Una historia olvidada: cómo el actual abogado de Trump terminó representando al gobierno de Maduro en 2019
Con motivo del reciente encausamiento federal contra el expresidente Donald por poner en riesgo secretos de seguridad nacional y obstrucción a la justicia, el senador republicano Mike Lee acusó al gobierno de Biden de que estas acciones son solo comparables con las “tácticas opresivas” de Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
“Las cuales son absolutamente extrañas e inaceptables en Estados Unidos”, afirmó Lee.
Esas inquietudes no parecen haber gravitado en la decisión del actual abogado de Trump en Miami, Chris Kise, al aceptar una millonaria asesoría legal del procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, hace más de tres años.
La carta de entendimiento entre el abogado y Muñoz fue consultada por Univision Investiga en la base de datos de la oficina de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos (FARA).
Para la fecha del acuerdo, 10 de diciembre de 2019, el entonces presidente Trump desconocía la autoridad de Maduro por considerar fraudulenta su reelección y había impuesto varias sanciones económicas a Venezuela. Trump solo reconocía a Juan Guaidó como presidente interino de ese país.
“El dominio de la tiranía de Maduro será aplastado y roto”, proclamó Trump.
Kise, quien acompañó a Trump a la audiencia de notificación de cargos en la corte federal de Miami el pasado 13 de junio, fue contratado por Muñoz para litigar contra las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro a Venezuela.
La reconocida firma internacional de abogados Foley & Lardner de la que Kise era entonces socio, pactó honorarios con Muñoz por 12.5 millones de dólares, según el acuerdo registrado con FARA, aunque en ese registro solo hay constancia de dos pagos que suman cerca de 3.05 millones.
Un experto explicó a Univision que posiblemente los demás desembolsos no se efectuaron por lo que la firma renunció al contrato antes de la fecha de su terminación, fijada para el 10 de mayo de 2020.
Kise reportó a FARA haber recibido los 3.05 millones de dólares de Fang Ming Limited y Chenfa Trade Co., compañías registradas en Hong Kong.
Pero el grueso del dinero fue transferido a otras firmas. Según los documentos, Foley & Lardner subcontrató por dos millones de dólares a Sonoran Policy Group, una oficina de cabildeo de Washington. La oficina es propiedad de Robert Stryk, un productor de vinos que fue asesor sin sueldo de la campaña presidencial de Trump en California y ha representado a líderes extranjeros en Washington.
Kise informó a FARA que además transfirió un millón de dólares al bufete Amsterdam & Partners para que continuara con el contrato.
La asesoría de Kise a Venezuela parecía andar sobre ruedas hasta que los medios revelaron la existencia del acuerdo a principios de 2020. Uno de los primeros en reaccionar fue el exgobernador de la Florida Rick Scott.
“Estoy asqueado al enterarme que su firma ha decidido no apoyar esta lucha [para sacar a Maduro del poder] y en su lugar escogió respaldar a Maduro”, afirmó Scott en una carta abierta a Foley & Lardner en la que no menciona a Kise.
“Mientras que ustedes representen a un peligroso dictador que está contra todo lo que este país ha construido, me rehúso a reunirme con cualquiera de su firma”.
Kise había sido procurador ( solicitor general) del gobierno de Scott y miembro de su equipo de transición al actual gobernador Ron De Santis. El solicitor general supervisa las apelaciones civiles y penales que involucran al estado.
Al conocerse la terminación del acuerdo con el procurador venezolano, un vocero de Foley & Lardner le dijo a la publicación Law.com que el bufete no haría comentarios por tratarse de asuntos de sus clientes.
Figura clave
La negociación con Venezuela estuvo precedida por una serie de acercamientos entre bastidores que pusieron en evidencia las posturas diametralmente opuestas de la política aplastante de Trump hacia Maduro y las actitudes conciliadoras de empresarios estadounidenses empeñados en mantener abiertas las puertas del régimen venezolano.
El papel de Stryk, el cabildero de Washington, fue clave en la antesala del acuerdo del abogado de Trump con el gobierno de Venezuela. Según The New York Times, en el verano de 2019, Stryk se entrevistó en Caracas con Maduro.
A la reunión asistieron el multimillonario magnate estadounidense del sector energético Harry Sargeant III y el conocido intermediario del gobierno de Venezuela Raúl Gorrín, quien había sido acusado el año anterior en Miami por lavado de dinero producto de la corrupción en ese país.
Stryk, quien se quejó frente a Maduro de que los asesores de Trump no mantenían bien informado a su jefe sobre los asuntos de Venezuela, “propuso un plan para revivir canales diplomáticos”, agrega el Times.
