Racismo, corrupción y sobornos: viejos y nuevos problemas que rondan al Concejo Municipal de Los Ángeles
Desde 2020, el Concilio de Los Ángeles está inmerso en un escándalo de corrupción que involucra a tres exediles y a un ex vicealcalde.
No habían salido de ese lío y entraron en otro: Nury Martínez, quien el miércoles renunció a su cargo de concejala, hizo comentarios racistas con dos colegas y un líder sindical, que también ha dimitido, cuyo tema central era cómo retener el poder político hispano en la ciudad. Este último asunto ya está siendo investigado por la Fiscalía de California.
En la grabación filtrada, Martínez compara al hijo negro de otro concejal con un “changuito” (un monito) y dijo que estaba dispuesta a golpearlo para corregir su comportamiento. Además, llamó a los inmigrantes oaxaqueños “gente pequeña y oscura”.
Tras la creciente presión, Martínez dejó su cargo como representante del Distrito 6, que abarca el Valle de San Fernando. Antes lo había hecho como presidenta del Concilio.
“El racismo y las palabras de odio nunca pueden ser pasados por alto por nuestra comunidad o dentro de uno mismo, y ella necesita el tiempo y el espacio para reflexionar, hacer correcciones y seguir adelante con su vida”, dijo el alcalde Eric Garcetti en un comunicado.
Activistas, líderes comunitarios, varios políticos, el gobernador Gavin Newsom, incluso el presidente Joe Biden, han exigido que los otros involucrados en esta polémica también se vayan. Se trata de los concejales Gil Cedillo y Kevin de León, quienes ya han pedido disculpas públicamente.
“Para que Los Ángeles sane y para que su Concilio municipal gobierne debe haber rendición de cuentas. La renuncia de la concejala Nury Martínez es el primer paso necesario en ese proceso. En ese sentido, reitero mi llamado a los concejales De León y Cedillo a que también renuncien. No hay otro camino a seguir”, señaló Mitch O'Farrell, quien es ahora el presidente interino de ese órgano legislativo.
Si ambos dejan sus curules, solo quedaría un concejal hispano: Mónica Rodríguez. Al menos temporalmente. Los puestos de Martínez y de De León, quien lleva dos años en el cargo, quedarían vacantes para una elección especial. A Cedillo le quedan menos de dos meses para irse, pues perdió la reelección ante la joven activista Eunisse Hernández, quien tomará su lugar el próximo 11 de diciembre.
Investigados por la Fiscalía estatal
Cedillo y De León son dos rostros conocidos en California. El primero impulsó durante años una iniciativa para que los indocumentados recibieran licencias de manejo, que finalmente logró. El segundo, quien vivió unos años de su juventud en Tijuana, México, encabezó la lucha contra las medidas antiinmigrantes del entonces presidente Donald Trump. En esa época, en 2017, compitió para senador federal y perdió. Más tarde ganó la curul del Distrito 14 del Concilio angelino.
Por esta controversia, sus carreras políticas están en un profundo bache. Pero sus problemas no acaban allí. Los tres están siendo investigados por el Departamento de Justicia de California. Y es que el audio filtrado se grabó en octubre de 2021, cuando rediseñaban los límites de los quince distritos del Concilio de Los Ángeles. Lo hacen cada diez años con base en los datos que arroja cada censo.
La plática entre Martínez, De León, Cedillo y el ahora expresidente de la Federación de Trabajadores del condado de Los Ángeles, Ron Herrera, se centró en proteger el poder político latino en la ciudad.
En Los Ángeles, una de las metrópolis más diversas del país, la población latina representa la mitad de sus habitantes. Sin embargo, hasta el miércoles solo cuatro de los quince concejales eran de esa etnia. Una razón es porque no todos pueden votar, sobre todo por su estatus migratorio.
Alianzas entre hispanos y negros han permitido que estos últimos sigan gobernando en el sur de la ciudad, donde está creciendo la población migrante, mexicana y centroamericana. El Caucus Legislativo Negro de California declaró que la grabación filtrada "revela un terrible esfuerzo por descentralizar las voces negras durante el crítico proceso de redistribución de distritos".
