Los 9 policías detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tenían antecedentes delictivos
Los siete policías estatales y los dos policías del municipio de Iguala, en México, detenidos el miércoles por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en 2014 seguían en activo, a pesar de contar con antecedentes delictivos.
La Secretaría del Seguridad Pública del sureño estado mexicano de Guerrero dio a conocer en un comunicado la aprehensión de los nueve funcionarios públicos, cuyos testimonios se espera que abonen a esclarecer l a desaparición y muerte de los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ocurrido en septiembre de 2014.
Los policías estatales detenidos fueron identificados por la prensa mexicana como: Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mosso, Ramiro Alvarado Sánchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltazar Gómez, Pablo Jimenez Morales y Alberto Chávez Álvarez.
Los policías municipales de Iguala, por su parte, son Navis Mayo Zúñiga e Imer Mayo Zúñiga.
Policías detenidos durante un curso
Versiones obtenidas por el periódico mexicano Reforma, aseguran que los siete policías estatales fueron detenidos cuando se encontraban en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado de Guerrero, ubicadas al norte de Chilpancingo, capital del estado, a donde asistieron para recibir un curso.
Según Reforma, el testimonio de un detenido integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, implicados en la desaparición de los estudiantes con el que cuenta la Fiscalía General de la República, quien ha sido identificado bajo el pseudónimo de 'Karla', sostuvo que “presenció la tortura y asesinato del estudiante Julio César Mondragón Fontes a manos de tres policías estatales conocidos como ‘El Gallo’, el ‘Comandante Pérez’ y ‘La Minsa’”.
La Minsa y el Comandante Pérez fueron reconocidos como dos de los policías estatales detenidos el miércoles, Ramiro Alvarado Sánchez y Lorenzo Bello Hernández, respectivamente. Ambos tienen en su contra una orden de aprehensión por los delitos de tortura y homicidio en contra de Mondragón Fontes.
Julio César Mondragón Fontes tenía 22 años cuando falleció, estaba casado y tenía una niña de dos meses en ese momento.
Detenciones de bajo perfil
Respecto a estas detenciones, el periodista y documentalista mexicano, Témoris Grecko, quien ha seguido de cerca la investigación del caso durante años, comentó a Univision Noticias que “las ejecuciones de estas órdenes de aprehensión representan una reactivación de un perfil más bien bajo de las actividades de la fiscalía especial del caso Ayotzinapa”.
Grecko recordó que en agosto de 2022, “la fiscalía quedó descabezada tras la cancelación abrupta e irregular de 21 órdenes de aprehensión que la fiscalía había obtenido del juez y que después, por órdenes del fiscal general, fueron canceladas”.
El nuevo fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, continuó el reportero, “es una persona que estaba totalmente desconectada del caso”.
Desde su asignación, Gómez Piedra “ha tenido que enfrentar la desconfianza tanto de los familiares de los desaparecidos como del propio equipo que había dejado el fiscal anterior y que además tuvo que enfrentar el empaparse de un proceso sumamente complejo, enorme, de muchos años que desconocía”.
“Está empezando a moverse de nuevo, pero ha decepcionado porque se esperaba que fuera sobre la reactivación de estas órdenes de aprehensión, en particular la de 16 militares, incluido un general; esto no está ocurriendo así”, afirmó Grecko.
“Lo interesante de esto es que dos de los detenidos (el miércoles 22 de marzo) habrían sido los torturadores y asesinos de Julio César Mondragón, el joven que fue desollado. Esto ya es un avance, pero de muy bajo nivel”, concluyó.
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