Jueza critica al gobierno de Trump por "mala fe" en caso de Kilmar Ábrego García, el joven deportado por error a El Salvador
Una jueza federal afirmó este martes que el gobierno de Donald Trump está ignorando órdenes judiciales, obstruyendo el proceso jurídico y actuando de "mala fe" al negarse a proporcionar información sobre los pasos que ha tomado —si es que ha tomado alguno— para liberar a Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador y devolverlo a Estados Unidos.
“Durante semanas, los demandados han buscado refugio detrás de afirmaciones vagas e infundadas de privilegio, usándolas como un escudo para obstruir el descubrimiento de prueba y evadir el cumplimiento de las órdenes de este tribunal”, escribió la jueza federal de distrito, Paula Xinis.
"Los demandados han sabido, al menos desde la semana pasada, que este tribunal requiere documentos jurídicos y basados en hechos específicos para respaldar cualquier reclamo de privilegio. Sin embargo, han continuado confiando en afirmaciones genéricas. Eso termina ahora", agregó.
Xinis le dio al gobierno federal hasta las el miércoles a las 6:00 p.m. para proporcionar esos detalles.
La Corte Suprema ordenó al gobierno de Trump hace casi dos semanas facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García a EEUU desde El Salvador, rechazando el argumento de la Casa Blanca de que no podían recuperarlo después de deportarlo por error.
El gobierno federal también ha argumentado que la información sobre cualquier paso que haya tomado o podría tomar para devolver a Ábrego García está protegida por las leyes de secretos de Estado o "privilegio gubernamental".
Sin embargo, Xinis dijo que esas afirmaciones, sin hechos que las respalden, reflejan una “negativa intencionada y de mala fe a cumplir con las obligaciones de descubrimiento de prueba".
Los abogados de Ábrego García criticaron que el gobierno sigue sin compartir información sobre el caso
En la noche del lunes, los abogados de Ábrego García criticaron que el gobierno de Trump sigue sin colaborar al desobedecer la orden judicial para que comparta información sobre el caso.
La jueza Xinis criticó duramente la semana pasada al Departamento de Justicia por su inacción respecto a la detención del inmigrante salvadoreño, pese a que incluso la Corte Suprema dictaminó que el gobierno debe facilitar su regreso a EEUU.
Por ello, ordenó a varios funcionarios del Ejecutivo que respondieran a las preguntas escritas del equipo legal de Ábrego García y que declararan bajo juramento para determinar si cumplieron con sus órdenes para facilitar su regreso al país mediante un proceso de descubrimiento de prueba, en el que ambas partes se intercambian información y documentos sobre el caso antes de celebrarse un juicio.
Los abogados del hombre deportado, sin embargo, criticaron que desde la Casa Blanca continúan resistiéndose a proporcionar la información necesaria que están requiriendo a las autoridades.
“El gobierno respondió a las solicitudes de descubrimiento de prueba de los demandantes sin presentar nada sustancial”, criticaron en un documento judicial que presentaron el lunes ante la magistrada.
Por ello, pidieron a la jueza Xinis que celebre una audiencia el miércoles para evaluar cómo proceder ante lo que describen como el "incumplimiento por parte del gobierno de las órdenes de este tribunal".
En el documento, los abogados señalaron que el gobierno ha invocado el privilegio de secreto de Estado y el privilegio gubernamental "sin fundamento alguno" con tal de no responder y colaborar con sus solicitudes.
También cuestionaron que los representantes del Departamento de Justicia se niegan a proporcionar documentación sobre la base legal del arresto de su cliente en El Salvador, así como que el gobierno califique de “irrelevante” la información que les solicitaron sobre el acuerdo entre Washington y el país centroamericano para detener allí a personas expulsadas de EEUU.
El gobierno, por su parte, aseguró en su respuesta haber "realizado un esfuerzo de buena fe para proporcionar respuestas adecuadas” a las preguntas de la otra parte, si bien confirma que la información pedida sobre el acuerdo con El Salvador es irrelevante “en la medida en que solicita documentos relacionados con individuos que no sean Ábrego García”.
La reiterada falta de colaboración del gobierno con los jueces en el caso Ábrego García
Esta no es la primera vez que los representantes legales del gobierno de Donald Trump son acusados de no colaborar con la Justicia en este caso.
