Ley estatal que permite el traslado de inmigrantes genera críticas a nivel nacional
Tras la firma de una controvertida ley migratoria que permite el traslado de inmigrantes indocumentados a estados gobernados por demócratas, el gobernador de Florida Ron DeSantis generó una ola de críticas a nivel nacional.
“Florida está utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros ciudadanos de las políticas de frontera abierta de Biden”, dijo DeSantis en su cuenta de la red social Twitter.
“Me complace haber firmado legislación para continuar con el programa de transporte de extranjeros ilegales a jurisdicciones santuario. Agradezco a la legislatura por mantener esta valiosa herramienta”, agregó.
Lo que no dice el gobernador de Florida es que muchos de los indocumentados que traslada no son ilegales, sino extranjeros que fueron detenidos en la frontera por agentes federales, pasaron la primera etapa de miedo creíble, fueron procesados y luego, por no constituir una amenaza a la seguridad nacional y pública, se les permite esperar en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración, donde tienen la oportunidad de pedir asilo.
La nueva ley crea un programa de transporte de extranjeros no autorizados y designa un presupuesto de $10 millones para su traslado hacia otros estados.
En septiembre de 2021 DeSantis anunció un paquete de severas medidas migratorias en ese estado del sureste del país, entre ellas una orden ejecutiva (21-223) que prohíbe que todas las agencias de Florida bajo el ámbito del gobernador faciliten la inmigración ilegal a Florida, a menos que la ley federal o estatal exija lo contrario.
Oleada de críticas
Tras la promulgación de la ley, el miércoles, las reacciones no se hicieron esperar. “La Ley (SB 6-B) que el gobernador DeSantis firmó es una expansión del ‘programa de reubicación’ original que financió el infame vuelo de aproximadamente 49 solicitantes de asilo de San Antonio, Texas, a Martha's Vineyard, Massachusetts, en septiembre pasado”, dijo el Southern Poverty Law Center (SPLC).
El programa de reubicación original fue creado por la Sección 185 de la Ley de Asignaciones Generales de 2022-23, que asignó $12 millones al Departamento de Transporte de Florida para transportar a "extranjeros no autorizados" fuera del estado.
El traslado de los 49 migrantes desde Texas fue hecho en aviones privados que despegaron de Florida. De acuerdo con testimonios de los afectados, fueron trasladados con promesas de permisos de trabajo, pago de alquiler de vivienda y empleos, pero cuando llegaron al destino no había nadie esperándolos y fueron abandonados en la vía pública.
“Tratar a los seres humanos con dignidad y respeto es un valor bipartidista, al igual que evitar la confusión, el caos y el desorden en nuestro sistema de inmigración”, dijo Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice.
“El programa de reubicación del gobernador DeSantis obstaculiza todos los intentos de crear un proceso de inmigración justo, humano y ordenado, al tiempo que utiliza fondos públicos para atacar indiscriminadamente a personas en función de su raza y origen nacional2, agregó.
“Objetos de odio”
La nueva ley crea el programa de traslados dentro de la División de Manejo de Emergencias de Florida (DEM). El objetivo, señala, es “facilitar el transporte de extranjeros inspeccionados no autorizados dentro de Estados Unidos” hacia otros lugares fuera del Estado.
Al promulgar esta legislación el gobernador DeSantis “está financiando sus trucos políticos”, dice Tessa Petit, directora ejecutiva del Florida Immigrant Coalition. “Esto confirma que nuestra legislatura estatal, una vez más, no está priorizando a los floridanos y está convirtiendo a los inmigrantes en objetivos de odio e injusticia”.
DeSantis, quien sopesa la posibilidad de lanzar su candidatura para conseguir la nominación presidencial del Partido Republicano, es un firme defensor de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, convirtiendo el tema en una prioridad dentro de su discurso.
El SPLC advirtió que la nueva ley, en lugar de pretender solo transportar personas fuera de Florida, trasladará "extranjeros no autorizados inspeccionados” desde cualquier parte de estados Unidos (incluyendo Florida) a otros estados.
Señaló además que el transporte de 49 inmigrantes el año pasado desde San Antonio hasta Martha's Vineyard tuvo un costo para los contribuyentes de $615,000 ($12,551 por pasajero). Y que el estado ha pagado $1,565,00.00 a la empresa Vertol por sus servicios de traslado a estados gobernados por demócratas.
Exigen respeto
La manera en que se han registrado los traslados previos y la falta de coordinación entre las distintas dependencias que trasladan inmigrantes a otros estados, también inquieta a las organizaciones. “Tratar a los seres humanos con dignidad y respeto es un valor bipartidista, al igual que evitar la confusión, el caos y el desorden en nuestro sistema de inmigración.”, dice Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice.
Abogados consultados por Univision Noticias reiteraron que en los traslados ejecutados por Florida y también por Texas, a los inmigrantes afectados no se les informa que deben notificar a las autoridades de inmigración los cambios de domicilio y solicitar a la Corte de Inmigración (EOIR) el traslado de sus procesos.
Y no olvidar que deben asistir a sus audiencias programadas el día en que fueron liberados en la frontera, porque si no lo hacen pueden recibir una orden de deportación en ausencia y perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
“Los inmigrantes son una parte integral de nuestro estado”, dice Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo del Centro Comunitario Hope. “Conocemos de primera mano los impactos de las políticas que crean miedo en la comunidad inmigrante”, agregó.
La nueva ley de Florida justifica el programa de traslados indicando que los extranjeros sujetos a ser transportados son individuos “no autorizados” (para permanecer en el país), pero que tienen documentación del Gobierno “que lo procesó y lo puso en libertad sin haber sido itidos de acuerdo con la Ley federal de Inmigración”.
La iniciativa no menciona que es el gobierno federal quien istra la ejecución de la ley de inmigración y que trata a los extranjeros que vienen en busca de asilo tal y como lo señala el debido proceso aprobado por el Congreso.
“Es el gobierno federal, a través de todas las agencias que participan en el proceso, quien se encarga del proceso de estas personas”, apuntó Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
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