La inédita estrategia de Canadá para ponerle fin a su crisis habitacional

Por mucho tiempo, los defensores de la vivienda en Canadá han denunciado la hipocresía en los compromisos que contemplan a la vivienda como un derecho humano, mientras su oferta de bienes inmobiliarios asequibles se ha contraído y dejado vencer por el deterioro.

El país, como la mayoría de los restantes del planeta, ratificó un pacto internacional que garantiza el derecho a la vivienda. Pero durante los últimos años, el notable trabajo de los propios activistas, conjuntamente con el empeoramiento de la crisis del sector en las grandes ciudades y los pequeños pueblos, y de una serie de evaluaciones negativas por parte del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda han contribuido a que el problema sea imposible de invisibilizar.

En respuesta, el actual gobierno de Justin Trudeau publicó una nueva Estrategia Nacional de Vivienda, la cual se compromete a invertir 40,000 millones de dólares canadienses (unos 31,000 millones de dólares estadounidenses) en un amplio menú de intervenciones durante la próxima década. El plan destaca no solo por el significativo monto de recursos involucrados, sino también por declarar abiertamente que concebirá la vivienda como un derecho humano –o al menos encamina su política hacia ello.

La política de Trudeau se presenta como un primer paso en un esfuerzo mayor por “implementar progresivamente el derecho de cada canadiense a acceder a una vivienda adecuada”, en correspondencia con el Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros tratados internacionales.

El anuncio no deja de contrastar con la posición que asume su vecino del sur. A diferencia de casi todos los demás países desarrollados, Estados Unidos no ha ratificado el Convenio de la ONU antes mencionado, por no hablar del retroceso que allí se espera de varios de los programas de viviendas asequibles, como añadidura del proyecto de ley fiscal Republicano.

“En sentido general, el compromiso con una estrategia ininterrumpida y a largo plazo es fantástico”, sostuvo Alina Turner, defensora de los derechos de los sin hogar y asesora de una organización sin fines de lucro radicada en Calgary. Ella recibió la noticia con cauto optimismo, habida cuenta del compromiso teórico previo de Canadá de consagrar la vivienda como un derecho humano. “Nos emociona ver una noticia así, porque era como si Canadá hubiera ignorado su responsabilidad”.

La estrategia fue diseñada para producir un impacto considerable en los desafíos de vivienda que atraviesa el país. De los 1.7 millones de familias canadienses que actualmente clasifican como “necesitadas de vivienda”, y que habitan casas en mal estado o inasequibles, más de 500,000 verían mejoras en sus condiciones de residencia. Cientos de miles de viviendas asequibles serán construidas o remozadas, y cientos de miles más seguirán siendo asequibles. El plan también expandirá los fondos para cupones de vivienda destinados a personas de bajos ingresos y sufragará un sinnúmero de iniciativas para quienes no tienen hogar.

Los principales puntos de la estrategia son:

• Se crearán 100,000 nuevas viviendas. Cuatro veces más que las construidas entre 2005 y 2015.
• Se repararán 300,000 viviendas ya existentes.
• 530,000 familias dejarán de estar catalogadas como "necesitadas de vivienda".
• Se reducirá en un 50% la cantidad de personas en situación de calle, quienes actualmente viven en albergues.

Un énfasis especial fue puesto en las necesidades de los grupos marginados. “Se sabía que no se podía apuntar a la resolución de todo, de modo que la estrategia se concentra en los más desfavorecidos en el mercado inmobiliario”, indicó Penny Gurstein, profesor de política social en la Universidad de la Columbia Británica (UBC), en la costa oeste del país.
Actualmente, las mujeres enfrentan una carga desproporcionada en dicho mercado: 55% de los hogares con necesidades básicas de vivienda es mantenido por mujeres, así como el 63% de las viviendas subsidiadas. Y, cada noche, 300 mujeres y niños son rechazados de los refugios contra la violencia doméstica en Canadá. Es bajo estas condiciones que el 25% de los fondos de la estrategia se dirige a programas que beneficien específicamente a mujeres, muchachas jóvenes y sus familiares. Por su parte, otros grupos que recibirán una atención especial serán los ancianos, los jóvenes, los inmigrantes y los refugiados.

