La frenética búsqueda de venezolanos desaparecidos desatada por los vuelos de deportación a El Salvador
Franco Caraballo llamó a su esposa el viernes por la noche, llorando y en pánico. Horas antes, el barbero de 26 años y decenas de otros migrantes venezolanos habían sido llevados a un centro de detención federal en Texas, vestidos de blanco, esposados y subidos a un avión. No tenía ni idea de adónde iba.
Veinticuatro horas después, el nombre de Caraballo desapareció del localizador de detenidos en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El lunes, su esposa, Johanny Sánchez, se enteró de que se encontraba entre los más de 200 inmigrantes venezolanos trasladados durante el fin de semana a El Salvador, donde ahora se encuentran recluidos en una prisión de máxima seguridad tras ser acusados por el gobierno de Donald Trump de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Sánchez insiste en que su esposo no es pandillero. Le cuesta incluso encontrarle lógica a la acusación.
Los polémicos vuelos de deportación a El Salvador del fin de semana
Los vuelos de las autoridades migratorias estadounidenses desataron una búsqueda frenética entre familias aterrorizadas tras la desaparición de cientos de inmigrantes del localizador en línea de ICE.
Algunos llegaron a la prisión en El Salvador, un enorme complejo donde no se permiten visitas, recreación ni educación. Estados Unidos ha pagado al gobierno salvadoreño $6 millones para retener a los presos, de los que poco se sabe, se supone que muchos de ellos son venezolanos. El gobierno de ese país rara vez acepta deportados de Estados Unidos.
Pero muchas familias desconocen dónde encontrar a sus seres queridos.
“No sé nada de mi hijo”, dijo Xiomara Vizcaya, venezolana de 46 años.
Ali David Navas Vizcaya había estado detenido en Estados Unidos desde principios de 2024, cuando llegó procedente de México a un cruce fronterizo con su cita para hablar con agentes de inmigración. La llamó el viernes por la noche y le dijo que creía que lo deportaban a Venezuela o México. Su nombre ya no figura en el sistema de ICE.
Casi 8 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2013, en medio de una profunda crisis política y el colapso de su economía, dependiente del petróleo. Muchos se dirigieron inicialmente a otros países latinoamericanos, pero la mayoría optó por ir a Estados Unidos tras el levantamiento de las restricciones por la COVID-19 durante el gobierno de Joe Biden.
El sábado, el presidente Trump anunció que había invocado una ley aprobada a finales del siglo XVIII para tiempos de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite deportar a extranjeros sin ningún recurso legal, incluido el derecho a comparecer ante un juez de inmigración o ante un tribunal federal.
Muchos conservadores han aplaudido las deportaciones y la firme postura del gobierno de Trump en el manejo de la inmigración.
El gobierno de Trump afirma estar utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos del Tren de Aragua, alegando que la pandilla estaba invadiendo Estados Unidos, aunque no ha aportado ninguna prueba que respalde las acusaciones de que quienes fueron enviados a El Salvador efectivamente fueran de pandillas.
Funcionarios estadounidenses reconocieron en un documento judicial el lunes que muchas personas enviadas a El Salvador no tienen antecedentes penales, aunque insistieron en que todos son sospechosos de pertenecer a pandillas.
“La falta de antecedentes penales no indica que representen una amenaza limitada”, decía una declaración jurada incluida en el expediente, añadiendo que, junto con su presunta pertenencia a una pandilla, “la falta de información específica sobre cada individuo realmente pone de relieve el riesgo que representan”.
“Cumplimos con la ley”
El 3 de febrero, Caraballo acudió a una oficina de ICE en Dallas para otro registro obligatorio con los agentes que tramitaban su solicitud de asilo. Llevaba meses acudiendo regularmente a la oficina.
¿Qué pandillero, preguntó su esposa, entraría en una oficina federal de las fuerzas del orden durante la represión del gobierno de Trump que ha dejado a inmigrantes de todo el país aterrorizados de ser deportados?
“Cumplimos con la ley tal como nos lo ordenaron. Nunca faltamos a ninguna reunión con las autoridades”, dijo Sánchez, quien permanece en Estados Unidos intentando conseguir la liberación de su esposo.
Sánchez afirmó que su esposo, con quien se casó en 2024 en Texas, no ha tenido ningún problema con la ley en Estados Unidos. También mostró a The Associated Press un documento del gobierno venezolano que demuestra que no tiene antecedentes penales allí. Sánchez cree que lo acusaron injustamente de pertenecer al Tren de Aragua por un tatuaje en forma de reloj que marca el cumpleaños de su hija de una relación anterior.
“Tiene muchos tatuajes, pero eso no es motivo para discriminarlo”, dijo.
Sánchez comentó que ella y su esposo salieron de Venezuela en 2023 con apenas $200 y pasaron los tres meses siguientes durmiendo en plazas, comiendo en basureros y apoyándose en la buena voluntad de otros migrantes en su viaje hacia el norte.
Pensó que el sacrificio valdría la pena. Su esposo trabajaba como barbero desde los 13 años y en Estados Unidos tenía la esperanza de encontrar un nuevo comienzo, escapando de los salarios de miseria y la política tóxica del régimen férreo de Nicolás Maduro en Venezuela.
Venezuela reclama por los encarcelados en El Salvador
El gobierno venezolano ha criticado duramente los traslados, calificándolos de “secuestros” e instando a la gente a protestar el martes en la capital, Caracas, para exigir que los detenidos en El Salvador sean enviados a su país de origen.
Jorge Rodríguez, el principal negociador de Maduro con EEUU, instó a los venezolanos residentes en Estados Unidos a regresar a su país.
El sueño americano, dijo, se había convertido en una pesadilla salvadoreña.
Sánchez coincide. Quiere irse de EEUU en cuanto encuentre a su esposo.
“Huimos de Venezuela buscando un futuro mejor. Nunca imaginamos que las cosas serían peores”.
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