Jueza federal se niega a bloquear redadas de inmigración en lugares de culto
Una jueza federal se negó este viernes impedir que los agentes de inmigración realicen operaciones de control en lugares de culto, en una demanda presentada por grupos religiosos sobre una nueva política adoptada por el gobierno del presidente Donald Trump.
La jueza federal de Distrito, Dabney Friedrich, en Washington DC, emitió el fallo en una demanda presentada por más de dos docenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses.
La jueza determinó que ha habido pocas medidas de control de este tipo y que las confesiones religiosas no han demostrado haber sufrido un perjuicio legal que justifique una orden judicial preliminar.
“Al menos en esta etapa y con este expediente, los demandantes no han demostrado la ‘amenaza creíble’ de aplicación requerida”, escribió Friedrich, quien fue nombrada por Trump durante su primer mandato. “Tampoco el expediente actual muestra que los lugares de culto estén siendo señalados como objetivos en particular”.
El 20 de enero, su primer día de regreso en el cargo, el gobierno republicano de Trump rescindió una política del Departamento de Seguridad Nacional que limitaba dónde podían ocurrir arrestos de migrantes. Su nueva política señalaba que los agentes de campo, usando “sentido común” y “discreción”, pueden realizar operaciones de control de inmigración en lugares de culto sin la aprobación de un supervisor.
Los abogados de los demandantes afirmaron que la nueva directiva de Seguridad Nacional se aparta de la política gubernamental de 30 años contra la realización de operaciones de control de inmigración en ”áreas protegidas” o “lugares sensibles”.
En febrero, un juez federal en Maryland falló en contra de la istración Trump en un caso similar presentado por una coalición de cuáqueros y otros grupos religiosos. La orden del juez federal de Distrito Theodore Chang en ese caso se limitó a esos demandantes.
Un juez en Colorado se puso del lado del gobierno en otra demanda sobre la reversión de una política similar que había limitado los arrestos de inmigración en escuelas.
La demanda
Una coalición integrada por 28 iglesias había presentado una demanda en contra de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump, por permitir que agentes federales lleven a cabo operaciones en lugares de culto, autorización otorgada en enero que puso fin a las denominadas ´zonas sensibles’ donde no se llevaban a cabo redadas de inmigrantes.
Las zonas sensibles, además de iglesias o templos, incluían hospitales, cortes y escuelas.
El grupo, integrado entre otros por denominaciones evangélicas cristianas, judías y episcopales que aglutinan a millones de fieles en todo el país, presentaron la demanda ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington DC.
El principal argumento presentado en el escrito al tribunal señala que la política migratoria del gobierno encabezado por Trump infringe la libertad religiosa de los grupos, particularmente su capacidad para ministrar a los migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en Estados Unidos indocumentados.
En la demanda, las iglesias (bautistas, hermanos, judíos conservadores, episcopalianos, evangélicos, menonitas, cuáqueros, pentecostales, presbiterianos, judíos reconstruccionistas, judíos reformistas, unitarios universalistas, metodistas unidos, metodistas de Sión y otros) argumentan que, basados en sus creencias, “todo ser humano, independientemente de su lugar de nacimiento, es un hijo de Dios digno de cuidados y de amor”, a quienes se les debe dar la Bienvenida”.
También señalan en el escrito que “la Torá establece este principio 36 veces, más que cualquier otra enseñanza, que el extranjero que resida con vosotros será para vosotros como uno de vuestros ciudadanos”. Y recuerdan al gobierno que a los extranjeros “Los amarás como a ti mismo, porque fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto”, como señala el libro del Levítico en el capítulo 19.
“Tenemos inmigrantes, refugiados, personas documentadas e indocumentadas”, declaró a la agencia Prensa asociada (AP) el reverendísimo Sean Rowe, obispo presidente de la Iglesia Episcopal. “No podemos rezar libremente si algunos de nosotros vivimos con miedo. Al unirnos a esta demanda, buscamos la capacidad de reunirnos y practicar plenamente nuestra fe, seguir el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”.
El proyecto 2025 lo advertía
El desmantelamiento de la política de zonas sensibles está mencionado en el Proyecto 2025, una estrategia con servadora redactada por exfuncionarios del primer gobierno de Trump y actuales funcionarios, entre ellos Tom Homan, zar de la frontera, y Stephen Miller, subdirector de política de la casa Blanca. El documento, en su momento (antes de la elección del 5 de noviembre de 2024) recomendó que “se debería aclarar el papel de los agentes de deportación del ICE” y que las operaciones de ejecución y deportación (ERO) de la agencia “deberían ser identificadas como las principales responsables de hacer cumplir las normas civiles de inmigración, incluido el arresto, la detención y la deportación de los infractores de inmigración en cualquier parte de los Estados Unidos, sin orden judicial cuando corresponda, sujeto únicamente a los requisitos de orden judicial civil de la INA cuando corresponda”.
También aconsejó que “todos los memorandos de ICE que identifican 'zonas sensibles' donde el personal del ICE tiene prohibido operar, deberían ser rescindidos”. Esto significa que lugares como escuelas, hospitales e iglesias son potenciales blancos de redadas.
Por último, la estrategia conservadora precisó que, para maximizar el uso eficiente de sus recursos, “ICE debe hacer un uso completo de las autoridades de deportación expedita (ER) existentes”. Y precisa que, los extranjeros a ser deportados de manera expedita “no debería estar limitado a las primeras 100 millas desde la frontera” porque “esto no es un requisito legal”.
Cabe señalar que el plan de deportaciones masivas del nuevo gobierno, según dijo Homan poco antes del 20 de enero, contemplaba la expulsión de entre 1 y 1.5 millones de extranjeros criminales en el primer año. Pero en los días siguientes a la toma de posesión el escenario cambió y hoy en día cualquier indocumentado o extranjero no autorizado que lleve menos de dos años en Estados Unidos, está sujeto a ser arrestado y deportado de manera expedita.
Con información de Jorge Cancino.