El fiscal general de California, Ron Bonda, informó el miércoles que su oficina ya investiga dicho proceso para determinar “si hubo alguna violación de las leyes estatales o federales de derecho al voto y las leyes de transparencia”. Y advirtió que los involucrados podrían enfrentar incluso cargos penales.
“El audio filtrado ha puesto en duda una piedra angular de nuestros procesos políticos para Los Ángeles. Dadas estas circunstancias únicas, mi oficina investigará para recopilar los hechos, trabajará para determinar la verdad y tomará las medidas necesarias para garantizar la aplicación justa de nuestras leyes”, dijo Bonta en un comunicado.
La Operación ‘Casino Loyal’
Los rumores de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tenía en la mira a políticos de Los Ángeles se confirmaron en junio de 2020, cuando fue arrestado en su casa el exconcejal José Huizar, quien fue el primer inmigrante mexicano en ocupar una curul en el Concilio.
Nacido en Zacatecas, Huizar fue acusado de usar su “poderosa posición” en el Ayuntamiento para pedir y aceptar sobornos a cambio de apoyar proyectos inmobiliarios en el centro de la ciudad. La acusación alega que él recibió más de 1.5 millones de dólares de manera ilícita.
Fue el primero en caer en una investigación que el FBI llamó ‘Casino Loyal’. El gobierno federal le fincó un cargo de conspiración en violación de Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Delincuentes (RICO), la misma que imponen a jefes de la mafia italiana, líderes de carteles y pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Soborno, fraude de servicios honestos, extorsión y lavado de dinero, son otros cargos que le fincaron a Huizar.
“Este caso abrió el telón sobre la corrupción desenfrenada en el Ayuntamiento”, dijo el fiscal federal Nick Hanna en un comunicado.
“El concejal Huizar violó la confianza del público en un grado asombroso, supuestamente solicitando y aceptando cientos de miles de dólares en sobornos de múltiples fuentes durante muchos años. Usando el poder de su oficina para aprobar o detener grandes proyectos de construcción, Huizar trabajó a través de una red de otros funcionarios corruptos de la ciudad, cabilderos, consultores y desarrolladores para llenarse los bolsillos y mantener su control sobre el Distrito 14 del Concilio, que convirtió en una fuente de dinero”, agregó Hanna.
Huizar representó desde 2005 al Distrito 14, una región de contrastes donde igual viven inmigrantes recién llegados en Boyle Heights, que personas adineradas del Downtown de Los Ángeles, que ha experimentado un auge inmobiliario comercial en los últimos años. Su cargo de mayor influencia fue el de presidente del Comité de Planificación, que determina qué edificios se construyen en esa urbe.
Documentos judiciales señalan que el exconcejal era el “jefe” de un grupo criminal corrupto llamado “CD-14 Enterprise”, que se traduciría como “Empresa del Distrito 14”. Sus cómplices eran un vicealcalde y exgerente del Departamento de Construcción y Seguridad de Los Ángeles; George Esparza, quien trabajaba como asistente en la oficina de Huizar; y el consultor inmobiliario George Chiang.
En 2014, un multimillonario chino que dirigía una empresa multinacional de desarrollo y que es dueño de un hotel en el distrito de Huizar, proporcionó 600,000 dólares para pagar un acuerdo extrajudicial por una demanda de acoso sexual que enfrentaba Huizar y que ponía en riesgo su campaña de reelección de 2015, describe la acusación.
Además, Huizar aceptó dinero en efectivo y fichas de juego de casino en varios viajes a Las Vegas, que incluyeron viajes en jets privados y estadías en lujosas villas, una de las cuales costó más de 38,000 dólares por noche. También le regalaron un viaje a Australia a cambio de “una serie de favores” que Huizar le hizo al desarrollador, afirma el Departamento de Justicia.
