Doral, la ciudad con más venezolanos en EEUU, firmará un acuerdo con ICE para apoyar política migratoria de Trump
El Ayuntamiento de la ciudad del Doral parece estar a punto de autorizar un acuerdo de delegación de autoridad migratoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), similar al alcanzado con otras ciudades de Florida, que permitiría a agentes de policía realizar funciones migratorias limitadas, incluyendo interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de violar las leyes de inmigración.
Según reportó el diario Miami Herald, la posibilidad del acuerdo llega cuando la comunidad venezolana, que en Doral representa cerca del 40% de la población de la ciudad y alrededor del 30% de su electorado, se ha convertido en uno de los blancos principales de los esfuerzos de deportación de Trump.
El pacto aplicará la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA en inglés). El programa permite que agencias del orden estatales y locales firmen acuerdos de cooperación con el ICE para aplicar las leyes federales de inmigración.
Esa colaboración debe ser acordada de forma individual a través de un memorando de entendimiento, en el que se especifican las responsabilidades que asumirán agentes locales en materia migratoria.
¿En qué consiste la reactivación del programa 287(g) de ICE?
Desde el inicio del segundo gobierno de Trump, ICE ha alcanzado acuerdos 287(g) con varias jurisdicciones, reviviendo un programa rescindido hace más de una década después de que una investigación del Departamento de Justicia demostró que bajo su amparo las autoridades en algunas localidades realizaron detenciones ilegales y redadas indiscriminadas en comunidades hispanas.
Según el reporte del Miami Herald, no está claro a cuál de las tres categorías de programas 287(g) acordará Doral implementar con ICE, pero varias jurisdicciones locales ya han optado por el modelo Task Force o “grupo de trabajo”, que permite a la policía arrestar a inmigrantes indocumentados.
Según explica ICE en su sitio web, los tres modelos de programa 287(g) existentes son:
El modelo de “detención en cárceles", diseñado para identificar y procesar a extranjeros deportables, con cargos penales o pendientes, arrestados por agencias policiales estatales o locales.
El modelo de “oficiales de servicio de órdenes istrativas” que permite al ICE capacitar, certificar y autorizar a los agentes policiales estatales y locales para entregar y ejecutar órdenes istrativas contra extranjeros en las cárceles de su agencia, y
El modelo Task Force o “grupo de trabajo”, que sirve como “multiplicador de fuerza” para que las agencias policiales ejerzan su autoridad migratoria limitada bajo la supervisión del ICE durante sus labores policiales rutinarias.
Reacciones
"Al transformar a las fuerzas del orden locales en instrumentos de la aplicación de la ley del Departamento de Seguridad Nacional, los funcionarios electos de Doral han traicionado la confianza de la numerosa comunidad venezolana de la ciudad", declaró al Miami Herald la directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Americano, Adelys Ferro, ante la posibilidad de la aprobación del acuerdo.
"La comunidad depende de la policía para su protección, no para su persecución", dijo Ferro.
El 30 de enero de 2025, ICE logró el primer acuerdo 287(g) bajo el modelo Task Force, que había sido pausado en 2012 por prácticas discriminatorias. Lo hizo con Texas, uno de los estados con las provisiones más duras contra la inmigración indocumentada. Luego se sumó Florida, cuyo gobernador Ron DeSantis también se autocataloga como un impulsor de la agenda de deportaciones del presidente Trump.
DeSantis tiene además dos años estampando su firma en leyes con las provisiones más estrictas en contra de la inmigración indocumentada. Comtemplan desde la criminalización de quienes transporten a personas sin documentos en el estado, hasta el mandato de aplicar la pena de muerte contra inmigrantes que cometan delitos capitales. Incluyen también la contratación de más oficiales que estarán enfocados en labores migratorias y que serán entrenados para ello, así como la creación de una Junta Estatal para el Control Migratorio, que busca forzar a más agencias locales a apoyar a las federales.
Qué contempla el modelo de 'Task Force'
ICE lo define como un “multiplicador de fuerza” a través de la cooperación con agencias policiales que puedan hacer cumplir la autoridad migratoria durante sus tareas de rutina.
Un modelo del memorando de entendimiento explica que los funcionarios de la agencia deben completar un entrenamiento sobre asuntos istrativos, legales y operacionales que cumplen los agentes de inmigración para poder ejecutar sus funciones.
Después de eso, tienen el poder para interrogar a cualquier extranjero “o persona que crean que es un extranjero” sobre su estatus migratorio. Les permite además arrestar sin una orden a cualquier extranjero que esté entrando al país o intentando entrar al país por puntos no autorizados y llevarlo a un interrogatorio ante un oficial de inmigración. También les autoriza a ejecutar órdenes de arresto por violaciones de inmigración y a completar el registro y procesamiento de la persona detenida, incluyendo la toma de sus huellas digitales, fotos y entrevistas.
