En Puerto Rico los inmigrantes indocumentados pueden sacar licencias de conducir, luego ICE los busca en sus casas

San Juan, Puerto Rico — ICE ha llegado a casas de inmigrantes en Puerto Rico usando la información que dieron para obtener una licencia de conducir, luego de que el gobierno local la compartió con las autoridades federales que buscan detener y deportar a miles de inmigrantes indocumentados al mes para cumplir con el presidente Donald Trump.

Los ha podido ubicar porque le hizo una solicitud (subpoena) al Departamento de Transporte para que le entregara "una lista de personas que no tienen estatus migratorio de Estados Unidos". Esto ocurrió sin que haya hasta ahora un memorándum para coordinar el manejo de esta información sensible que los inmigrantes indocumentados dieron sin saber que sería compartida con las autoridades federales.

Es un escenario inédito desde que Puerto Rico —un territorio donde rigen las leyes migratorias federales— aprobó en 2013 una ley para dar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Desde entonces, cerca de 6,000 inmigrantes con estatus irregular han obtenido una, de acuerdo a datos brindados por ICE luego de haber recibido la información.

“Es una contradicción brutal que una legislación que se hizo para proteger los derechos de los inmigrantes en Puerto Rico ahora se utilice para identificar a esos inmigrantes y entregarlos a las manos de agentes federales”, afirmó Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en un conversatorio con periodistas.

Lo que sucede en Puerto Rico con la información en manos del Departamento de Transporte local es parte de una maquinaria muchísimo más amplia con la que el gobierno federal hurga o intenta hacerlo a “una escala sin precedente” en bases de datos federales, estatales y locales, según ha advertido el Migration Policy Institute. Desde las del Seguro Social hasta las del Servicio de Rentas Internas (IRS), agencia a la que millones de inmigrantes indocumentados han dado por años su información confiando en que sería celosamente resguardada.

En Puerto Rico, el departamento encargado de emitir las licencias de conducir compartió con ICE el listado de personas con estatus migratorio irregular tras recibir un requerimiento de información "a finales de enero de 2025". La información "se ha estado recibiendo entre febrero y marzo", dijo ICE en un correo electrónico a Univision Noticias. El diario local El Nuevo Día lo había confirmado inicialmente.

ICE agregó que está "evaluando la información que recibió". No especificó si ha habido hasta el momento inmigrantes detenidos luego de que obtuvo sus datos a través del gobierno de Puerto Rico.

"La información que se recibe es trabajada por nuestra división de inteligencia y es manejada en nuestros sistemas internos (...) En estos momentos, no existe ningún memorándum para el manejo de información. Cualquier requerimiento se hace por medio de un subpoena (o una solicitud para que se produzcan documentos)", precisó ante la consulta de cómo trabajan con esta información sensible.

En Estados Unidos, ICE ha dicho en el pasado que usa la información de las licencias de conducir principalmente cuando tiene un objetivo identificado. Pero investigaciones hechas con los propios documentos de la agencia lo han puesto en duda.

Un análisis realizado por el National Immigration Law Center encontró en 2016 instancias en las que ICE pidió a un departamento de transporte darle la información de todos los vehículos en una misma dirección, alentó a que se le dieran a los inmigrantes indocumentados licencias con características distintivas y buscó indiscriminadamente y de forma amplia información de personas a partir de sus permisos de conducir.

La foto en el expediente de ICE coincide con la de la licencia de conducir

En medio de las crecientes detenciones en un territorio que era considerado como un ‘santuario’ para los inmigrantes hasta el regreso de Trump al poder, abogados han arrojado luz sobre reportes que han recibido de inmigrantes a los que ICE tocó a sus puertas.

“Hemos tenido reportes de personas que han ido a solicitar la licencia porque entienden que tienen ese derecho, y a la semana van a la casa directamente para decirle (...) tienes una cita ante las autoridades migratorias”, dijo Julie Cruz, abogada especializada en inmigración y profesora de Derecho Migratorio.

“Cuando abren el expediente, la persona puede identificar la foto que utilizaron para hacer la licencia de conducir”, agregó.

