El golpe a la justicia que dieron el mismo día Biden y Trump con sus perdones presidenciales
Washington, DC — Esta semana, en el mismo día y con pocas horas de diferencia, el presidente saliente y el entrante dieron duros golpes a la institucionalidad al ejercer de la prerrogativa del indulto presidencial de una manera que marca un peligroso precedente, según el análisis de muchos.
El mismo día que Joe Biden otorgó “perdones preventivos” a su familia y a los del comité del Congreso que investigó la responsabilidad de Donald Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el republicano, una vez juramentado, conmutó penas, sobreseyó y dejó sin efecto a quienes fueron responsables de aquella violencia, incluyendo los que habían sido condenados por sedición y agredieron a la policía que defendía el Congreso.
Biden defendió los perdones a su familia, a los congresistas, al doctor Anthony Fauci y al General Mark Milley, quienes no han sido acusados formalmente de haber cometido algún crimen, como necesarios para evitar que sean víctima de la sed de venganza que muchos temen que desatará una ola de procesos judiciales contra quienes Trump ve como sus enemigos políticos.
Trump, por su parte, argumentó que los más 1,500 procesados por el asalto al Capitolio habían sido “maltratados” por el sistema de justicia y, aunque no explicó caso por caso, dio a entender que ese día no había sucedido nada malo.
Más allá de las diferencias en la apreciación que pueda hacerse de uno u otro caso, el consenso es que ambos presidentes, en menos de 12 horas, profundizaron la ya grave polarización política que divide al país, y, sobre todo, terminaron de meter de lleno en el debate al sistema de justicia, algo que compromete la confianza de los ciudadanos en las cortes.
“Fue un día triste para la Dama de la Justicia, sin importar de qué lado del espectro político estés”, dijo a la televisora pública estadounidense PBS John Fishwick Jr., exfiscal federal en Virginia durante la istración de Barack Obama.
“De maneras alternativas, tanto Biden como Trump estaban enviando el mismo mensaje. Trump estaba diciendo que había sido un sistema corrupto durante los últimos cuatro años, y Biden estaba diciendo que estaba a punto de ser un sistema corrupto. Y ese es un mensaje horrible”, agregó.
Evitar el uso del gobierno federal como arma en una orden para que se use como arma
Entre las decenas de órdenes ejecutivas, proclamas y acciones que firmó el presidente Trump en su primer día en el cargo está que pretende, precisamente, “acabar con el uso del gobierno federal como arma política”, algo que el republicano asegura que explica los cuatro juicios que se abrieron en su contra por intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020 y los que enfrentaron varios de sus colaboradores.
“El pueblo estadounidense ha sido testigo de cómo la istración anterior ha emprendido una campaña sistemática contra sus supuestos oponentes políticos, utilizando la fuerza legal de numerosas agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley y de la comunidad de inteligencia contra esos supuestos oponentes políticos en forma de investigaciones, procesos judiciales, acciones civiles de cumplimiento de la ley y otras acciones relacionadas”, dice el texto de la orden presidencial.
Acto seguido ordena “identificar y tomar las medidas adecuadas para corregir la mala conducta pasada del gobierno federal relacionada con el uso de las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia como arma”. Algo, que, según algunos, abre la puerta a una serie de investigaciones y, potencialmente, procesos, contra exintegrantes del gobierno de Biden que bien podría calzar la definición de persecución política que inspira la orden.
Muchos de los que pueden temer ser puestos bajo la lupa por la orden presidencial están decenas de fiscales, investigadores y testigos que participaron en el proceso del 6 de enero, que ha sido el mayor de la historia del Departamento de Justicia.
Ese proceso se hizo con demasiada lentitud para algunos, igual que los que sentaron a Trump en el banquillo y que finalmente tuvieron que ser suspendidos tras el triunfo electoral, por la regla del Departamento de Justicia de no procesar a presidentes en ejercicio.
La confianza del público en el sistema de Justicia estadounidense ya es baja. Solo un 35% dice confiar en la justicia y las cortes, según una encuesta Gallupi publicada en diciembre de 2024. Es el nivel más bajo entre naciones industrializadas, que, en promedio, muestran una confianza de 55% en el sistema, de acuerdo con la misma encuesta.
En su trabajo, Gallup destaca que el bajó que sufrió ese indicador en EEUU desde 2020, con una caída de 24% es el más acelerado que ha medido desde que empezó a seguir el tema en 2006.
Eso coincide con el periodo de Biden y los procesos contra Trump y los insurrectos del Capitolio, que se produjeron paralelo a una campaña de desinformación y desprestigio del sistema de justicia por parte del expresidente, quien aseguraba ser víctima de una persecución política.
No importa que un jurado popular del estado de Nueva York lo haya encontrado culpable de 34 actos criminales por haber alterado registros empresariales en vísperas de las elecciones de 2016 para ocultar los pagos que hizo una actriz porno con la que, ella asegura, mantuvo una relación extramarital y a quien le pagó para que se mantuviera en silencio.
La supuesta persecución política de Donald Trump
Trump desde el principio calificó ese proceso, el único que llegó a término, y los demás como un intento de Biden de impedir que regresara a la presidencia, pese a que el gobierno federal, por definición, no tiene injerencia en casos estatales y que el Departamento de Justicia suele trabajar con un alto grado de autonomía del Poder Ejecutivo.
Pero el que un expresidente hiciera esas afirmaciones tan temerarias solidificó la mala opinión de la justicia que ya tenían algunos y sobre todo entre sus partidarios, como destacaron políticos y expertos.
A lo largo de toda la historia de Estados Unidos ha habido exsenadores, exgobernadores y exfuncionarios públicos de todo nivel condenados a prisión por haber sido hallados culpable, mayormente, en actos de corrupción y aunque algunos de ellos hayan intentado la defensa de la supuesta persecución política, ninguna resistió el escrutinio de un sistema que se define como apartidista.
Esa fe en el sistema quedó golpeada en los últimos cuatro años, como muestra los sondeos, y los decretos de Biden y de Trump no ayudarán a restablecerla. Al contrario, de no ser corregidos, presagian un futuro temores por posibles venganzas políticas con cada cambio en el gobierno federal y acciones preventivas del saliente mandatario para evitar que puedan suceder.
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