¿Cuáles de las órdenes migratorias más polémicas de Trump están activas y cuáles han sido bloqueadas por los jueces?
Entre la avalancha de órdenes ejecutivas firmadas que firmó Donald Trump en su primera semana de regreso en la Casa Blanca, cerca de una decena de ellas eran de temática migratoria.
Algunas como la que anunciaba el fin de la ciudadanía estadounidense por nacimiento en el país causaron enorme polémica, dado que este derecho está incluso recogido en la Constitución de EEUU.
Es difícil que el Congreso actúe como freno limitante a los deseos de Trump, dada la composición actual con mayoría del Partido Republicano de Trump. Por ello, era evidente que la mayoría de estas órdenes sería recurrida ante los jueces.
Grupos de defensa de derechos humanos y de apoyo a migrantes y refugiados, junto a fiscales de estados demócratas, están siendo los principales promotores de estas demandas judiciales.
En algunos casos, han conseguido el bloqueo temporal de algunas de las medidas de Trump. En otros casos, continúan vigentes y pendientes de resoluciones.
Este es el estatus actual de cuatro de las órdenes migratorias más polémicas:
1. Fin del derecho a la ciudadanía por nacimiento
Poco después de asumir la presidencia, Trump firmó una orden para acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes sin estatus permanente al momento del nacimiento del bebé.
En el texto, alegó que los hijos de no ciudadanos no son sujetos de la jurisdicción de EEUU y ordenó que las agencias federales no reconozcan como estadounidense a un niño si al menos uno de sus padres no es ciudadano.
Bajo ese parámetro, organizaciones alertaron que la orden dejaría en un limbo legal a decenas de miles de bebés por nacer de padres con estatus que van desde dreamers, portadores de visas y refugiados, hasta solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados.
Varias demandas fueron interpuestas contra esta medida, argumentando que es inconstitucional y que está protegida por la Decimocuarta Enmienda.
El Departamento de Justicia, en cambio, defiende el decreto como “parte integral del esfuerzo más amplio del presidente Trump para reparar el sistema de inmigración de EEUU y abordar la crisis en curso en la frontera sur”.
Después de que la orden fuera bloqueada judicialmente de manera temporal, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EEUU, con base en San Francisco, rechazó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para que levantara dicha suspensión.
Paralizada por el momento, es probable que el litigio legal por esta orden acabe llegando a la Corte Suprema.
2. Redadas migratorias en iglesias y escuelas
En el segundo día de mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrán llevar a cabo detenciones en lugares como iglesias y escuelas, pese a que la política al respecto ha sido tradicionalmente la de evitar los arrestos en las consideradas "áreas sensibles".
“Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de EEUU para evitar ser arrestados. La istración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”, dijo el departamento en un comunicado.
El anuncio causó pánico en algunas escuelas e iglesias, donde se registró un claro descenso en la asistencia de inmigrantes por temor a ser detenidos. Algunos líderes religiosos y educativos aseguraron que no permitirían el de los agentes sin la orden de un juez.
Esta semana, un juez federal de Maryland bloqueó parcialmente la medida, tras determinar que podría violar la libertad religiosa y debe ser paralizada mientras se resuelve una demanda que la impugna.
La decisión se hizo pública después de que cinco congregaciones cuáqueras de Maryland, Massachusetts, Pensilvania y Virginia demandaran al DHS y a su secretaria, Kristi Noem, menos de una semana después de que se anunciara la nueva política.
Sin embargo, este bloqueo parcial no es extensivo a otros potenciales afectados que no sean parte de la demanda (solo aplica a iglesias cuáqueras, bautistas y centros Sikh).
Por otro lado, una coalición integrada por 28 iglesias evangélicas cristianas, judías y episcopales que reúnen a millones de fieles en todo el país presentó otra demanda por el mismo motivo ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington DC.
3. Prohibición de al asilo en la frontera sur
En una orden ejecutiva durante su primer día en el cargo, Trump declaró que la situación en la frontera sur constituye una "invasión" a EEUU y que suspendía “la entrada física” de inmigrantes hasta que él decida que dicha "invasión" ha terminado.
En el marco de esta orden, Trump eliminó el programa CBP One, la aplicación que había permitido a casi un millón de inmigrantes acceder a una cita con un agente de la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo e ingresar a EEUU de manera legal.
Las citas agendadas quedaron sin validez de manera inmediata, lo que dejó a miles de personas varadas en México a la espera de poder presentar su caso.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos defensores de inmigrantes demandaron al gobierno de Trump este mes por prohibir el al asilo en la frontera sur, alegando que dichas restricciones son ilegales, ignoran las protecciones acordadas en el Congreso y ponen en peligro a personas que huyen de la guerra y la persecución.
La decisión del gobierno estadounidense es “tan ilegal como sin precedentes”, dijeron los grupos en la demanda presentada ante una corte federal de Washington.
“El gobierno está haciendo justo lo que el Congreso por estatuto decretó que EEUU no debe hacer. Está devolviendo a los solicitantes de asilo, no solo a adultos solteros, sino también a familias, a países donde enfrentan persecución o tortura, sin permitirles invocar las protecciones que el Congreso ha proporcionado”, escribieron los abogados.
Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, respondió en declaraciones a la agencia AP que “el presidente Trump inició un mandato contundente para poner fin al desacato y abuso de nuestras leyes de inmigración y asegurar nuestras fronteras. El gobierno de Trump continuará poniendo a los estadounidenses y a EEUU primero”.
Sin embargo, en la demanda, los grupos argumentaron que la inmigración “incluso en niveles elevados” no constituye una invasión, y pusieron de relieve que el número de personas que ingresan al país entre los puertos de entrada había caído a niveles mínimos no vistos desde agosto de 2020.
Así, aunque esta orden ha sido impugnada judicialmente, permanece vigente a día de hoy.
4. Suspensión del programa de reasentamiento de refugiados
Trump, quien ya redujo drásticamente la isión de refugiados durante su primer mandato, ordenó la suspensión del programa de isión y reasentamiento de refugiados inmediatamente después de tomar posesión de su cargo.
En su orden, el presidente aseguró que ciudades y comunidades habían sido afectadas por “niveles récord de migración” y no tenían la capacidad de “absorber un gran número de migrantes, y en particular, refugiados”.
La suspensión estaría en vigor por al menos 90 días, mientras el gobierno analizaba la situación y la conveniencia de seguir permitiendo el ingreso de refugiados.
Pero este martes, un juez federal de Seattle bloqueó la medida tras una demanda presentada por los principales grupos de ayuda a los refugiados, que argumentaron que la orden de Trump iba en contra del sistema creado por el Congreso.
Algunos refugiados a los que se le había aprobado su ingreso a EEUU vieron cancelado su viaje con apenas antelación y familias que habían esperado años para reunirse han tenido que permanecer separadas, según la demanda.
Los abogados del gobierno argumentaron que la orden de Trump estaba dentro de su autoridad para negar la entrada a extranjeros cuya isión al país “sería perjudicial para los intereses de EEUU”.
El juez encargado dijo en su fallo que las acciones del presidente equivalían a una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso” al establecer el programa de isión de refugiados de la nación.
"El presidente tiene una discreción sustancial... para suspender las isiones de refugiados", dijo el magistrado a las partes. "Pero esa autoridad no es ilimitada", agregó, a la vez que dictaminó que la orden probablemente violaba dos leyes de inmigración y la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda.
El Departamento de Justicia indicó al juez que el gobierno consideraría la posibilidad de presentar una apelación de emergencia sobre el bloqueo de esta orden, que al menos hasta entonces permanece inactiva.
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