Un feminicidio en Ecuador desata agresiones, insultos y persecución a inmigrantes venezolanos
Un feminicidio en Ecuador cometido por un inmigrante venezolano desató este domingo manifestaciones de indignación y saqueos a viviendas de ciudadanos de ese país, al tiempo que el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció que les exigirán desde este lunes la presentación de antecedentes criminales como parte de las medidas de control para estos inmigrantes.
El suceso que generó la ola de indignación y rechazo hacia los inmigrantes venezolanos se generó cuando un hombre armado con un cuchillo mantuvo por más de una hora como rehén a Diana Carolina Ramírez Reyes, quien era su pareja. Ocurrió el sábado en la ciudad de Ibarra, al norte del país andino. Él alertaba a los policías de que la mataría si no lo dejaban escapar. Los uniformados dijeron que lo acorralaron pero no lograron evitar el ataque. La víctima falleció por graves heridas en el tórax.
El presunto agresor, de nacionalidad venezolana e identificado como Yordy Rafael L.G, fue detenido.
"Sin generalizaciones pero con mano firma hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de (Nicolás) Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir, por eso los controles se fortalecerán", dijo el vicepresidente en una cadena de radio y televisión. "Desde hoy y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado", agregó.
En su cuenta de Twitter el presidente del país Lenín Moreno había adelantado el domingo que había dispuesto “la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera".
"Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie", sentenció.
Las autoridades del Gobierno no dieron detalles de cómo será el trabajo de las brigadas.
En el último año, cerca de 1.3 millones de venezolanos han ingresado a Ecuador y unos 250,000 se han quedado en el país, según datos oficiales del Gobierno.
Muchos venezolanos utilizan a Ecuador como un punto de paso hacia Perú, pero otros deciden quedarse en el país atraídos por el dólar. La mayoría de inmigrantes han dicho ser víctimas de discriminación por parte de los ecuatorianos.
Tras producirse el crimen, decenas de ciudadanos salieron a las calles de Ibarra, y de acuerdo con testigos citados por medios locales, se dirigieron a puntos donde se conoce que pernoctan migrantes venezolanos, a quienes sacaron a la fuerza, gritaron insultos xenofóbicos e incluso llegaron a agredir.
En un centro comercial de la ciudad, ecuatorianos persiguieron y acosaron a ciudadanos venezolanos para que abandonaran la ciudad. "¡Fuera venezolanos", les gritaban.
Una turba ingresó en una casa donde se alojan venezolanos, a los que sacaron a la fuerza, insultaron, sacaron sus pertenencias a la calle e intentaron quemar los bienes, antes de que llegara la policía a controlar la situación, informó el diario El Comercio.
En las redes sociales proliferaron los mensajes de odio hacia la comunidad venezolana radicada en el país a raíz del trágico suceso, ante lo que las organizaciones defensoras de los derechos de esta comunidad piden amparo y protección especial.
Asociaciones de venezolanos en Ecuador pidieron que no se generalice y atente contra sus compatriotas o propiedades, y a las autoridades especial protección.
"A raíz de la ceguera y acto deplorable de esta persona, están tomando medidas fuera del marco legal contra ciudadanos que no tienen nada que ver con lo sucedido", explicó Daniel Regalado, presidente y representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC, que cuenta en el país con 125,000 afiliados.
La ministra del Interior, María Paula Romo, declaró que la policía “tiene la obligación de actuar para evitar delitos y más todavía cuando se trata de proteger una vida (...) Necesitamos respaldar el trabajo de la policía".
Romo hizo un llamado a evitar actos de xenofobia y violencia en contra de los ciudadanos venezolanos.
La ministra señaló que la cancillería y otros ministerios trabajan "para poder tener un permiso especial, que permita cumplir con los derechos relacionados a la libre movilidad, pero que al mismo tiempo nos permita (...) garantizar de la mejor manera los derechos de los ciudadanos ecuatorianos".
