Qué implica para las "ciudades santuario" la orden de Trump para retirarles fondos federales (pese a que un juez lo prohibió)
Donald Trump dio inicio a la celebración durante toda esta semana de sus primeros 100 días como presidente centrándose en una de sus mayores prioridades gubernamentales, con permiso de las políticas arancelarias: las restricciones a la migración.
El lunes, por ejemplo, firmó una orden ejecutiva contra las llamadas “ciudades santuario”, tal y como se conoce a aquellas que generalmente no colaboran con el gobierno federal a la hora de aplicar sus leyes migratorias y medidas como la deportación de personas indocumentadas.
En su decreto, el presidente urge a la identificación de estas ciudades y estados para tomar represalias que podrían incluso suponer la retirada de ciertos fondos gubernamentales.
Su amenaza, que de hecho no es nueva, no sorprende en el marco de la estricta retórica contra la inmigración y de endurecimiento de la frontera desde que Trump inició su segundo mandato presidencial.
Pero esta nueva orden y su advertencia explícita sí que llamó la atención por un simple motivo: hace menos de una semana que un juez prohibió a Trump, precisamente, retirar financiación federal a las "ciudades santuario".
De concretarse y llevarse finalmente a cabo, sin embargo, lo cierto es que tampoco sería esta la primera vez que el gobierno del republicano ignora órdenes judiciales desde que regresó a la Casa Blanca hace 100 días.
Pero, ¿qué supone exactamente esta orden en la práctica para estas ciudades y las comunidades migrantes que las habitan?
¿Qué dice la orden firmada por Trump contra las “ciudades santuario”?
La orden ejecutiva instruye a funcionarios del gobierno a publicar dentro de 30 días qué estados y autoridades locales "obstruyen la aplicación de las leyes de inmigración federales", y se les pide que “pongan en marcha todos los recursos legales y las medidas coercitivas necesarias” para que las "ciudades santuario" cumplan con la ley.
Cada una de ellas será entonces debidamente notificada sobre “su incumplimiento, dándole la oportunidad de corregirlo”, se lee. De no hacerlo, también insta al gobierno a identificar los fondos federales que pueden ser cancelados a “las jurisdicciones santuario que no cumplan la ley federal”.
Pese a que las estadísticas confirman que la mayoría de crímenes violentos son llevados a cabo por ciudadanos estadounidenses, el gobierno de Trump volvió a justificar esta nueva orden asegurando que “millones de extranjeros ilegales entraron en EEUU bajo la presidencia de Joe Biden, entre ellos contrabandistas de personas, de bandas, delincuentes y terroristas”.
Además, la orden afirma que las "ciudades santuario" que los albergan violan las leyes penales federales, “creando enormes riesgos para la seguridad nacional”, se lee en el texto.
Apenas en marzo, los alcaldes de cuatro de las ciudades santuario (Boston, Chicago, Denver y Nueva York) fueron cuestionados sobre sus políticas de inmigración en el Congreso durante una tensa audiencia en la que incluso hubo amenazas de cárcel contra los servidores públicos.
Los alcaldes rechazaron el argumento de los legisladores republicanos de que están violando leyes federales al no colaborar con los agentes de ICE que buscan detener inmigrantes que no han sido acusados de cometer crímenes.
¿Qué dijo un juez sobre el deseo de Trump de cortar la financiación federal a las “ciudades santuario”?
Pese a la insistencia de Trump contra estos lugares, los tribunales ya han confirmado la legalidad de las leyes santuario.
La semana pasada, un juez federal de California dictaminó que el gobierno de Trump no puede retener fondos federales de las autoridades por el hecho de dar algún tipo de protección a los inmigrantes en situación irregular.
El juez William Orrick emitió la orden judicial solicitada por la ciudad de San Francisco y más de una docena de otros municipios que limitan la cooperación con los esfuerzos federales de inmigración, afirmando que partes de las órdenes ejecutivas de Trump eran inconstitucionales.
Orrick escribió que el gobierno tiene prohibido “tomar cualquier acción directa o indirecta para retener, congelar o condicionar fondos federales”.
Una orden ejecutiva emitida previamente por Trump instruía a retener dinero federal a las "jurisdicciones santuario" y asegurar que los pagos a gobiernos estatales y locales no “fomenten las llamadas políticas ‘santuario’ que buscan proteger a los inmigrantes ilegales de la deportación”.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que era demasiado pronto para que el magistrado otorgara una orden judicial, dado que el gobierno no había tomado ninguna acción para retener cantidades específicas o establecer condiciones sobre subvenciones específicas.
Pero Orrick, quien fue nominado por el expresidente Barack Obama, dijo que esto era esencialmente lo que los abogados del gobierno argumentaron durante el primer mandato de Trump cuando el republicano emitió una orden similar.
“Su bien fundamentado temor de aplicación de la ley es incluso más fuerte que en 2017", escribió Orrick, citando las órdenes ejecutivas, así como las directivas de la Fiscalía, otras agencias federales y las demandas del Departamento de Justicia presentadas contra Chicago y Nueva York.
¿Qué otros intentos previos realizó Trump para frenar la financiación de las “ciudades santuario”?
En sus primeras horas como fiscal general a inicios de febrero, Pam Bondi ordenó a su departamento que suspendiera toda financiación federal a estos municipios o estados.
Bondi respondía así a la orden ejecutiva firmada el primer día del mandato de Trump y titulada “Proteger al pueblo estadounidense frente a la invasión”, en la que ordenaba “emprender las acciones legales pertinentes para garantizar” que las "ciudades santuario" no tengan a fondos federales.
Incluso durante el primer gobierno del republicano, el entonces fiscal general Jeff Sessions también intentó bloquear sus subvenciones, lo que llevó a multitud de demandas que alegaban que el DOJ carecía de autoridad para cortar la financiación.
¿Qué alcance real tiene la nueva orden ejecutiva de Trump contra las “ciudades santuario”?
Tras varios intentos en el pasado por hacer desaparecer las "ciudades santuario", una de las preguntas es qué diferencia esta nueva orden ejecutiva de Trump de las anteriores.
“Muchas de las órdenes ejecutivas se dictan más por un aspecto mediático que para cambiar una política”, opinó entrevistada en Univision Noticias la subdirectora de Alianza Américas, Helena Olea.
Sin embargo, pese a restar cierta importancia al último decreto, la experta sí reconoce que el Ejecutivo está optando por “subir el volumen”, dado que “las amenazas hechas a estas ahora no han sido efectivas” respecto a las ciudades santuario.
“Ahora vemos como el gobierno acude a este modelo de identificar estas ciudades y amenazar con la persecución penal, que tendría sanciones como la prisión o multas mucho más altas para funcionarios que en su criterio estén obstruyendo la justicia o cometiendo delitos relacionados con ser una ciudad que no ha firmado acuerdos de cooperación con ICE”, explicó.
Por ello, y pese a la reciente orden del juez prohibiendo el bloqueo de la financiación federal, Olea ite que estas nuevas amenazas podrían tener efecto sobre algunas de estas jurisdicciones.
“Incluso antes de esta orden, hemos visto que algunas ciudades o condados muy pequeños se han visto obligados a firmar estos acuerdos de cooperación, temerosos de que impacte su presupuesto”, declaró.
“Ahora, ante la amenaza de sanciones, es muy probable que algunas autoridades que firmen acuerdos de cooperación”, concluyó.
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