México buscará la extradición de España de Jonathan Weinberg, el empresario acusado de ser testaferro de Genaro García Luna
Jonathan Weinberg Pinto, presunto socio del exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna, fue arrestado en Madrid por las autoridades españolas y enfrentará un proceso para su extradición a su país, anunció el lunes la Fiscalía General en un comunicado.
Aunque de conformidad con la legislación mexicana la Fiscalía no identificó al detenido más que con su nombre de pila, un agente federal de México confirmó a la AP que se trataba del empresario Weinberg Pinto.
El sospechoso fue aprendido el domingo en la capital española por la Policía Nacional de España, precisa el comunicado.
La Fiscalía General mexicana dijo que el detenido es señalado como uno de los “principales cómplices” de García Luna, quien está preso en Estados Unidos desde el 2019.
Weinberg, que estaba prófugo de la justicia, enfrenta cargos en México por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
El detenido será sometido a un procedimiento de extradición ante las autoridades españolas, informó la Fiscalía General.
Los vínculos entre los Weinberg y García Luna
Weinberg Pinto es hijo de Mauricio Samuel Weinberg López. La familia es propietaria de la empresa ICIT, que opera en México, Panamá y Estados Unidos.
En México, la compañía utilizó la información privilegiada que le facilitaba la Secretaría a cargo de García Luna con el fin de ganar clientes para otras áreas de su empresa, dice un reporte publicado en el sitio Aristegui Noticias.
Los numerosos nexos y negocios que estableció el exfuncionario le permitieron llevar una vida de lujo en Estados Unidos, cuando finalizó su función pública. Ello despertó las sospechas de las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia estadounidense, en su investigación a García Luna, mencionó la casa de Golden Beach, una residencia valuada en tres millones de dólares, con piscina, embarcadero propio, salida al mar, cuatro cuartos y cuatro baños.
La propiedad la compró utilizando "compañías fantasmas y compradores falsos", el mismo modus operandi que García Luna usó para esconder otras propiedades. La logística consistía, según los fiscales, en que una empresa de Estados Unidos compraba una propiedad, al tiempo que otra, fuera de Estados Unidos, la pagaba en efectivo y en ninguna de estas empresas aparecía el nombre del exfuncionario, pero en realidad eran suyas.
En 2019, Univision Investiga publicó que la casa se había comprado a través de la compañía de Florida 274 SIGB, según registros obtenidos por Univision y el periodista mexicano Julio Roa. La casa era parte de un conglomerado de compañías y propiedades a nombre de Samuel Weinberg y su hijo Jonathan Alexis.
García Luna ha negado que los Weinberg fueran socios suyos. La familia alega que la casa es de su propiedad y solo la rentaba al exfuncionario mexicano.
Los Weinberg no han sido mencionados en el caso judicial contra García Luna en Estados Unidos. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló sus cuentas bancarias en diciembre de 2019 y radicó dos denuncias ante la fiscalía acusándolos de ser parte de un esquema que García Luna habría utilizado para triangular dinero de contratos del gobierno a sus cuentas personales.
La red corrupta que tejió García Luna
El arresto de Jonathan Weinberg se da dos semanas después de la detención en el centro de México de Gloria García Luna, hermana del exsecretario, y de su sobrino Edgar Rodríguez García.
Hace siete meses, un juez mexicano dictó 61 órdenes de detención contra personas vinculadas a García Luna que incluyen a su esposa, cuatro hermanos y socios, como parte de una amplia investigación que sigue la Fiscalía General de la República contra el exsecretario y su entorno por supuestos contratos ilegales y abusos en el equipamiento de cárceles públicas federales que habrían implicado un daño estimado en unos 300 millones de dólares.
El exfuncionario, que en febrero pasado fue declarado culpable en Estados Unidos de aceptar sobornos para proteger a carteles del narcotráfico, tiene además otros tres procesos legales pendientes en México por enriquecimiento ilícito, el supuesto ingreso ilegal de armas a territorio mexicano, y por unos contratos que se otorgaron a empresas privadas para la construcción de penales.
García Luna fue secretario de Seguridad Pública del 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. Según la Fiscalía, el exfuncionario tuvo un enriquecimiento ilícito por unos 2.52 millones de dólares.
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