El gobierno asegura que dicho empresario le dio más de 800,000 dólares para que el político apoyara su ambicioso plan de construir el edificio más alto en la Costa Oeste, según la investigación del FBI.
Otro desarrollador le entregó 500,000 dólares para que le ayudara a resolver un conflicto con un sindicato en un importante proyecto inmobiliario. Y un tercero aceptó entregar 100,000 dólares a la campaña política de un familiar de Huizar, a camino de que avanzara una obra de uso mixto.
La denuncia describe varios otros actos corruptos, incluidos sobornos por parte de un empresario que quería desarrollar oportunidades comerciales con la ayuda del concejal. Para ello le dio un anticipo mensual de $10,000 en efectivo, en 21 ocasiones pagó alquileres de hoteles por un total de $10,000 y unos $18,000 en “obsequios lujosos, como trajes, zapatos y comidas” gourmet.
En noviembre de 2018, cuando el FBI allanó la casa de dos niveles de Huizar, encontraron casi 130,000 dólares en efectivo que estaban escondidos en su armario.
Aunque casi todas las personas acusadas en este caso han caído legalmente, incluyendo su hermano Salvador Huizar, quien este miércoles se declaró culpable de ser su cómplice, el exconcejal insiste en que es inocente y decidió ir a juicio, cuyo inicio está programado para el 21 de febrero de 2023. Por el cargo de conspiración de la ley RICO él enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión.
“Estaba motivado por la codicia”
Mitchell Englander era uno de los pocos republicanos en el Concilio de Los Ángeles. Él abandonaba el recinto cuando se votaban asuntos relacionados con los inmigrantes. Pero no pudo evadir el proceso penal por interferir en la investigación que lo tenía en la mira. Era la operación ‘Casino Loyal’.
Englander fue sentenciado a 14 meses de prisión en enero de 2021 tras confirmarse que aceptó sobornos, incluyendo un pago de 15,000 dólares en efectivo, por parte de un empresario durante viajes a Las Vegas y Palm Springs en 2017. Fue el primer condenado por ‘Casino Loyal’ y ya cumplió su castigo, que se redujo por su buena conducta tras las rejas.
Él fue concejal del Distrito 12 durante más de siete años y renunció a finales de 2018, cuando le restaban dos años a su mandato, porque se enteró que el FBI le seguía los pasos. También era un agente de reserva de la Policía de Los Ángeles (LAPD).
En un viaje a Las Vegas, un empresario le dio un sobre con 10,000 dólares en efectivo, le alquiló una habitación de hotel, le entregó $1,000 en fichas de casino y pagó $34,000 por las bebidas que consumió en un club nocturno y $2,481 por una cena grupal. También envió a dos prostitutas a su cuarto.
“Estaba motivado por la codicia, el egoísmo y un deseo desesperado de aferrarse a su condición de funcionario municipal rico y poderoso”, argumentaron los fiscales en un memorando de sentencia.
En un caso separado, Mark Ridley-Thomas, quien era uno de los políticos negros más influyentes de California, fue expulsado del Co ncilio tras desvelarse que enfrentaba cargos federales de corrupción por participar en un esquema en el que su hijo recibió beneficios sustanciales de la Universidad del Sur de California (USC) a cambio de que apoyara contratos que beneficiaron a la institución mientras él se desempeñaba como miembro de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles.
Una acusación de 20 cargos indica que Ridley-Thomas conspiró con Marilyn Louise Flynn, exdecana de la Escuela de Trabajo Social de USC, para que el hijo del entonces supervisor fuese itido para estudiar un posgrado allí con una beca completa e impartiera una cátedra pagada, así como canalizar los fondos de la campaña de Ridley-Thomas a través de la universidad a una organización sin fines de lucro operada por el familiar del político negro.
A mediados de septiembre, Flynn, de 83 años, acordó declararse culpable de un cargo de soborno y pagar una multa de al menos 100,000 dólares. El proceso judicial de Ridley-Thomas sigue pendiente.
