Críticas por la propuesta del gobierno de Trump de revisar redes sociales en trámites migratorios como la 'green card'
Una propuesta del gobierno de Donald Trump para que toda persona que solicite una ‘green card’ o residencia permanente en Estados Unidos deba facilitar sus redes sociales para ser revisadas está recibiendo duras críticas por quienes consideran que sería un ataque a la libertad de expresión.
Este requisito ya aplica a quienes solicitan sus visas desde el extranjero. Con la política propuesta, sin embargo, la obligación de facilitar los perfiles en redes afectará también a personas que ya se encuentren legalmente en EEUU y que pidan asilo, residencia permanente o naturalizarse en el país.
Según las estimaciones de varios medios, la propuesta —para la que el gobierno aún está recibiendo comentarios online de la ciudadanía hasta el 5 de mayo— afectaría a entre 2.5 y 3.5 millones de personas al año. Muchas de ellas llevan años viviendo legalmente en EEUU.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aseguró que la recolección de redes sociales servirá para “facilitar y ayudar a fundamentar la verificación de identidad, la evaluación, el escrutinio y la verificación de antecedentes en materia de seguridad nacional y pública” de los solicitantes.
“Esta recopilación de datos se utiliza para validar la identidad del solicitante y determinar si la concesión de un beneficio representa una amenaza para la seguridad pública de EEUU”, expresó en un comunicado publicado el 5 de marzo.
Sin embargo, la iniciativa es vista por muchos como un claro ataque a la privacidad y libertad de expresión.
Así, despertó preocupaciones entre quienes creen que la publicación de contenidos u opiniones personales en redes podrían ser interpretados de manera arbitraria por funcionarios del gobierno y perjudicar así a algunos solicitantes de ‘green cards’ u otros estatus migratorios.
Preocupaciones por el uso que el gobierno pudiera dar al análisis de redes sociales de solicitantes de 'green cards'
El ejecutivo enmarca la nueva propuesta en la orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día de mandato y llamada “Proteger a EEUU de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública”.
Esta orden, contra la que ya se impuso una demanda judicial por grupos que consideran que su amplio e indefinido alcance viola derechos constitucionales fundamentales, autoriza a las autoridades a vigilar, investigar y expulsar a extranjeros que expresen “actitudes hostiles” hacia el gobierno, instituciones o cultura estadounidense.
Pero las críticas entre quienes desconfían del uso político que el gobierno podría dar a esta respuesta no tardaron en llegar, especialmente contra personas de nacionalidades específicas o contra quienes no están conformes con la postura del gobierno respecto a asuntos como la guerra entre Israel y Hamas.
“Esta política afectaría de forma desigual a solicitantes musulmanes y árabes que buscan la ciudadanía estadounidense y que han expresado su apoyo a los derechos humanos del pueblo palestino”, le dijo al medio The Intercept Robert McCaw, director de asuntos gubernamentales del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas.
“Recolectar los s de redes sociales de cualquier solicitante de la ‘green card’ o de ciudadanía es una forma de silenciar su discurso legal”, agregó.
La propuesta de esta nueva medida llega poco después de polémicas detenciones como la de Mahmoud Khalil, el activista palestino titular de una ‘green card’ que organizó protestas contra la guerra en Gaza en la Universidad de Columbia.
También la deportación de Rasha Alawieh, una doctora libanesa con una visa H-1B y que fue expulsada pese una orden judicial en contra porque, según el gobierno, “itió abiertamente” ser partidaria de un líder de Hizbullah y haber asistido a su funeral.
La propuesta de recolectar redes sociales se sumaría a las medidas de endurecimiento migratorio de Trump
Analistas consideran que el análisis del contenido de redes sociales de personas que ya cuentan con un estatus legal en EEUU podría servir para que las autoridades aumenten, de manera discrecional, episodios similares de arrestos o deportaciones.
“En la medida en que las personas publiquen (en redes sociales) información que genera preocupación, no está claro cuáles son los criterios para determinar qué constituye una preocupación”, le dijo a Newsweek Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas del Instituto de Política Migratoria.
Saira Hussain, abogada sénior de la Electronic Frontier Foundation, le dijo al mismo medio que la política podría afectar a personas que residen en EEUU “durante 30 o 40 años”, ya sea como titulares de una 'green card' que buscan la ciudadanía estadounidense, o que tienen otros tipos de visas y buscan la residencia permanente.
“Esto genera un gran efecto disuasorio sobre quienes podrían ser investigados por su actividad en línea, pero que tienen todo el derecho a estar aquí en este país, y podrían verse impedidos de compartir sus opiniones por temor a ser investigados y a que se les nieguen beneficios migratorios como la naturalización”, opinó.
Esta propuesta sobre la obligatoriedad de facilitar las redes sociales a los solicitantes de estos procesos se alinea con otras medidas de endurecimiento migratorio del gobierno de Trump.
Este martes, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que suspendía la revisión de solicitud de algunas solicitudes de ‘green cards’. Según CBS News, afectaría principalmente a personas refugiadas o que cuentan con asilo en EEUU.
Además, el gobierno ultima un acuerdo para que el IRS ayude a ICE a confirmar la dirección de inmigrantes indocumentados que cuenten con una orden final de deportación, según The Washington Post.
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