Lo que debe saber sobre las propuestas electorales: fondos públicos e inversiones

LOS ÁNGELES, California.- De las 17 propuestas que el próximo 8 de noviembre estarán en la boleta electoral de California, hay cinco medidas que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos del estado y que se centran en temas como la educación, los impuestos y la salud.
Se trata de las propuestas 51, 52, 53, 55 y 61. A continuación un resumen de cada una de las medidas. Información más específica y más amplia de cada una puede ser consultada en el sitio oficial de las elecciones en California.
Propuesta 51
Autoriza al Gobierno para disponer de 7,000 millones de dólares en bonos públicos para modernizar y construir nuevas escuelas públicas, y 2,000 millones para colegios comunitarios.
¿Quién la propone?: California for Quality Schools, Coalition for Adequate School Housing Issues Committee y California Building Industry Association Issues Committee.
Argumentos a favor: los estudiantes necesitan mejores instalaciones y muchos planteles requieren reparaciones para cumplir con estándares de seguridad y salud.
Argumentos en contra: aumentaría la deuda del estado, ya que el dinero vendría como un préstamo de acreedores que compran unos bonos que representan la solvencia de California. Los que se oponen aseguran que los desarrolladores inmobiliarios se lucrarían con dinero público, y algunas escuelas no se beneficiarían de estos fondos.
Propuesta 52
Extiende indefinidamente una ley existente que impone cuotas a los hospitales para financiar servicios de Medi-Cal, cuidado de pacientes sin seguro y cobertura de salud para niños. De no aprobarse esta medida, la actual ley termina el 1 de enero de 2018.
¿Quién la propone?: California Association of Hospitals and Health Systems,con el apoyo de organizaciones no lucrativas para el cuidado de salud.
Argumentos a favor: se mantiene el programa de cuotas a hospitales que genera 3,000 millones de dólares, cantidad que es duplicada con fondos federales para servicios de salud pública.
Argumentos en contra: falta de supervisión y gasto responsable de 3,000 millones de dólares que el Gobierno otorga a los hospitales.
Propuesta 53
Establece que los proyectos que el estado financie con bonos públicos que excedan los 2,000 millones de dólares (como el tren bala), deben ser aprobados por los votantes.
¿Quién la propone?: el empresario Dean Cortoi y su esposa Jean Cortoi, propietarios de la empacadora de tomate Stanislaus Food Products Company.
Argumentos a favor: mayor transparencia para que los contribuyentes sepan el verdadero costo de los megaproyectos, sin tener impacto en proyectos municipales.
Argumentos en contra: retrasaría o detendría algunos proyectos municipales de infraestructura-si exceden los 2,000 millones de dólares- al requerir una votación estatal.
Propuesta 55
Extiende otros 12 años una ley que expiraría en 2018 en la que se establece que quienes ganan más de $250,000 al año paguen más impuestos.
¿Quién la propone?: Californians for Budget Stability, representada por sindicatos de maestros, doctores y proveedores de cuidados médicos.
Argumentos a favor: generaría ingresos de $4,000 a $9,000 millones al año del 2019 al 2030 dependiendo de la bolsa de valores.
Argumentos en contra: cuando en 2012 se impuso un mayor porcentaje de impuesto a los más ricos se aprobó porque el gobernador Jerry Brown dijo que sería temporal, Los opositores insisten en que no se necesita incrementar los impuestos a quienes más ganan para equilibrar el presupuesto del estado.
Propuesta 61
Prohíbe al estado comprar medicamentos a un fabricante a un precio mayor del que paga el Departamento de Veteranos (VA) por el mismo producto.
¿Quién la propone?: Californians for Lower Drug Prices, coalición de funcionarios y activistas que dicen es necesario poner un alto a la avaricia de las farmacéuticas.
Argumentos a favor: las agencias de salud de California comprarían medicamentos a precios regulados y más baratos.
Argumentos en contra: sindicatos y asociaciones en el ámbito de la salud y organizaciones comunitarias aseguran que se incrementaría el costo de las recetas, pacientes tendrían menos a medicinas, habría más burocracia y demandas judiciales.