El gobierno se salta el 'debido proceso' y ahora ciudadanos de EEUU temen ser arrestados y deportados por error: experta

Los recientes casos de deportaciones de inmigrantes de forma expedita por parte del gobierno de Donald Trump han desatado un intenso debate sobre el derecho al 'debido proceso' de los inmigrantes indocumentados y de los estadounidenses en general. Y la forma en la que actúe el gobierno frente a decisiones judiciales relacionadas con ese asunto tendrá un "impacto profundo" en el país, dijo a Univision Noticias una experta del Migration Policy Institute.

El caso más emblemático, hasta ahora, ha sido el de la expulsión del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado a una cárcel para terroristas salvadoreña por un “error” istrativo de Estados Unidos, pese a que contaba con una protección judicial contra su expulsión.

Ese y decenas de otros casos han desatado una discusión profunda sobre cómo el gobierno de Trump podría estar minando el derecho al 'debido proceso' legal para los inmigrantes y los ciudadanos, amparándose en su invocación de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, que ha sido ya refutada por jueces que declararon que esa medida fue "ilegal".

El debate arreció luego de que Trump dijo en una entrevista reciente desconocer si debía garantizar el 'debido proceso' para los inmigrantes y la población. “No lo sé. No soy abogado. No lo sé”, dijo Trump al ser presionado por la periodista de NBC Kristen Welker.

La declaración de Trump ensombrece lo establecido sobre el derecho al 'debido proceso' legal en la Quinta Enmienda de la Constitución. La Decimocuarta Enmienda también establece que ningún estado puede negar a las personas el derecho a ser tratado con “igualdad ante la ley”.

Múltiples cortes federales han resuelto que la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros no tiene sustento porque no existe una “guerra declarada” y que el gobierno debe garantizar el 'debido proceso' a los inmigrantes.

Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas del Migration Policy Institute (MPI), dijo que la forma en la que reaccione el gobierno de Trump a las resoluciones judiciales tendrá “un impacto profundo” en la garantía al 'debido proceso' legal de los inmigrantes y los estadounidenses.

“Estoy comenzando a escuchar incluso a ciudadanos estadounidenses expresar alarma por las acciones de la istración, y algunos dicen que temen ser arrestados o deportados por error”, dijo la experta legal del MPI, un centro dedicado al análisis de las políticas migratorias de Estados Unidos con sede en Washington.

Qué es el 'debido proceso' y cómo debe garantizarse para todos

El término 'debido proceso legal' se remonta a 1215, cuando fue incluido en la Carta Magna de Inglaterra. Ese principio fue considerado por los padres fundadores de Estados Unidos al redactar la Constitución e incluir ese precepto en la Quinta y Decimocuarta Enmiendas, dijo la profesora de Derecho de la Universidad de Arizona, Jennifer Zelin, en un artículo para The Conversation.

La académica agregó que, sin embargo, mientras el gobierno podría ver los “límites de su poder desde una perspectiva”, los inmigrantes y los ciudadanos estadounidenses afectados por el gobierno “lo ven de forma diferente”. “Para combatir este problema, los redactores de la Constitución asignaron al Poder Judicial la responsabilidad de determinar qué significa el 'debido proceso' y cuándo se han violado los derechos de las personas al mismo”, agregó.

Bush-Joseph, del MPI, dijo que, para los inmigrantes el 'debido proceso legal' debería contemplar el derecho a una “audiencia y un proceso justo”. “Ya que los procedimientos de inmigración, deportación y detención se consideran istrativos”, dijo la experta.

Agregó que, aunque los inmigrantes sin autorización para estar en Estados Unidos no cuentan con las mismas garantías, como la asistencia legal, aún tienen derecho a un “proceso justo”.

La también excolaboradora del National Immigration Justice Center, un organismo defensor de los derechos de los inmigrantes con sede en Chicago, se refirió a una guía elaborada por la organización para informar a los inmigrantes sobre sus derechos antes y después de ser detenidos.

La guía dice que, por ejemplo, cuando han sido detenidos, los inmigrantes pueden expresar su deseo de ser representados por un abogado, aunque no sea pagado por el gobierno y exigir que su caso sea analizado por un juez.

Los inmigrantes sin estatus regular pueden expresar si su vida podría estar en riesgo al ser deportados de vuelta a sus países, en caso de que así sea, y externar su deseo de solicitar asilo.