“Buena parte de la estrategia está encaminada a individuos y familias que afrontan las mayores penurias… de modo que, desde ese ángulo, hay una inclinación clara hacia reducir la pobreza”, remarcó Debbie Stewart, directora de necesidades de vivienda para la Compañía de Hipotecas y Viviendas de Canadá, y coautora de la estrategia.

En años recientes, las problemáticas del sector se han convertido en un tema candente para Canadá, conforme los precios han ido subiendo en todo el país, especialmente en las ciudades. “Fueron realmente los municipios los que presionaron más para que hubiera nuevas políticas”, adujo Gurstein. Las ciudades son “los sitios en que se manifiestan los problemas, pero ellas tienen el menor volumen de recursos para resolverlos. En su seno, ha crecido el desamparo, ha cobrado auge el mercado especulativo, y ni hablar del creciente número de ´renovictions´(desalojo por renovación de los inmuebles)”.

Si bien grupos como la Federación de las Municipalidades Canadienses defendieron la necesidad de una política más incluyente en tanto un imperativo económico, grupos comunitarios como la Alianza por el Derecho a la Vivienda enmarcaron el debate en términos de derechos humanos. En 2014, este último grupo demandó al gobierno por el derecho legal a la vivienda, lo que resultó en que un tribunal inferior decidiera que la conformidad con los tratados internacionales no era cometido del sistema legal. La demanda fue en medio de una serie de informes críticos por parte del Relator Especial de la ONU sobre vivienda, a los que Gurstein tildó de “cáusticos”. También en 2014, una canadiense, Leilani Farha, fue nombrada en su cargo, añadiendo presión al país en sus compromisos relativos al sector.

Finalmente, el gobierno respondió a estas demandas, refiriéndose en la estrategia, notoriamente, a sus deberes en materia de derechos humanos.

Sin embargo, el hecho de que Canadá evadiera este encargo por tantas décadas deja espacio a cierto escepticismo respecto a lo que podría conseguirse. “Canadá ya es signatario de una legislación internacional que establece que debemos asumir la vivienda como un derecho humano… pero solo porque algo aparece en una legislación no significa que se ha logrado en la práctica”, acotó Turner.

De hecho, Turner se cuestiona si las promesas de financiamiento del gobierno son realistas. Por ejemplo, cerca de 9,000 millones de dólares canadienses, aproximadamente un cuarto del total de 40,000 millones de la estrategia, se espera que provenga del ajuste de costo provincial y territorial, lo cual pudiera ser una expectativa irracional para las regiones más pobres.

Turner, a su vez, está preocupado por que el plan del gobierno para expandir el programa de Beneficios de Vivienda, comparable al Plan 8 de Estados Unidos, pudiera trocar beneficios nacionales por locales, en lugar de aumentar los beneficios netos que reciben los hogares. “¿Significa esto que la gente beneficiada nacionalmente va a perder su asistencia social debido que el presupuesto se vaya a recobrar provincialmente?”, pregunta Turner. La estrategia no dice, por otra parte, cómo sus inversiones se traducirán en objetivos orientados a resultados, como un 50% de reducción de la cifra de personas sin hogar, o la renovación de 300 mil unidades subsidiadas. “Muchas de mis preguntas tienen que ver con los detalles que esconden algunos de los números”, recalcó.

Mención aparte merece que la estrategia de marras no tenga en cuenta, al menos no de modo suficiente, las poblaciones indígenas, cuyas necesidades de vivienda son "mucho mayores que las del resto de la población", sostuvo Stewart. En cambio, el gobierno está trabajando para co-desarrollar estrategias de vivienda especialmente enfocadas a los tres subgrupos indígenas de Canadá: First Nations, Inuit, y Métis, basándose, lógicamente, en sus particularidades.

Pese a la incertidumbre que rodea su ejecución, la estrategia es un reconocimiento tácito de que las políticas canadienses en el sector “no estaban funcionando”, afirmó Gurstein. “Con ella, se ite que tener tantos problemas concernientes a la vivienda, en una nación democrática occidental, constituye una crisis nacional”.

Este artículo fue originalmente publicado en inglés en CityLab.com