El proyecto de ley Laken Riley: ¿qué inmigrantes pueden resultar afectados y quiénes se beneficiarán?
Un inmigrante que por descuido olvidó pagar un producto de su compra en el supermercado. Una mujer en un litigio de divorcio que entró sin avisar a la casa en la que vivía con su expareja a buscar sus pertencias. En estas situaciones, los protagonistas podrían ser acusados de robo o de hurto, quedar sin a la defensa y ser colocados en detención mandatoria bajo la ley Laken Riley.
El proyecto de ley está en manos del Senado, en una negociación para hacer enmiendas a contrarreloj y que pueda ser aprobado antes de que Donald Trump asuma la Presidencia el lunes. Para los republicanos que la avalan —y también para más de una treintena de senadores demócratas— es una ley "de sentido común": contempla entre sus provisiones la detención de inmigrantes indocumentados "acusados de, arrestados por, condenados por, o que itan haber cometido actos que contengan elementos esenciales de delitos como robo, hurto o hurto en tiendas".
Pero para distintas organizaciones de derechos humanos es una ley innecesaria, que expande la detención obligatoria existente sin permitir a los inmigrantes defenderse de una acusación criminal. Además, consideran que las leyes actuales ya contemplan las bases y responsabilidades para aplicarla.
"Es una expansión masiva de la autoridad para detener personas. Hasta el momento, por lo menos han requerido una condena criminal, porque eso es una protección contra la detención equivocada. Es decir, que se supone que ha recibido el debido proceso en una corte y que un juez ha medido las pruebas de que usted es culpable o no del acto del que le acusaron. Con la ley Laken Riley se le niega ese proceso y bajo la mera acusación, personas pueden quedar detenidas mandatoriamente", explica a Univision Noticias Anthony Enriquez, vicepresidente de defensa y litigios del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Enriquez asegura que la ley Laken Riley no establece excepciones para quienes pueden resultar afectados, por lo que cualquiera podría ser detenido de forma mandatoria, desde un beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), hasta una víctima de violencia doméstica o un solicitante de asilo. "Una persona que puede no ser un peligro para la comunidad, que puede no representar un peligro de fuga para la corte, no se le da la oportunidad de presentar pruebas ante un tribunal".
El proyecto de ley Laken Riley lleva el nombre de la estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada en febrero de 2024 mientras hacía ejercicio en un parque. El caso copó los titulares desde que se conoció el asesinato hasta la condena a cadena perpetua del inmigrante acusado.
Al calor de la campaña por la Presidencia, tanto el entonces candidato republicano, Donald Trump, como los congresistas proponentes de la ley usaron el caso como un estandarte para hablar de un presunto incremento de la criminalidad por la llegada de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. Los legisladores aseguraron —y aseguran— que la implementación de esta ley es un asunto de seguridad pública.
Sin embargo, diversos estudios han demostrado que la mayoría de crímenes en el país no son cometidos por indocumentados, sino por estadounidenses.
La detención mandatoria, según la ley
Desde 1996, el Congreso le otorgó a la Agencia de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE) la responsabilidad de detener de forma obligatoria a ciertas categorías de inmigrantes mientras sus procesos de deportación estén vigentes por condenas criminales. Contempla que la persona generalmente no puede tener derecho a libertad bajo fianza.
La ley establece que la detención mandatoria se aplica cuando la persona es condenada por cualquier crimen violento, robo o hurto, tráfico de drogas o si son relacionados con organizaciones terroristas.
Para Enriquez, esta ley ya otorgaba la autoridad a ICE para detener incluso a personas como José Ibarra, el inmigrante sentenciado a cadena perpetua por la muerte de la estudiante Laken Riley. "No hace falta que expandamos la detención obligatoria para proteger a la comunidad de personas que son peligrosas o representan un riesgo de fuga. Esa autoridad ya existe".
Este miércoles por la noche, el medio The Hill reportó que los senadores ya consideraban adoptar enmiendas. Entre ellas, el senador republicano John Cornyn propuso que ICE detuviera a cualquier inmigrante sin estatus acusado de una agresión. Otras propuestas se debaten y votan en el suelo del Senado.
Enriquez considera que al hablar de una expansión de la detención obligatoria no hay enmienda que pueda resolver o mejorar lo graves problemas que existen en su implementación.
"Ya tenemos tres décadas de historia con la detención mandatoria y ya sabemos que ha funcionado para hacer el proceso de deportación más lento (...) Sabemos también que la detención mandatoria ha sido utilizada para detener a personas que no tienen historiales criminales graves, que tienen infracciones de tráfico. Sabemos que no funciona para hacer a nuestras comunidades más seguras. Ya tenemos bastante historia para saber que es un peligro", asegura el abogado del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Otras organizaciones como Tahirih, que acompaña a mujeres inmigrantes sobrevivientes de violencia basada en el género, han pedido que no se use el problema de la violencia contra las mujeres para "promulgar su agenda antiinmigrante". Aseguran que leyes como la Laken Riley, lejos de mejorar la seguridad pública, generarán más riesgos para las víctimas y darán más herramientas a sus agresores para ejercer un mayor control y daño sobre ellas.
Para Enriquez, los más beneficiados con esta ley serían las empresas privadas que son dueñas y operan el sistema de detención migratoria de Estados Unidos, como Core Civic o GEO Group. Un memo obtenido por el medio Politico asegura que ICE necesitaría más de tres mil millones de dólares para implementar la ley Laken Riley. Además de entre 60,000 y 70,000 camas adicionales para detener a los inmigrantes por robo o hurto y la contratación de al menos 61 empleados federales más.