En ese momento Maduro tomó una figura de Trump hecha en chocolate y frente a los invitados simuló que le estaba dando la mano mientras decía: “Estamos reunidos todos ahora”.
El 10 de diciembre, unos seis meses despues del encuentro en Caracas, Kise y el procurador venezolano firmaron una carta de entendimiento. El abogado aclaró a FARA que representaba a Muñoz como individuo y no en funciones oficiales y itió que Estados Unidos no reconocía ese cargo público ni al gobierno que representaba.
Las actividades de asesoría legal se limitarían a las autorizadas por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC).
Sin embargo, en un cuestionario del formulario de FARA, Kise aceptó que Muñoz estaba “financiado”, “controlado” y “dirigido” por un gobierno extranjero, en este caso el de Maduro.
Abogado de cabecera
No es claro cómo logró Kise el contrato con el gobierno de Venezuela, pero se sabe que en la última década ha sido abogado de cabecera de Harry Sargeant III, el billonario empresario que participó en la reunión con Maduro en el verano de 2019.
Sargeant, quien fue director de finanzas del Partido Republicano de la Florida, ya se había reunido con Maduro en 2018, según se lo explicó a la agencia Reuters.
En esa ocasión le expresó al mandatario que Venezuela necesitaba a las compañías estadounidenses para reconstruir el país, agregó Reuters.
El empresario consideraba que las sanciones contra Venezuela ponían en desventaja a Estados Unidos frente adversarios como China y Rusia.
Semanas después del encuentro con Maduro, Erepla Services LLC, una de las empresas del portafolio de Sergeant empezó negociaciones con PDVSA para la recuperación de tres pozos petroleros en mal estado.
La compañía anunció que planeaba invertir 500 millones de dólares para aumentar la producción en los campos Tía Juana Lago y Rosa Mediano a cambio de un cincuenta por ciento del crudo producido.
“No hay duda de que ellos (el gobierno de Venezuela) estaban abiertos a los negocios de Estados Unidos”, le dijo Sargeant a Reuters.
El contrato con Erepla Services se vio afectado por una ola de sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
La relación de Kise con Sargeant se remonta a 2013 cuando el abogado representó al empresario en una batalla legal contra sus hermanos y su padre. En el litigio se ventilaron acusaciones mutuas de gastos suntuosos en mansiones, jets privados y automóviles de carreras con los dineros de una compañía familiar de asfalto en Texas.
Dos años después, las 14 demandas que generó la agria disputa familiar, entabladas en Florida, Texas y Maryland, culminaron con un acuerdo de las partes ante una corte de bancarrota de Palm Beach.
“Esta es una buena manera de que todo se resuelva y volver a las barbacoas familiares”, dijo entonces Kise.
Escándalo de sobornos
En 2020, Sargeant Marine, la compañía de producción de asfalto que estuvo en el centro de la disputa familiar, se declaró culpable en Estados Unidos de pagar sobornos a funcionarios y políticos de Venezuela, Ecuador y Brasil a cambio de obtener contratos.
Daniel Sargeant, hermano de Harry, se declaró culpable. Harry no fue mencionado en la acusación. Algunos de los sobornos fueron pagados antes de que saliera de la empresa por la querella familiar. Harry negó a la agencia Bloomberg cualquier involucramiento en los sobornos y dijo que no tenía intereses propietarios en la compañía acusada.
De acuerdo con varias acusaciones federales en la corte del Distrito Este de Nueva York consultadas por Univision, Sargeant Marine y otras filiales sobornaron a cuatro funcionarios de PDVSA y a cuatro intermediarios de los pagos. Entre los funcionarios se encontraba el ciudadano venezolano español Héctor Núñez Troyano quien manejaba las ventas de asfalto de PDVSA entre 2011 y 2015.
Núnez se declaró culpable en 2019 de cargos de lavado de dinero relacionados con los sobornos.
Sargeant Marine fue condenada a pagar una penalidad de 16.6 millones de dólares.
El acuerdo
Basándose en una ley de 1938 para reducir la influencia de propaganda extranjera en vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo obligatorio el registro de personas y entidades que actúen en este país en favor de intereses extranjeros.
La violación de la ley puede acarrear acusaciones criminales como lo comprobaron en 2007 dos empresarios venezolanos que fueron enviados por el gobierno de Hugo Chávez para intimidar a un testigo del gobierno federal de Estados Unidos en Miami.
El hoy abogado de Trump y el procurador venezolanos formalizaron el acuerdo de representación a través de una carta del 10 de diciembre de 2019 aportada a la base de datos de FARA. La carta identifica a Muñoz como procurador general.
