos describió las condiciones de confinamiento como "un infierno" en una declaración presentada ante el tribunal. El abogado de los demandantes afirmó que la base es "sinónimo de secretismo, violaciones del debido proceso y evasión del escrutinio judicial".
El gobierno de Trump, por otro lado, ha instado al tribunal a mantener su discreción para utilizar Guantánamo, ya que gestiona recursos limitados de detención y ejecuta órdenes finales de deportación.
“Una orden que restrinja la capacidad del gobierno para transferir detenidos con órdenes finales de expulsión interferirá con la capacidad del gobierno para planificar, organizar y llevar a cabo operaciones de expulsión, lo cual sería contrario al interés público”, declararon los abogados del Departamento de Justicia en documentos judiciales.
La base albergó en su día a extranjeros vinculados con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero cuenta con una instalación separada utilizada durante décadas.
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