Empleados de una taquería se quejaban de abusos laborales: los dueños lo resolvieron con un "sacerdote"
Investigadores del Departamento federal del Trabajo (DOL) buscaron sin éxito a un “sacerdote” católico que a través de una supuesta confesión de pecados habló en privado con los trabajadores de una taquería de California que habían denunciado los abusos laborales que ocurrían en el negocio.
Se trató de una táctica inédita que implementaron los dueños de la Taquería Garibaldi para descubrir y silenciar a quienes los delataron. Además, les advirtieron falsamente en reuniones que el caso terminaría por afectar a los indocumentados pues su información llegaría hasta Migración, describe la acusación.
Varios trabajadores aseguraban que no les pagaron horas extras, que no tomaban suficientes descansos, que compraban los uniformes y les robaban las propinas. Más tarde dijeron ser objeto de una intensa campaña de intimidación en la que se tocó un tema particularmente sensible: la deportación.
Al final, los propietarios de la Taquería Garibaldi, con sucursales en Sacramento y Roseville, doblaron las manos en una corte y aceptaron pagar 140,000 dólares por salarios atrasados a 35 empleados. Un juez les ordenó además que no tomaran represalias y que acataran las leyes laborales al pie de la letra.
Otras irregularidades detectadas por las autoridades es que tomaron ilegalmente dinero del fondo de propinas para pagar a los gerentes y despidieron a un trabajador que creían estaba colaborando con los investigadores del DOL.
Los abogados defensores Alden John Parker y Christina Anton no respondieron inmediatamente a los mensajes enviados por Univision Noticias.
Este medio llamó al restaurante de Sacramento tratando de hablar con los propietarios Héctor Manuel Martínez Galindo y Eduardo Hernández, pero una empleada aseguró que no se encontraban. La mujer puso en el teléfono a su supervisor Alejandro Rodríguez, quien también fue acusado en este caso.
“Mi patrón me dijo que no habláramos. Ya se encargaron los abogados. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, no tenemos nada que responder… Nosotros nada más nuestro trabajo”, comentó Rodríguez, quien se disculpó por no poder proporcionar más información y luego colgó.
El ‘cura’ que confesó en la Taquería Garibaldi
El incidente del “sacerdote” ocurrió durante los primeros meses de 2022, un año después de que la oficina en Sacramento del Departamento del Trabajo notificó que los estaban investigando. Les exigieron entregar una lista con la información de cada uno de sus trabajadores. Las entrevistas se hicieron por teléfono debido a las restricciones por la pandemia.
Raquel Alfaro, investigadora de la oficina de horas y salarios del Departamento del Trabajo, testificó en una corte federal de Sacramento el 7 de julio de 2022 que varios trabajadores le contaron sobre la llegada a la taquería de un hombre que dijo ser un cura católico. Algunos lo identificaron como “amigo” de uno de los dueños del restaurante, Eduardo Hernández, mencionado en la acusación.
Alfaro dijo que entre tres y cuatro trabajadores fueron pasando uno a uno a la parte trasera del negocio para confesarse. El “sacramento” inició de la manera tradicional: con una oración. Pero después se volvió un interrogatorio.
“Les pareció extraño porque el ‘sacerdote’ estaba haciendo preguntas sobre su lealtad al empleador y al negocio… El ‘cura’ les preguntó cuánto tiempo trabajaron para Eduardo y si alguna vez le habían robado a Eduardo… Tenía que ver con la lealtad de ese empleado a Eduardo y al restaurante”, declaró Alfaro, quien lideró esta investigación.
“Sintieron que era intimidante… Fueron varios empleados los que me dijeron esto y sí traté de localizar al cura, pero no pude. Y me dijeron que es un amigo del patrón”, agregó la funcionaria en el tribunal.
“No sé si realmente es un ‘cura’. Pero todos los empleados que me dijeron esto, dijeron que son católicos practicantes y que nunca han experimentado una confesión como esa. Pensaron que era muy extraño”.
