Corte de apelaciones mantiene el bloqueo a deportaciones exprés del gobierno de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
Una corte de apelaciones federal mantuvo este miércoles la orden judicial que prohíbe al gobierno de Donald Trump la deportación de inmigrantes sin el debido proceso amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, como hizo recientemente con un grupo de más de 200 venezolanos expulsados a El Salvador.
Un dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la orden del 15 de marzo que prohibía temporalmente las deportaciones en virtud de la ley centenaria de tiempos de guerra.
Invocando esta ley por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense deportó a cientos de personas en virtud de una declaración presidencial que calificaba a la pandilla venezolana Tren de Aragua de fuerza invasora.
El Departamento de Justicia apeló después de que el juez federal de distrito James Boasberg bloqueara las deportaciones y ordenara el regreso a EEUU de dos aviones con inmigrantes venezolanos, lo que el ejecutivo republicano no cumplió.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron la demanda en nombre de cinco extranjeros venezolanos detenidos en Texas.
El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales.
¿Cómo se posicionaron cada uno de los jueces de la corte de apelaciones respecto a las deportaciones de Trump?
Las juezas Karen LeCraft Henderson y Patricia Millett votaron a favor de rechazar la solicitud del gobierno de levantar la orden. El juez Justin Walker, nominado por Trump durante su primer mandato, emitió una opinión disidente.
Millett, nominada por el presidente demócrata Barack Obama, afirmó que la orden de Boasberg simplemente congelaba el statu quo "hasta que se puedan abordar cuestiones legales importantes y sin precedentes" en una próxima audiencia.
"No existe jurisdicción ni razón para que este tribunal interfiera en esta etapa preliminar ni para permitir que el gobierno, por sí solo, desestime las reclamaciones de los demandantes, eliminándolas inmediatamente del alcance de sus abogados o del tribunal", argumentó.
Henderson, nominada por el presidente republicano George H.W. Bush, aclaró que el fallo de la corte no impide que el gobierno arreste y detenga a migrantes bajo la proclamación de Trump.
"Levantar las medidas cautelares implica el riesgo de exiliar a los demandantes a una tierra que no es su país de origen", escribió.
De hecho, durante los argumentos orales ante esta corte, el gobierno transmitió inequívocamente que, de levantarse la orden judicial, comenzaría de inmediato a deportar a los demandantes sin previo aviso.
El magistrado Walker, sin embargo, afirmó que las reclamaciones de los demandantes corresponden a Texas, donde se encuentran detenidos.
“El gobierno también ha demostrado que las órdenes del tribunal de distrito amenazan con causar un daño irreparable a las delicadas negociaciones con potencias extranjeras sobre asuntos de seguridad nacional”, escribió.
La presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, cuyo grupo de defensa legal también representa a los demandantes, afirmó que este fallo es “un paso importante para el debido proceso y la protección del pueblo estadounidense”.
“El presidente Trump está sujeto a las leyes de esta nación, y esas leyes no le permiten ejercer poderes de guerra cuando EEUU no está en guerra ni ha sido invadido para expulsar a personas del país sin proceso alguno”, declaró Perryman.
El conflicto creciente entre Trump y el Poder Judicial
Boasberg, juez principal del tribunal federal de distrito en Washington, se ha comprometido a determinar si el gobierno desafió o no su orden de hacer regresar los aviones.
El gobierno ha invocado el "privilegio de secretos de Estado" y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg. En una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó que "el juicio político no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial".
La Ley de Enemigos Extranjeros permite deportar a extranjeros sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o un tribunal federal.
Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos de pandillas.
Su fallo declaró que existe "un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar".
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