Un cambio de reglas (y de gobierno) frustra una reparación histórica para descendientes de judíos expulsados de España
BARCELONA, España.- Abel, un venezolano radicado hace pocos años en Estados Unidos, cumplió con todos los requisitos que le exigían para solicitar la nacionalidad española en virtud de sus antepasados sefardíes: entregó un documento de identidad en regla, la carta de antecedentes penales, el comprobante de pago de las tasas procesales, el examen de ciudadanía, la certificación del origen sefardí de su apellido avalada por una asociación judía de Nuevo México, informes que demuestran su especial vinculación con España y un acta notarial que da fe de todo lo anterior.
Gracias a una legislación aprobada en junio de 2015, denominada comúnmente "Ley de Sefardíes", España se planteó resarcir un daño histórico al brindar la oportunidad de conceder la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados en 1492 de la península ibérica por un edicto de los reyes católicos. Llovieron las solicitudes por miles y el gobierno tuvo que prorrogar la fecha para itir las peticiones.
A Abel (nombre ficticio para proteger su verdadera identidad), las autoridades de Madrid le concedieron la nacionalidad española este año luego de que un notario revisara rigurosamente los recaudos y certificara su validez. A su hermana Joana, que presentó documentos similares, le fue denegada.
Podría tratarse de una excepción, pero según el abogado Luis Portero, quien fue asesor especial de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) durante la tramitación parlamentaria del proyecto de esta ley, el creciente número de rechazos de nacionalidad a partir de este año muestra una tendencia preocupante.
Portero, que ha gestionado ante las autoridades españolas los casos de 12,155 peticionarios de varios países, dibuja la situación de esta manera: desde octubre de 2015 al 3 de diciembre de 2020 solo se registraron tres denegaciones de nacionalidad; pero del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 se rechazaron 233 solicitudes y al 30 de junio el número subió a 2,512.
“Las fuentes nos indican que el número de denegaciones puede ser de más de 5,000, lo cual es un disparate”, dice Portero, en entrevista con Univision Noticias.
El Ministerio de Justicia de España, que se encarga de tramitar las nacionalizaciones, indica que desde la entrada en vigor de la ley hasta la fecha se han presentado 63,873 solicitudes, de las cuales 36,128 han sido concedidas y 3,020 negadas.
Más allá de lo que muestran las estadísticas, a los solicitantes y los abogados que conducen sus casos les inquieta el aparente cambio que implicó para el procesamiento de solicitudes la llegada del nuevo gobierno socialista a España en 2020, porque las denegaciones se dispararon.
El gobierno se defiende alegando una investigación policial que ha determinado la existencia de una organización criminal que se estaría lucrando mediante fraudes en la tramitación de la nacionalidad española. Ello condujo a extremar las revisiones de los expedientes, incluso aumentando el número de funcionarios dedicados a la tarea.
En declaración a Univision Noticias, la FCJE lo confirma: "Tenemos noticia de expedientes mal presentados y con documentación dudosa".
Lo cierto es que la preocupación por el aumento de denegaciones ha cruzado fronteras. En agosto, la congresista por Nuevo México Teresa Leger Fernández, con antepasados sefardíes, llamó la atención de la Casa Blanca y el Departamento de Estado ante crecientes quejas de ciudadanos de su estado, en cuyo territorio se establecieron muchos de los judíos expulsados de España y cuyas solicitudes fueron rechazadas.
La representante demócrata acusó al gobierno del socialista Pedro Sánchez de "minar la tolerancia religiosa”.
"Su negativa es peor que si no ofrecieran la ciudadanía en primer lugar", declaró Fernández refiriéndose al gobierno español, en un reportaje publicado por The New York Times. "Este es un ejemplo de cómo no se repara".
¿Dónde empezó a complicarse el proceso?
Uno de los requisitos clave que exige la ley para optar a la nacionalidad española es la certificación del origen sefardí, es decir, un estudio del apellido de la persona emparentada con el solicitante, avalado por alguna autoridad judía (asociación o comunidad autorizada).
La documentación aportada debe permitir a las autoridades “constatar su origen sefardí o su ascendencia hasta su conexión con un ancestro de origen sefardí”, detalla una hoja explicativa en la página web de la FCJE.
Entre 2015 y 2020, el Ministerio de Justicia español consideró válidas las pruebas aportadas por comunidades judías, con independencia de si pertenecían al país de origen o residencia del solicitante.
Pero el 20 de octubre de 2020 el Ministerio de Justicia español emitió una circular en la que exige que los certificados de origen sefardí sean firmados por el presidente o rabino de la comunidad judía situada en la ciudad natal o la zona de residencia habitual del interesado.
“La ley dice que debe presentarse un certificado de una comunidad judía del país de origen y cualquier otro medio de prueba. Es por eso que se estaban aportando certificados de otras comunidades judías, porque no todos los países tienen comunidades dispuestas a certificar, porque no tienen los medios para ello, porque son pequeñas o porque no tienen interés en la ley, como las de Guatemala y El Salvador, que no lo hicieron hasta el año 2020”, explica Portero.