Kise se comprometió a asesorar al funcionario en procedimientos istrativos o los que surgieran en tribunales o agencias de Estados Unidos.
En particular lo apoyaría en la revisión de las sanciones impuestas por OFAC a Venezuela y la estrategia para abordar al gobierno de Washington con miras a eliminarlas.
El 6 de enero de 2020, la firma de abogados recibió 49,848 dólares y tres días después 3 millones de dólares de las empresas de Hong Kong. Una de ellas, Chengfa Trade, fue incorporada en octubre de 2018 y la otra, Fang Ming Limited, en diciembre de 2016. No hay datos de sus socios o representantes en las bases de datos públicas.
La utilización de compañías de Hong Kong es una práctica extendida del gobierno venezolano para burlar las sanciones de Estados Unidos.
Varias de estas empresas de papel han sido mencionadas en numerosos artículos periodísticos relacionados con el polémico programa del gobierno venezolano de adquisición de alimentos, equipos de generación eléctrica y transacciones internacionales de oro.
Por instrucciones de Muñoz, el cinco de febrero de 2020 Foley & Lardner transfirió 1.05 millones de dólares al bufete Amsterdam & Partners para que continuara con la asesoría.
Dos días después el acuerdo entre Kiset y Muñoz fue cancelado por motivos no revelados en la carta de terminación.
Sanciones y derechos humanos
No hay ningún documento en la base de datos de FARA que refleje la actividad que desarrollaron Kise, Sonoran Policy Group ni Amsterdam & Partners en favor del procurador venezolano.
El abogado Bob Amsterdam, de la firma que asumió la representación, le dijo al reportero Joshua Goodman de la agencia AP, quien había revelado el acuerdo de Kise con Venezuela, que su trabajo se enfocaría en sanciones y en temas de derechos humanos, pero se negó a hacer precisiones.
“Nosotros no vamos a doblegarnos ante los dictados de la Florida”, dijo Amsterdam como respuesta a las críticas de Scott. “Pero no me gusta cuando se le niega representación a la gente”.
De acuerdo con un documento radicado en FARA en 2015, la firma Amsterdam & Partners fue contratada por el gobierno de Turquía para prestar consejería legal y representación en relación con la extradición de personas de Estados Unidos a ese país.
La agencia AP reveló que la persona de interés para Turquía en este caso es un enemigo político del presidente Recep Tayyip Erdogan, aliado clave del gobierno de Venezuela.
Según el portal de Amsterdam & Partners, la firma litigó contra el gobierno de Venezuela en representación del Four Season Resort & Hotel Group a raíz de un intento de expropiación de bienes de la empresa en ese país. También se precia de haber defendido activistas antigubernamentales de Rusia y Singapur.
Efecto bumeran
El procurador Muñoz Pedroza terminó castigado por la misma entidad de Estados Unidos que pretendía confrontar. En septiembre de 2020, OFAC lo sancionó “por facilitar los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la independencia y la democracia de Venezuela”.
De acuerdo con el comunicado de OFAC anunciando la sanción, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela le dio un espaldarazo a Muñoz para que asumiera la representación de los intereses del país en litigios internacionales.
La Asamblea Nacional de Venezuela rechazó la decisión calificándola de una “usurpación” de funciones de Muñoz pidió a los tribunales internacionales que no aceptaran al procurador como representante de Venezuela.
Esa petición tuvo eco en la corte federal de Miami donde Muñoz había contratado a los abogados locales William Tunker y Joseph Nascimiento para que representaran al país suramericano en la recuperación de fondos multimillonarios saqueados a PDVSA por actos de corrupción.
El 22 de mayo de 2019, el procurador especial de Venezuela José Ignacio Hernández, del equipo de Guaidó, pidió a los abogados que renunciaran a la representación del país, según una carta conocida por Univision Investiga y aportada a una megacausa criminal contra directivos, contratistas y banqueros acusados de fraude y sobornos en negocios con PDVSA.
En su carta cancelando el contrato con los abogados, Hernández alegó que Maduro no era un presidente reconocido por el gobierno de Estados Unidos.
Al día siguiente Tunker y Nascimiento firmaron un acuerdo aceptando el reclamo y fueron sustituidos.
Kise se retiró de la firma Foley & Lardner el día en que empezó a representar a Trump y se unió a Continental LLC, un bufete boutique de Miami. Según CNN, ha acumulado 3 millones de dólares en honorarios de Trump. Es una cantidad ligeramente menor a la que reportó por la representación del procurador de Maduro.