Gobierno de Biden firma acuerdo con Panamá para deportar migrantes que viajan a EEUU
Los gobiernos de Estados Unidos y Panamá anunciaron la firma de un acuerdo que permitirá la implementación de un programa de deportaciones hacia los países de origen de extranjeros que no tengan una base legal para permanecer en Panamá.
El Departamento de Estado (DOS) dijo que el acuerdo fue firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Señala que “comenzará un nuevo programa de asistencia exterior financiado por la Cancillería estadounidense para abordar la migración irregular en la región”.
“Este programa ayudará al gobierno panameño a expulsar (deportar) a los extranjeros que no tienen base legal para permanecer en Panamá”, precisa el comunicado.
El DOS dijo además que la asistencia “busca reducir la migración irregular sin precedentes a través de la región del Darién, por la que transitaron más de 520,000 migrantes en 2023”.
Un alto porcentaje de los extranjeros que cruzan el Darién se dirigieron luego hacia el norte con la intención de llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos y cruzar en busca de asilo. El acuerdo tiene como objetivo cerrar el peligroso Tapón del Darién y con ello reducir un alto porcentaje del tránsito indocumentado hacia el norte.
La firma se llevó a cabo durante la visita de Mayorkas a Ciudad de Panamá para acudir a la investidura del nuevo presidente de ese país, José Raúl Mulino.
La Casa Blanca celebra acuerdo
“El Memorando de Entendimiento fue diseñado para reducir conjuntamente el número de migrantes cruelmente traficados a través del Darién, generalmente en ruta hacia Estados Unidos”, dijo Adrienne Watson, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, de acuerdo a un comunicado difundido por la Casa Blanca tras la firma del pacto.
Watson agregó que “específicamente, Estados Unidos apoyará los esfuerzos de Panamá para iniciar la repatriación rápida, segura y humana de los migrantes que no tienen una base legal para permanecer en Panamá. Al devolver a esas personas a su país de origen, ayudaremos a disuadir la migración irregular en la región y en nuestra frontera sur, y a detener el enriquecimiento de redes malignas de contrabando que se aprovechan de los migrantes vulnerables”.
A su vez, Mayorkas dijo que “la migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional”. Y precisó que “mientras Estados Unidos continúa asegurando nuestras fronteras y expulsando a personas sin una base legal para permanecer, estamos agradecidos por nuestra asociación con Panamá para gestionar los niveles históricos de migración en todo el hemisferio occidental".
La Declaración de Los Ángeles
La firma del acuerdo entre Estados Unid0s y Panamá forma parte de los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la denominada declaración de Los Ángeles, firmada en junio de 2022.
“En virtud de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, Estados Unidos está trabajando con 21 socios en toda la región para tomar acciones coordinadas para promover la estabilidad, ampliar las vías legales y brindar a las personas opciones para permanecer donde están y gestionar humanamente las fronteras en todo el continente americano”, dijo el DOS.
“La migración irregular afecta a cada uno de nuestros países y existe la responsabilidad en todo el hemisferio occidental de ayudar a abordarla. A través de la Declaración de Los Ángeles, hemos tomado medidas significativas para ampliar las vías de migración legal como alternativa a la migración irregular, mejorar los esfuerzos de aplicación de la ley, apoyar a las comunidades de acogida y fortalecer las protecciones para los de poblaciones vulnerables”, dijo el secretario de Estado Antony J. Blinken.
El DHS precisó dijo que continuará haciendo cumplir las leyes de inmigración estadounidenses y acarreando duras consecuencias a quienes no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos, de conformidad con las obligaciones internacionales.
En mayo el gobierno de Biden cerró la frontera con México tras la firma de una orden ejecutiva que restringió el asilo, una medida que generó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos. La medida forma parte de una política de endurecimiento del gobierno en su política migratoria, contrario a las promesas de campaña cuando aseguró que restablecería el derecho al asilo severamente restringido durante el gobierno de Donald Trump.
En las dos primeras semanas de vigencia de la orden ejecutiva del mandatario, las detenciones en los puertos fronterizos bajaron un 25% de acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
En junio las detenciones aumentaron un 30% y se registraron 84,000, las más bajas contabilizadas en lo que va del gobierno de Biden, según informe de la cadena NBC. El DHS no ha conformado aún esas cifras.