“Se está cuestionando gravemente o presumiendo la culpabilidad o falsedad de los certificados que aportaron las comunidades judías en el mundo”, agrega el abogado.
En una denuncia interpuesta por Portero contra dicha circular se indica que, de aplicarse literalmente, “solo los judíos nacidos o residentes en Los Ángeles (California), Seattle (Washington), Albuquerque (Nuevo México), Miami (Florida) y Atlanta (Georgia) podrían obtener sus certificaciones de origen sefardí para hacerlas valer como medios probatorios”, lo que deja por fuera a cientos de miles de judíos, muchos de ellos sefardíes, que nacieron o residen en Nueva York, Portland, Chicago y otras ciudades de EEUU.
Solo existen 23 comunidades judías situadas en ciudades de 17 países diferentes, que en su momento fueron avaladas por la FCJE.
Sin embargo, la federación española sostiene que "hay cientos de ciudadanos estadounidenses que han solicitado a la FCJE el certificado de origen sefardí para aportar como prueba a la documentación presentada en el Ministerio de Justicia".
La Federación Judía de Nuevo México, por ejemplo, emitió unos 20,000 certificados de origen sefardí, sobre todo de solicitantes latinoamericanos, y ha venido quejándose de las nuevas reglas impuestas por el gobierno español, que no están contempladas en la ley.
A Sara Koplik, la directora del programa de herencia sefardí de esa federación, la rechazaron. “Creemos que (el ministerio de) Justicia no está examinando los casos con cuidado y simplemente está rechazando a los solicitantes porque no quiere que los sefardíes se conviertan en ciudadanos”, declaró en agosto al diario madrileño El País.
Fuentes del gobierno español citadas por el diario El Confidencial han defendido la rigurosidad con que se han venido procesando las peticiones.
"El Ministerio hace ahora lo que no hizo durante años por falta de personal. La Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil solo cuenta con cuatro funcionarios para analizar todas esas solicitudes", dicen.
La FCJE declaró a Univision Noticias que está "satisfecha con el proceso de nacionalización a personas de origen sefardí" y al mismo tiempo agradece "el trabajo riguroso del Ministerio de Justicia".
El papel de los notarios
Carlos Calatayud, notario de Igualada, en la provincia de Barcelona, España, ha visto este problema miles de veces en su despacho.
“Revisan los expedientes buscando excusas para denegarlos”, asegura a Univision Noticias. En su opinión, las autoridades del Ministerio de Justicia han hecho “una interpretación de la ley que no respeta la autoridad del notario”.
“Es el conjunto de pruebas” aportadas por el interesado lo que hace que el notario certifique la documentación presentada como suficiente para optar a la nacionalidad española, afirma Calatayud.
El abogado Portero afirma que desconocer el trabajo que han hecho hasta ahora los notarios "supone atacar directamente la fe pública notarial". "La dirección general (del Ministerio de Justicia) no puede corregir nunca lo que certifica un notario en un acto de notoriedad. Hay dos informes internos que avalan eso", refiere.
En el proceso también juega mucho la discrecionalidad de los funcionarios, considera Calatayud. Hay solicitantes a los que les han negado la solicitud, aunque han presentado documentación muy similar a la de un familiar que sí ha recibido la nacionalidad, como en el caso de Abel y Joana.
Pero existe otro impedimento, tal vez mayor: esto debe hacerse en persona, no es posible delegarlo. Para muchos supone un costo elevado porque deben trasladarse de sus países de origen para tramitar y firmar documentos en España.
Hay 12 millones de judíos en el mundo. Al ser expulsados de la península ibérica hace más de 500 años, la mayoría de ellos se estableció en regiones pertenecientes al entonces Imperio Otomano (hoy Turquía y Los Balcanes), en Israel, Grecia y el norte de Marruecos, mientras que otra parte emigró a lo que es hoy la América Latina.
"Fácil no es. Hablamos de 500 años atrás… algunos podrían acreditarlo, pero la mayoría no y por eso hay que ver el conjunto de pruebas aportadas", insiste Calatayud. "Hay países como Venezuela, que atraviesan una situación precaria, donde todo se hace más difícil. Muchas veces esto es un drama", agrega el notario.
Una gestión costosa en tiempos de pandemia
Miguel Truzman, vocero de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, ha gestionado ante autoridades españolas más de 400 peticiones y sabe cuáles han sido las complicaciones del proceso en este último año.
Más de 15,000 venezolanos lo han intentado, según sus registros. En su mayoría son personas de clase media, profesionales que, sin embargo, deben gastar dinero en los trámites, gestionar una visa, pagar hoteles, las costas procesales del notario.
"Muchos no han podido viajar para presentarse a firmar debido a la pandemia", que impuso limitaciones a los viajes internacionales por varios meses, dice Truzman a Univision Noticias.