“Lo interesante es que no son personas necesariamente que están de manera irregular en el país. En el caso que narré (...) tiene un proceso iniciado por virtud de un matrimonio, que va a conseguir la residencia dentro de los Estados Unidos, dentro de los procesos normales. Que se le haga ese acercamiento para que se presente cuando está ya en el proceso de regularizar su estatus migratorio es bien preocupante”, explicó.

Puerto Rico, Washington DC y 19 estados entregan licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, de acuerdo con un reporte del Migration Policy Institute. Si bien algunos de ellos tienen estatutos específicos que limitan la información que se comparte sobre esos inmigrantes, en algunos casos son pocas las herramientas que tienen para hacerlos cumplir, detalla el informe.

ICE itió en la investigación del National Immigration Law Center que, al menos hasta ese momento, no existía una política federal sobre cómo y cuándo podía obtener información de los departamentos que emiten licencias de conducir. En requerimientos que hizo ese centro bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) tampoco entregó documentos que permitieran entender cómo trabaja y resguarda, si es que lo hace, la información que recibe de las agencias de transporte.

La posibilidad de que ICE acceda a los movimientos de los inmigrantes en las carreteras

En Puerto Rico, el Departamento de Transporte recopila la información de las licencias de conducir en la Directoría de Servicios al Conductor (CESCO). CESCO, a su vez, comparte la información en sus manos con el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico, explicó Daniel Alcalá, abogado experto en Derecho Criminal y profesor de la Universidad de Albany, en el conversatorio de ACLU.

La información puede ser compartida entre esas agencias “de manera automatizada”, sin que algún funcionario revise si se comparte de forma justificada, agregó.

Además, “se están utilizando sistemas de cámaras para recoger la localización mediante licencias de conducir. Tanto Bayamón, San Juan y el gobierno de Puerto Rico, entre muchos otros municipios, tienen cámaras donde uno puede ir y poner en el sistema una tablilla (placa) y te dice el tracto de ese vehículo”, advirtió.

“Si bien es cierto que la información de la licencia puede ser compartida o están tratando de compartirla con ICE, también va la parte del vehículo. Porque si tú ‘macheas’ el nombre del conductor con cualquier transacción en el Departamento de Transporte, ya tienen no solamente su localización de residencia, también todo su movimiento a través de los sistemas que el gobierno de Puerto Rico está implementando, cosa que ni siquiera hay reglamentos para ello (...) No tienen reglamentos de cómo regular las cámaras, quién tiene a las cámaras y cómo se pide y se solicita esa información”, agregó.

La agente especial encargada de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico, Rebecca González, dijo en una entrevista con la Radio Pública Nacional (NPR) que su “misión” es detener a todos los cerca de 20,000 inmigrantes indocumentados que estima residen en el archipiélago.

En lo que va de este año han sido detenidos 563, de acuerdo con las cifras de ICE hasta este viernes, en medio de operativos que organizaciones denuncian han sido hechos en ocasiones de forma discriminatoria. La agencia ha catalogado a 85 de esos arrestados como "criminales" o personas a las que al momento de la detención se les acusó de algún delito, como reingreso ilegal a Estados Unidos tras haber sido removido, narcotráfico y ley de armas, entre otros. No pudo brindar a Univision Noticias una cifra solo para arrestos relacionados con potenciales delitos violentos.

González dijo que el gobierno de Puerto Rico “está cooperando con todo lo que le piden”. Esto sin que medien tampoco acuerdos más formales como los que se dan bajo el programa 287(g), bajo el cual autoridades locales cooperan con ICE, según una revisión hecha por Univision Noticias a la base de datos de esa agencia.

El programa permite que agencias del orden estatales y locales firmen acuerdos de cooperación con ICE para aplicar las leyes federales de inmigración. Esa colaboración debe ser acordada de forma individual a través de un memorándum de entendimiento en el que se especifican las responsabilidades que asumirán agentes locales en materia migratoria.

Los acuerdos bajo el programa 287(g) han crecido fuertemente en este segundo gobierno de Trump, sobre todo en estados como Florida y Texas, tras haber sido eliminados hace una década en medio de abusos que explicamos en este reportaje. Los han revivido como una herramienta "multiplicadora de fuerza" que, en parte, permita a los funcionarios interrogar a cualquier extranjero o a quien lo parezca sobre su estatus migratorio, arrestarlos sin una orden judicial y completar su registro y procesamiento para abrirle paso al inicio de su proceso de deportación.

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