Las tácticas intimidatorias de los patrones
En ese tiempo, el abogado defensor Alden Parker cuestionó la veracidad de ese incidente, negó que sus clientes hayan amenazado a sus trabajadores indocumentados y subrayó que no había evidencia suficiente para proceder con este caso.
“También tenemos evidencia directa de testigos que dicen que la propia investigadora ha identificado incorrectamente a un individuo que no existe… Esto continúa y pone en tela de juicio la fiabilidad de las notas, la información y los recuerdos de los hechos del propio investigador”, declaró Parker en la corte.
“Tenemos dos individuos que fueron acusados de hacer declaraciones que ambos directamente y bajo juramento niegan que hayan ocurrido... No llamaron a ninguna autoridad migratoria”, enfatizó.
En esa audiencia, el Departamento del Trabajo le pedía al juez de distrito William Shubb que impusiera una orden de restricción temporal para que los dueños de la taquería desistieran del acoso.
Jennifer Sta.Ana, representante de la dependencia, dijo en el tribunal que “los acusados están amenazando a los empleados con represalias, diciendo específicamente que los despedirán si hablan con el Departamento del Trabajo” y les habían advertido “que toda la información que los empleados den al departamento será enviada a las autoridades de inmigración para que los deporten”.
“Esta situación es urgente… Las amenazas más inmediatas de despido y deportación ocurrieron hace apenas unas semanas, a mediados de junio (de 2022)… Los trabajadores no han hablado con el Departamento de Trabajo con tanta frecuencia porque tienen mucho miedo de que se tomen represalias contra ellos y eso impide nuestra capacidad de seguir adelante con este caso”, afirmó Sta.Ana.
Las advertencias de que serían deportados
La investigadora Raquel Alfaro también dijo que los dueños de la Taquería Garibaldi organizaron reuniones para pedir a los trabajadores que dijeran al gobierno que recibían sueldos justos y que las leyes laborales se cumplían a cabalidad. Pero los discursos se tornaban agresivos, indicándoles que debían mentir para “devolverles el favor” por haberles dado empleo.
“El primer empleado que me ó me hizo saber que Alejandro (Rodríguez) estaba muy molesto por la denuncia y por la cobertura noticiosa que tuvo la denuncia. Y le dijo al empleado y a otros que no hablaran con los medios ni el Departamento de Trabajo. Que por esta denuncia ahora su estatus migratorio iba a estar comprometido y que tenían que aprender a estar callados” o “serían despedidos”, testificó Alfaro.
En otro momento, Rodríguez le aseguró al personal que la investigación del gobierno federal “había terminado” y que solo había tomado el caso para detectar a los indocumentados y enviar su información al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Ese empleado estuvo a punto de llorar y no es el único empleado que ha llorado ante mí por este asunto. Pero ese trabajador dijo que esta situación está empeorando y que todos están muy asustados en el restaurante”, declaró Alfaro.
Una de las políticas del Departamento del Trabajo prohíbe preguntar el estatus migratorio de los denunciantes. Lo hacen para garantizar su cooperación y que en este país se protejan los derechos laborales de todos, independientemente de su situación migratoria en este país.
“Ni un empleador o gerente de la Taquería Garibaldi puede amenazarle con ar a las autoridades de inmigración”, se lee en un aviso que recibieron los trabajadores.
La dependencia dijo estar sorprendida por dichas tácticas que calificó de “desvergonzadas”.
“Los despreciables intentos de este empleador de tomar represalias contra los empleados tenían como objetivo silenciar a los trabajadores, obstruir una investigación e impedir la recuperación de salarios impagos”, dijo Marc Pilotin, procurador del DOL en San Francisco, en un comunicado.
El juez Shubb ordenó a los dueños y al supervisor del restaurante que dejen de amenazar a los empleados, que les paguen lo que marca la ley, que dejen no tomar dinero del fondo de propinas, que no manipulen los registros de las jornadas laborales y devolver los sueldos robados lo antes posible.