Estos acuerdos también le confieren a las autoridades locales el poder para preparar documentos de acusación, incluyendo las notificaciones de comparecencia para que sean firmadas por un oficial de ICE. Además, les da el poder para emitir detainers migratorios o peticiones a autoridades locales para transferir la custodia de una persona a ICE y también para trasladarlos a instalaciones de esa agencia federal.
Por qué se frenó hace una década el uso del modelo de 'Task Force'
Un memo de ICE de 2012 pausó el uso de este tipo de colaboración dentro del programa 287(g) bajo el argumento de que había otros programas “que hacían un uso más eficiente de los recursos al enfocarse en casos prioritarios”.
En ese entonces estaba en auge otro programa de colaboración entre las agencias federales y locales llamado Comunidades Seguras, que consistía en una enorme base de datos manejada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) que permitía a los agentes locales establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento de su arresto. Si la prueba biométrica mostraba que la persona no tenía estatus legal de permanencia, la colocaban en la lista de individuos deportables.
Fueron programas fuertemente cuestionados por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. American Immigration Council detalló en un informe que los modelos del programa 287(g) en general han sido costosos para las localidades que entran en los acuerdos, han puesto en la mira a personas sin o con pocos antecedentes criminales, y han afectado las relaciones entre las policías y comunidades locales.
El modelo de Task Force en específico abrió la puerta a potenciales violaciones a los derechos constitucionales de las personas y de leyes federales, como fue evidenciado en 2011 en una investigación de tres años del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) a la oficina del alguacil Joe Arpaio en el condado Maricopa, en Arizona. En su tiempo, Arpaio era conocido como "el alguacil más duro de Estados Unidos" por su tratamiento de la inmigración indocumentada.
Documentos de esa época ya no aparecen disponibles en la web del DOJ, que detalla haber sido revisada tan reciente como este febrero. Sí figura todavía un comunicado sobre una posterior y amplia demanda en la que el DOJ alegó que el alguacil Arpaio, su oficina y el condado Maricopa incurrieron en prácticas discriminatorias en contra de latinos: le violaron sus derechos constitucionales en paradas de tránsito, en detenciones ilegales relacionadas con esas paradas de tráfico, y en detenciones ilegales durante redadas a casas y lugares de trabajo.
Otra investigación del DOJ halló en 2012 un patrón similar de discriminación contra latinos por parte de la oficinal del alguacil Terry Johnson en el condado Alamance, en Carolina del Norte.
“El patrón sistemático de racial profiling de la oficina del alguacil del condado Alamance viola la Constitución y las leyes federales, crea desconfianza entre la policía y la comunidad, y hace que las personas dejen de reportar crímenes y de cooperar con investigaciones criminales”, dijo en ese entonces Thomas Pérez, el encargado en ese momento de la división de derechos civiles del DOJ.
Los agentes de Alamance pararon de cuatro a 10 veces más a conductores latinos que a no latinos en las calles más transitadas del condado; montaron puntos de revisión en entradas de vecindarios latinos y obligaron a sus residentes a pasar por ellos para poder ingresar o salir de sus barrios, halló la investigación del DOJ.
En puntos de revisión en carreteras, los agentes también examinaban únicamente las identificaciones de conductores latinos y a los de otras etnias los dejaban pasar sin mayor escrutinio. Eran pedidos expresos de la alta jerarquía de la oficina del alguacil, agregó la pesquisa.
Los mínimos resultados de los 'Task Forces'
Una investigación de Migration Policy Institute reveló en enero de 2011 los resultados que mostraban hasta ese momento los tres modelos del programa 287(g). Ese análisis es clave porque ofrece una comparación de los tres modelos, dado que el modelo de Task Force fue pausado al año siguiente.
“Contrario a la percepción pública, el 287(g) es casi en su totalidad un programa que opera en las cárceles. En los primeros 10 meses del año fiscal 2010, el modelo enfocado en cárceles representó 90% de las órdenes de detención emitidas (...) mientras que el modelo de Task Force (representó) apenas 2%”, halló el instituto.
En ese período, el modelo enfocado en cárceles produjo 37,578 de las 39,772 peticiones a autoridades locales para transferir la custodia de una persona a ICE o detainers registradas. El modelo de Task Force, solo 831.
Esto, explicó, se debe a que los procesos de revisión de las cárceles son más eficientes: los agentes en las cárceles pasaban casi todo su tiempo revisando los estatus migratorios y emitiendo órdenes de detención de ICE, mientras que los agentes del modelo Task Force dedicaban buena parte del tiempo a patrullajes no relacionados con la inmigración.
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