De hecho, Xinis ha postergado hasta el momento la decisión sobre si el gobierno debe ser declarado en desacato, aunque aún podría emitir un fallo al respecto en el futuro.
Tres tribunales —incluyendo la Corte Suprema y la Corte federal de apelaciones que preside la jueza Xinis— han ordenado directamente al gobierno que "facilite" la liberación de Ábrego García, quien fue trasladado a El Salvador el 15 de marzo pese a la orden de un juez que lo prohibía.
El gobierno de Trump ya se negó a proporcionar información a inicios de este mes, cuando Xinis le ordenó facilitar y hacer efectivo el regreso de Ábrego García.
El 11 de abril, la jueza declaró que era "extremadamente preocupante" que un abogado de la Casa Blanca no pudiera explicar qué había hecho el gobierno, si es que había hecho algo, para organizar el regreso del joven.
Los abogados federales le respondieron a Xinis que no habían tenido tiempo suficiente para revisar el fallo de la Corte Suprema y que habían tenido dificultades para proporcionar información sobre el paradero exacto del inmigrante.
"No estoy pidiendo secretos de estado", dijo la jueza. "El gobierno tenía prohibido enviarlo a El Salvador, y ahora hago una pregunta muy simple: ¿Dónde está?". Por ello, ordenó actualizaciones diarias sobre los planes para el regreso de Ábrego García.
Un día después, un informe del Departamento de Estado se limitó a aclarar que el joven se encontraba con vida y que seguía encarcelado en las instalaciones penitenciarias del CECOT en San Salvador, pero no abordó las exigencias de la jueza para saber qué pasos estaba dando el gobierno para traerlo de vuelta a EEUU.
“Según tengo entendido, basándome en informes oficiales de nuestra Embajada en San Salvador, Ábrego García se encuentra actualmente recluido en el Centro de Confinamiento para Terroristas de El Salvador”, escribió Michael Kozak, funcionario del departamento.
“Está vivo y seguro en ese centro. Está detenido de conformidad con la autoridad soberana y nacional de El Salvador”, agregó.
El 17 de abril, una corte de apelaciones se declaró “alarmada” por la afirmación del gobierno de que no puede hacer nada para concretar la liberación y regreso a EEUU del joven. También se negó unánimemente a suspender la decisión de Xinis de ordenar el testimonio bajo juramento de funcionarios del Ejecutivo.
El caso Ábrego García como símbolo del enfrentamiento abierto entre el gobierno de Trump y el Poder Judicial
Aunque el gobierno de Trump ha desafiado desde su inicio varias órdenes judiciales en un enfrentamiento abierto que podría poner en peligro el equilibrio entre poderes, el caso de Ábrego García es probablemente el más representativo de esta estrategia obstruccionista puesta en marcha por el actual Departamento de Justicia.
En el marco de la orden de la jueza Xinis para que el gobierno proporcione actualizaciones diarias sobre su estado, los abogados del Ejecutivo le confirmaron este lunes que Ábrego García había sido trasladado de la conocida “megacárcel” en San Salvador a una prisión de menor seguridad donde se encuentra “en buenas condiciones” y “excelente estado de salud”, se lee en el documento presentado.
La semana pasada, el senador estadounidense Chris Van Hollen viajó a El Salvador para pedir su liberación. Finalmente logró reunirse con el joven, quien le aseguró que seguía sin poder comunicarse con el exterior y que estaba “traumatizado” por su experiencia en la megacárcel.
"No estoy defendiendo a este hombre, estoy defendiendo el derecho de este hombre al debido proceso y el gobierno de Trump itió en corte que fue detenido por error y deportado por error. Mi misión es asegurarme de que se respete el Estado de derecho, porque si se lo quitamos a él, lo arriesgamos para todos", dijo este domingo Van Hollen en ABC News .
Siguiendo su ejemplo, este fin de semana otros cuatro congresistas demócratas viajaron a El Salvador para tratar de presionar sobre el caso.
En 2019, un juez de inmigración había otorgado a Ábrego García una protección para no ser enviado de regreso a El Salvador. Explicaba que, de ser deportado, el salvadoreño podría ser objeto de persecución por parte de los pandilleros de Barrio 18, que lo amenazaron a él y a su familia. Desde entonces, contaba con un permiso de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, según sus abogados.
El gobierno de Trump reitera que el joven fue deportado por ser pandillero de la MS-13, algo que su defensa y familia niegan.
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