Deportaciones de Trump en primeros 100 días lejos de promesa de deportaciones masivas
Tom Homan, el ‘zar’ fronterizo, dijo el lunes que en los primeros 100 días del segundo mandato del presidente Donald Trump, el gobierno ha deportado 139,000 inmigrantes, la mayoría de ellos con antecedentes criminales y/o ordenes de deportación final.
El funcionario también dijo que las cifras de expulsados registradas por la istración, muestran a las personas que han sido detenidas en el interior del país y no en la frontera sur con México cuando intentaban ingresar indocumentadas.
Pero ante el secretismo mantenido desde el 20 de enero, cuando Trump asumió nuevamente el control de la Casa Blanca, no se conoce en detalle las identidades de la totalidad de deportados ni los cargos que les formularon, y tampoco si les concedieron el tiempo razonable, como ha dicho recientemente la Corte Suprema de Justicia, para que apelen o desafíen sus expulsiones de Estados unidos y defender sus derechos de permanencia.
“En los primeros 100 días, Trump ha transformado drásticamente el sistema de inmigración estadounidense”, señala un reciente informe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés). “Pero no está cumpliendo con los objetivos de deportación masiva” prometidos por Trump durante la campaña y ratificados tras ganar las elecciones del 5 de noviembre del 2024.
“El mayor daño, en estos primeros 100 días del segundo gobierno de Trump, es la creación de un trauma psicológico colectivo donde todo inmigrante se siente bajo ataque e inseguro en su persona y en su propiedad”, dice Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la organización Derechos Plenos de los Inmigrantes en Los Ángeles, California.
“Con el hecho que se han arrestado jueces, deportado indocumentados sin respeto al debido proceso, todo apunta a que no va a mejorar en el corto plazo la situación de los inmigrantes. Si continuamos esperando para que se corrija este comportamiento, debería ocurrir algo que, para sorpresa de todos, se creen las condiciones para que en el Congreso actúe de forma legislativa”, agregó.
Sin embargo, la esperanza de Gutiérrez por ahora no tiene señales visibles. En lo que va de la actual istración, el sistema migratorio ha sido modificado dramáticamente a golpe de decretos y órdenes ejecutivas, un poder concentrado en las manos de Trump.
Qué ha cambiado
Según el MPI, desde el 20 de enero se ha instalado una “mayor vigilancia fronteriza” y están aumentando las operaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para cumplir la promesa del presidente de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva de la historia.
Pero los datos entregados por Homan (buenos para la oposición y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, y malos para el gobierno y sus votantes) no cumplen la promesa de campaña de Trump. Si hasta ahora han sido deportados 139,000 inmigrantes, de aquí al 31 de diciembre, (faltan 247 días) siguiendo el mismo ritmo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habrá expulsado a 343,330 extranjeros. Es decir, un total en 2025 de 482,320.
La cifra es menor a la proyección de 1.5 millones, lanzada tanto por Trump como por Homan. Y no hay garantía alguna que sólo se tratará de extranjeros con antecedentes criminales o con una orden de deportación vigente. Y queda flotando en el ambiente la interrogante respecto a qué sucederá con los 12 o 13 millones de indocumentados, según datos el Pew Center y del DHS.
A la par de las deportaciones está el tema de las cancelaciones de visas. En ambos casos, las órdenes de la Casa Blanca exigen un cumplimiento basado en la velocidad, eliminar el tiempo razonable sobre el que sagradamente descansa el debido proceso.
“Están provocando un daño irreparable y masivo”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Por ejemplo vemos la revocación de visas por razones inventadas o no demostradas o simplemente por venganza, como por ejemplo los visados de estudiantes chinos”.
Velásquez dijo que, en este caso, “resultó en la auto-deportación de varios de estos estudiantes que no tuvieron otra salida que la de partir del país para no acumular tiempo de presencia ilegal en Estados Unidos”.
“Eso duele. No había salida exitosa para ellos y tuvieron que renunciar a sus estudios. Pero todo `para que días después, el presidente revirtiera esa política y decidiera dar marcha atrás con la cancelación de los visados. Todo esto se traduce en una falta al debido proceso, no dejan opciones para que los titulares de estas visas se defiendan. Todo es rápido, acelerado, sin oportunidad de apelar”, añade.
Velásquez señaló además que, el cambio de opinión de Trump “ocurrió tras varias demandas donde la mayoría de los jueces que actuaron estuvieron a favor de los estudiantes. Y al ver Trump que las cortes no estaban de acuerdo son sus políticas de revocación por ser arbitrarias, entonces cambió de parecer. ¿Qué es esto?”, se preguntó. “¡Es insólito!”, respondió.
