Por qué Trump no podrá deshacerse fácilmente de la acusación en Georgia, incluso si llega a ser presidente
El expresidente Donald Trump fue acusado este lunes por un gran jurado de Georgia de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, la cuarta vez que se presentan cargos criminales en su contra.
A diferencia de los cargos anteriores por el caso de los documentos clasificados que se llevó a su residencia en Mar-a-Lago al concluir su mandato y por los hechos que condujeron al asalto al Capitolio en enero de 2021 presentados por el fiscal especial Jack Smith, en el caso de Georgia, Trump tiene poco margen de maniobra a la hora de intentar evadir las acusaciones en Georgia.
En un documento de 98 páginas, la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, presentó la acusación contra Trump y 18 excolaboradores a quienes señala por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, violación del juramento de un funcionario público y declaraciones falsas.
En los dos casos federales en los que Trump enfrenta cargos penales, los expertos indican que el expresidente podría utilizar una futura reelección presidencial para evitar posibles consecuencias.
Algunos han especulado que si Trump llega a la Casa Blanca podría ordenar a su Departamento de Justicia dejar de investigar los casos en su contra, o podría emitir un autoperdón en caso de una condena.
Pero el caso de Georgia es "diferente", afirma Alan Rozenshtein, profesor de derecho en la Universidad de Minnesota, en entrevista al sitio The Hill.
"Trump no puede perdonarse a sí mismo, ni puede ordenar a (la fiscal) Fani Willis desestimar los cargos", destaca el académico.
Un indulto solo después de cumplir condena y concedido por una junta estatal de Georgia
La Constitución concede al presidente la capacidad de otorgar indultos por "delitos contra Estados Unidos, excepto en casos de juicio político".
La cláusula de indultos establece una excepción: la clemencia solo puede otorgarse en los casos de delitos federales contra Estados Unidos, no contra crímenes en estados específicos. Esto impediría que Trump se exonere a sí mismo después de una eventual condena en Georgia.
La Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Georgia podría aprobar un indulto a Trump si es condenado por cargos penales en el estado, dice Anthony Michael Kreis, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Georgia, también citado por The Hill.
Pero nuevamente Trump tendría una dificultad: la junta solo puede considerar un indulto si la persona condenada ha cumplido su sentencia y han transcurrido cinco años, añade Kreis.
"No hay una solución rápida y fácil para Donald Trump o cualquier persona condenada por un delito grave en el estado de Georgia", afirmó Kreis.
La fiscal estatal no podría ser removida por el presidente de EEUU
La fiscal Willis tiene la autoridad para investigar a un expresidente porque, según la Constitución, los estados son entidades soberanas y tienen la capacidad de promulgar y hacer cumplir sus propias leyes, explica Kristy Parker, una exfiscal federal, citado por The Washington Post.
La única excepción sería si el presidente estuviera llevando a cabo sus deberes oficiales. "Pero no hay razón para pensar que eso aplicaría aquí", subraya Parker.
"Lo que Trump estuvo haciendo, según lo que sabemos, fue la llamada telefónica y los hechos públicamente conocidos. Estaba tratando de persuadir a un funcionario estatal y a entidades estatales para que anularan unas elecciones libres y justas en Georgia. Eso no forma parte de los deberes oficiales de ningún presidente", añadió Parker.
El 2 de enero de 2021 Trump llamó al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, y le sugirió que el principal funcionario electoral del estado podría ayudar a “encontrar” 11,780 votos que Trump necesitaba para vencer a Biden. Fue la publicación de una grabación de esa llamada telefónica lo que llevó a Willis a abrir su investigación aproximadamente un mes después.
A lo largo de la investigación, Willis ha expresado abiertamente la probabilidad de que las personas involucradas en esta investigación sobre presunto fraude electoral sean llevadas a prisión.
La fiscal ha hecho las acusaciones en virtud de una ley estatal sobre la delincuencia organizada, que se suele usar contra pandillas y mafias, y es conocida como RICO por sus siglas en inglés. Prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión.
