¿Por qué no habrá escuelas religiosas con fondos públicos tras fallo de la Corte Suprema?
Este jueves la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que podría tener repercusiones sobre el uso de fondos públicos para financiar escuelas religiosas. En una votación dividida de 4-4, los jueces no lograron llegar a un acuerdo sobre la legalidad de financiar con dinero público la St. Isidore of Seville Catholic Virtual School, un proyecto educativo de la Iglesia Católica en Oklahoma.
Esta escuela, que iba a ser la primera escuela charter religiosa del país, tenía como objetivo ofrecer educación en línea a estudiantes de preescolar a 12º grado, con un enfoque basado en principios católicos. Sin embargo, la votación no resolvió el tema, manteniendo en pie la decisión tomada anteriormente por el Tribunal Supremo de Oklahoma, que había invalidado la creación de la escuela por violar la Constitución de Estados Unidos.
La ausencia de un fallo claro sobre este caso significa que el debate sobre la relación entre la religión y la educación pública sigue siendo incierto.
El empate no marcó un precedente legal
La decisión de la Corte Suprema no marcó un precedente legal para el resto del país porque no se pronunció de forma concluyente. El fallo de 4-4 dejó intacta la decisión del tribunal estatal de Oklahoma debido a que la ley establece que, en caso de empate, la decisión del tribunal inferior se mantiene.
Dicho empate se debió a la ausencia de la jueza Amy Coney Barrett, quien se recusó debido a su vínculo cercano con la escuela.
La falta de mayoría impidió que la Corte emitiera un fallo definitivo sobre la creación de escuelas religiosas financiadas con fondos públicos. Como consecuencia, el proyecto de la escuela St. Isidore no podrá recibir financiamiento estatal y la prohibición de este tipo de instituciones públicas con orientación religiosa se mantiene.
El principio de separación entre iglesia y estado sigue siendo un barrera
Una de las razones más importantes que llevaron a la Corte Suprema de Oklahoma a invalidar la aprobación de la St. Isidore Catholic Virtual School fue la defensa del principio constitucional de separación entre iglesia y estado.
Este principio,p rotegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, establece que el gobierno no debe favorecer ni financiar ninguna religión, y que las instituciones públicas, como las escuelas, deben ser neutrales en cuanto a las creencias religiosas.
La St. Isidore of Seville Catholic Virtual School tenía como objetivo ser una institución pública con una misión educativa explícitamente religiosa. Según sus promotores, la escuela enseñaría "fielmente los principios de Cristo", y parte de su misión era evangelizar a los estudiantes en la fe católica.
Organizaciones opositoras al proyecto, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) advirtieron que permitir el financiamiento público de una escuela religiosa abriría la puerta a la proliferación de instituciones similares. Agregaron que esto no solo atentaría contra el principio de laicidad del sistema educativo, sino que también podría vulnerar los derechos de las minorías religiosas y de quienes no profesan ninguna creencia.
Los defensores del proyecto, sin embargo, argumentaron que la escuela no era diferente de otras e scuelas charter en términos de su modelo de gestión. También afirmaron que los padres que eligen enviar a sus hijos a este tipo de instituciones públicas deberían tener derecho a optar por una educación que incluyera componentes religiosos.
Los abogados que representaron a la escuela en la Corte Suprema sostuvieron que, de no permitirse este tipo de financiación pública, se estaría discriminando contra las familias religiosas que deseaban una opción educativa alineada con sus creencias.
Ya ha habido intentos previos de inyectar más religión en las escuelas públicas, especialmente en estados conservadores. En 2024, también en Oklahoma, el superintendente del estado ordenó a las escuelas públicas enseñar la Biblia; Luisiana se convirtió en el primer estado en aprobar una ley que exige la exhibición de los diez mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas; y Texas aprobó un plan de estudios que incluye lecciones basadas en la Biblia para estudiantes de preescolar a quinto grado.
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