De hecho, muchos de los venezolanos que se han visto impulsados a emigrar debido a la severa crisis económica del país suramericano, lo han tramitado a través de sinagogas o asociaciones de Estados Unidos.
“Debido a las nuevas exigencias del gobierno español, las certificaciones para el caso de estos venezolanos se han hecho a través de la sinagoga Beit Moshe, en Miami”, apunta Truzman.
En el caso de que sus solicitudes sean rechazadas, el solicitante puede pedir ante el mismo Ministerio un recurso de alzada, para que reconsideren su caso. Si vuelve a ser rechazado, les queda la opción de una demanda ante un tribunal, aclara el notario Calatayud.
Pero como indica Truzman, "es difícil que la propia istración rechace su propia denegación. Lo que están haciendo es esperar los 90 días de plazo para que expire el período de denegaciones".
"Intentaremos salvaguardar los intereses de los solicitantes ante esta violación del derecho a la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y el debido proceso", apostilla Truzman.
Univision Noticias solicitó entrevistar en varias oportunidades a un funcionario del Ministerio de Justicia español sobre estos aspectos, pero al momento de la publicación de esta nota no había recibido respuesta.
Ser o no ser judío
Para probar el origen judío sefardí hay dos tipos de protocolos que dependen de si se es judío o no. En el primer caso la gestión es mucho más sencilla que en el segundo.
"Si demuestras que eres judío y que un tatarabuelo o un bisabuelo llegó a algún país de América, de alguna zona que fue antes el Imperio Otomano, y se llama Toledano, por ejemplo, ya hay indicios. La federación entregaría un certificado y copia de las pruebas: la partida de nacimiento de tu padre o madre y la del familiar y se llama Toledano, Benzaquén o Benaím, que son apellidos españoles sefardíes. También se puede aportar el certificado de entierro en un cementerio judío", explica Portero.
Los conversos, a quienes con frecuencia y despectivamente llamaban "marranos", fueron el germen de comunidades sefarditas en Europa, y las colonias portuguesas y holandesas de América, explica la página Serfardiweb.
Es el caso, por ejemplo, de Manuel Montoya, un profesor de inglés de 27 años nacido en Albuquerque, Nuevo México, radicado ahora en Menorca, España. Su antepasado, Simón de Abendaño, vivía en Ciudad Rodrigo, Castilla y León.
"Fue el vínculo de mis raíces sefardíes. Dieciséis generaciones nos separan. Se fue de España para vivir en Nuevo México y las generaciones siguientes se quedaron allí hasta hoy", dice Montoya, citado en un reporte de la agencia Efe.
Es muy diferente y más complejo para el caso de los no judíos. Hay que demostrar que tienes una genealogía familiar y remontarse ocho generaciones atrás a personas que eran judías sefardíes o que fueron obligadas a convertirse a la religión católica a partir de 1492. La ley ite a los judíos que debieron quedarse en España renunciando a su fe y convirtiéndose al catolicismo, en España o Portugal.
Truzman ratifica que a los venezolanos que intentan la nacionalidad española les han exigido estudios avalados por un genealogista, y "en Venezuela solo hay seis que llevan años trabajando en la materia". En un caso lograron establecer la línea hasta un antecedente de 1650. Pero no siempre es así.
Completar un reporte de genealogía puede llegar a ser muy complicado porque en los siglos XV y XVI, cuando la Inquisición visitaba los distintos pueblos de España, acusaban a las personas de judías con base en los hábitos, costumbres y tradiciones que seguían en sus casas, lo que llevó a muchos a quemar sus propios documentos y renegar de su fe.
"Una persona que no comía cerdo era sospechosa. Una que se vestía muy bien los sábados, también era sospechosa. Si alguien tapaba los espejos de su casa cuando moría un familiar también era sospechosa. La persona que barre hacia el centro de su casa o tenía amuletos en las puertas eran sospechosas. Si encendían velas los viernes por la noche, era acusada de ser judía. Eran costumbres de los sefardíes", ilustra Portero.
Otro hecho juega en contra: hace 200 o 300 años se incendiaron muchos archivos en las Américas y se perdieron incontables documentos familiares, entre ellos de muchas familias judías de origen sefardí.
Portero calcula que entre 5% y 10% de los casos no pueden aportar esta documentación por lo anterior. Pero la inmensa mayoría presenta sus informes de genealogía.
El principal problema ahora es que gobierno español está recibiendo recursos de impugnación itrativa o de alzada, y no ha resuelto ninguno. Además, hay unos 100 casos en los que el Ministerio de Justicia ha concedido la nacionalidad y ahora la quiere retirar.
El preámbulo de la Ley de Sefardíes dice que la legislación "pretende ser el punto de encuentro entre los españoles de hoy y los descendientes de quienes fueron injustamente expulsados a partir de 1492", buscando reabrir a las comunidades expulsadas de España las puertas de su antiguo país. Pero para muchos, este propósito está siendo más que complicado, imposible de alcanzar.
