Los inquietantes detalles sobre el secuestro y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa que revelan miles de mensajes de texto

Un grupo de cerca 23,000 mensajes de texto, arrojan nueva luz sobre el caso Ayotzinapa, el episodio en 2014 en el que 43 estudiantes universitarios fueron emboscados por la policía en el estado de Guerrero y entregados a un cartel de droga local para nunca más saber de ellos.

Los mensajes junto a testimonios de testigos, obtenidos por The New York Times, muestra cómo una parte sustancial del gobierno local, incluyendo las fuerzas armadas, había estado trabajando para el cártel Guerreros Unidos durante meses, y cómo el secuestro y muerte de los estudiantes se debió a un error de esa organización criminal.

Emboscados por la policía y entregados al cartel Guerreros Unidos

El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que viajaban en autobuses para asistir a una protesta en la Ciudad de México fueron emboscados a tiros por la policía cuando paraban por la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

Un total de 43 de ellosfueron entregados a del cártel Guerreros Unidos, quienes, ahora se sabe gracias a los mensajes de texto, creían que se trataba de de un cártel rival que viajaban al lugar en un esfuerzo por disputarles su territorio.

Los mensajes fueron interceptados por la istración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y solo recientemente fueron entregados a las autoridades de México.

El fin de nueve años de investigaciones infructuosas

Nueve años después de la masacre nadie ha sido condenado por el caso ni los cuerpos de los estudiantes desaparecidos han sido recuperados por las autoridades.

Los tribunales han desestimado cargos, en algunos casos determinando que la evidencia había sido obtenida por medio de tortura, pero gracias a la nueva evidencia el caso tomó recuperó vigencia.

Basado en la evidencia, las autoridades bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenaron el arresto de 20 soldados mexicanos presuntamente involucrados en el caso.

Según The New York Times, la DEA interceptó los 23,000 mensajes en 2014 mientras investigaba el tráfico de drogas del cártel Guerreros Unidos en los suburbios de Chicago, pero nunca los habían compartido con México porque no confiaban en sus autoridades.

Los mensajes muestran a policías, militares y funcionarios del gobierno mexicanos actuando como empleados del cártel, compensados a través de sobornos y también de insultos y amenazas.

"¿Quieres que ponga en orden a la prostituta de tu concejal, o lo matamos?", le pregunta un miembro del cártel a un alcalde local.

A lo que el alcalde respondió: "Yo te lo traigo. Es un buen trabajador".

Mientras que un forense de la ciudad habló de recibir automóviles del cártel y declaró su lealtad a un líder de Guerreros Unidos en Chicago, llamándolo "mi jefe". "Nunca te daré la espalda". "Ustedes son como mi familia".

The New York Times no identifica a ninguno de los funcionarios o del cártel que intercambiaron los mensajes ni ha dicho si alguno de ellos ha sido acusado o se encuentra bajo la custodia de las autoridades.

Sin embargo, en junio, un tribunal federal de Toluca ordenó el arresto de 16 militares en relación con el caso, de los cuales al menos ocho se entregaron

Por su parte, el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel se encuentran en una prisión militar, acusados de complicidad en la masacre.

En el momento de la desaparición de los estudiantes, Rodríguez Pérez era un coronel que comandaba la base militar local en Iguala.

Sin embargo, el arresto más notorio fue el del exprocurador general de México Jesús Murillo Karam en agosto de 2022, acusado de desaparición forzada, no denunciar torturas a sospechosos y actuar contra la istración de justicia.

Durante su gestión como procurador, Murillo Karam encabezó las investigaciones del caso y dio una versión falsa de los hechos que llamó 'verdad histórica', según la cual, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Gracias a la nueva evidencia, ahora se sabe que los estudiantes fueron llevados en grupos a diferentes lugares y a algunos se les mantuvo con vida durante días, con conocimiento de la policía y los militares que no hicieron nada para ayudarlos.

Según The New York Times, una declaración jurada de un socorrista en la nómina del cartel dice que recibió dos llamadas telefónicas la noche de los secuestros. En una de ellas uno de los comandantes de la policía le preguntó “a quién debía entregar los ‘paquetes'”, refiriéndose a los rehenes y en l otra un asesino del cartel le preguntó quién le traía “los paquetes”.

El medio informó también que según un miembro del cártel, algunos de los estudiantes fueron llevados a una casa, asesinados y desmembrados y posteriormente quemados en el crematorio propiedad de la familia de un forense, también en la nómina del cártel.

Funcionarios mexicanos dijeron a principios de este mes que se han iniciado procesos judiciales contra un total de 116 personas por el caso, incluyendo a 32 del cártel y 49 policías municipales.

También se han presentado cargos contra al menos 14 de la Secretaría de la Defensa Nacional.