“Dile a cada agente que veas si tienes miedo de regresar a tu país de origen. Dímelo alto y claro. Si no lo dices, podrían deportarte sin darte la oportunidad de ver a un juez o solicitar asilo u otro estatus”, dice la guía.

Esos derechos podrían haber sido violados para cientos de inmigrantes expulsados bajo el argumento del gobierno de que pertenecen a bandas criminales, pese a que las acusaciones han sido puestas en duda por falta de evidencia.

En un reporte reciente, el organismo defensor de derechos humanos Amnistía Internacional advirtió que el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para enviar deportados a una cárcel salvadoreña está basado en una “cooperación represiva en detrimento del debido proceso legal y los derechos humanos”.

Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego García, por ejemplo, dijo a Univision Noticias recientemente que a su cliente le fueron negados todos esos derechos, que en conjunto constituyen el 'debido proceso' establecido en la Constitución. “Se le han negado las protecciones más básicas del debido proceso: ninguna llamada telefónica a su abogado, ninguna llamada a su esposa o hijo y ninguna oportunidad de ser escuchado”, dijo.

Ábrego García fue expulsado bajo la acusación del gobierno de que pertenece a la peligrosa banda salvadoreña MS-13, aunque él y sus abogados han negado esos vínculos. Sandoval-Moshenberg dijo que, si el gobierno cree tener evidencias contra su cliente, entonces se le garantice el derecho de defenderse de las acusaciones ante un juez en Estados Unidos.

“Si crees que tienes todas estas pruebas contra él, tráelo de vuelta, llévalo a juicio y presenta estas pruebas ante el juez”, dijo a Univision Noticias.

La única falta de la que hasta ahora se le ha acusado a Ábrego García consiste en un caso de violencia doméstica contra su esposa, quien en 2020 pidió a un juez una orden de alejamiento, según la prensa informó recientemente citando documentos de la corte.

Qué han dichos jueces sobre las posibles violaciones al 'debido proceso' de los inmigrantes

Ante las acusaciones de que el gobierno de Trump violó los derechos de decenas de inmigrantes deportados, múltiples jueces han resuelto que la istración no puede sustentar las deportaciones en la antigua ley de tiempos de guerra que invocó con ese propósito.

El pasado martes, por ejemplo, el juez de distrito Alvin K. Hellerstein, en Nueva York, determinó que el gobierno de Trump no puede basar sus deportaciones en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Dijo que esa ley no puede ser utilizada contra la pandilla Tren de Aragua porque no está atacando a Estados Unidos.

"TdA bien podría estar involucrada en el narcotráfico, pero eso es un asunto criminal, no una invasión ni una incursión depredadora", resolvió Hellerstein.

Tras la resolución el juez de Nueva York, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU en inglés), dijo que la orden del juez precisamente reafirmaba el derecho de los inmigrantes al 'debido proceso legal'.

En un comunicado, Sayoni Maitra, abogada supervisora de la Unidad de Derecho Federal de Inmigración de la Sociedad de Asistencia Legal, un organismo que provee ayuda legal a inmigrantes, dijo que la resolución del juez era una “contundente afirmación” del derecho al 'debido proceso'. “El tribunal afirmó acertadamente que el gobierno no puede usar una ley arcaica de tiempos de guerra, en ausencia de guerra, para eludir el 'debido proceso' y deportar sumariamente a solicitantes de asilo que buscan protección legalmente”.

Horas más tarde de la resolución de Hellerstein, la jueza de distrito Charlotte N. Sweeney llegó a una conclusión similar, ampliando una orden anterior que prohibía la expulsión de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua desde Colorado.

Sweeney se mostró horrorizada ante los argumentos de la istración de que nadie puede cuestionar la designación del presidente de la pandilla como invasor extranjero. Consideró la idea "errónea desde el punto de vista jurídico" que, además, "intenta desvirtuar una disposición completa de la Constitución".

Sweeney fue la tercera juez en llegar a esa conclusión. La semana pasada, un juez designado por Trump en el sur de Texas emitió un fallo similar.

Trump ha reaccionado con insultos y amenazas de juicio político contra algunos de estos jueces, una actitud por la cual el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una rara declaración pública. Pero, en algunos casos, el gobierno de Trump parece haber decidido ignorar las resoluciones judiciales.

Por ejemplo, hasta ahora no ha cumplido con órdenes de la Corte Suprema y una corte inferior para que el gobierno federal “facilite” el retorno de Ábrego García, quien tenía una protección contra su deportación y está casado con una ciudadana estadounidense con quien tiene hijos.

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