La sombra del Proyecto 2025
La política migratoria de tolerancia cero de Trump, una versión actualizada de la implementada durante su primer mandato, fue diseñada por unos 170 lideres conservadores de la Fundación Heritage, quienes la plasmaron en el Proyecto 2025, del cual el mandatario quiso desligarse durante la campaña, pero luego incorporó en sui gobierno a varios autores, entre ellos Homan y Stephen Miller.
El plan incluye todos los programas vistos hasta ahora, comenzando con la declaratoria de una invasión de extranjeros permitida por el gobierno del expresidente Joe Biden, la invocatoria de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cancelación de todos los programas activados durante la istración anterior (entre ellas CBO One y Parole Humanitario), eliminación de los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS), suspensión de los programas de asilo y refugiados, otorgar poderes extraordinarios a los jueces para cancelar pedidos de beneficios sin audiencias, invocatoria de la Serie 1811 para que todas las fuerzas federales participen en la ejecución de la Ley de Inmigración (INA) y extender el programa de deportación acelerada de las 100 millas desde la frontera a nivel nacional, para de esa manera poder expulsar de manera expedita a todo extranjero que lleve menos de dos años en el país y no tenga una causa legal de permanencia.
La lista incluye decenas de otros cambios y modificaciones que han trastocado el debido proceso y cambiado drásticamente el sistema migratorio estadounidense. Y según el Proyecto 2025, los cambios que se avecinan causarán una transformación todavía más radical que lo visto hasta ahora en los 100 primeros días del segundo gobierno de Trump.
Una breve lista resume los cambios que se avecinan y que están sugeridos por el Proyecto 2025:
- Utilizar todas las herramientas legales para ejecutar la tolerancia cero;
- Eliminar la discreción para otorgar visas o beneficios;
- Eliminar el programa de visas H2a y H2B
- Otorgar a CBP, ICE y USCIS poder para emitir Notificaciones de Comparecencia (NTA) e iniciar procesos de deportación;
- Ordenar a ICE que deje de cerrar istrativamente casos de inmigración;
- Eliminar las visas U y T
- Insertar las agencias de inmigración en la comunidad de inteligencia;
- Establecer un sistema de inmigración legal basado en mérito
- No honrar órdenes judiciales cuando socaven esfuerzos regulatorios
- a todas las bases de datos sin excepciones;
- Reinstalar el Título 42,
Por último, a la lista hay que agregar la reciente confesión hecha por el director interino de ICE, Todd Lyons, durante la Expo de Seguridad Fronteriza 2025 celebrada en el Centro de Convenciones de Phoenix, Arizona.
Lyons reveló que su sueño para la agencia es que una flota de camiones capture inmigrantes para su deportación, de la misma manera que los camiones de Amazon recorren las calles entregando paquetes.
¿Y los 12 millones de indocumentados?
No se sabe. Por ahora el gobierno insiste en que todo extranjero que nunca haya entregado sus huellas digitales al gobierno o no haya sido itido legalmente en el país, debe cumplir con la disposición de registro habilitada desde el 11 de abril.
La herramienta, a la que se accede a través de la página web de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) pide, primero, abrir una cuenta personal, ingresar datos de identificación y luego llenar un formulario en inglés de 19 páginas. Luego la agencia, a través de la cuenta personal recientemente creada, le enviará una cita para que acuda a un centro biométrico donde entregará sus huellas digitales.
Una vez cumplido este requerimiento, recibirá un comprobante de registro que deberá llevar lleva siempre consigo. Si no lo lleva encima, lo detienen en la calle y le piden sus documentos, será multado con $5,000 dólares y 30 días de cárcel o ambas penas. Y si no se registra, recibirá una multa de $5,000 y seis meses de cárcel o ambas penas, además de recibir un cargo criminal por delito menor.
Una segunda herramienta habilitada por el gobierno se denomina CBP Home, que corresponde a la antigua CBP One. La gran diferencia radica en que, en vez de pedir autorización para entrar a Estados Unidos, el inmigrante que se encuentra en Estados Unidos de manera irregular le dice o informa al gobierno que desea irse.
Según el DHS, quienes usen el CBP Home podrán irse y regresar en busca del sueño americano. Pero no que no advierte o aclara el gobierno, es si la Ley del castigo o de los 10 años se activa una vez un indocumentado salga voluntariamente sin importar el tiempo de permanencia ilegal en el país.
El DHS tampoco explica que, una vez fuera de Estados Unidos, el inmigrante deberá pedir una visa de ingreso y llenar el Formulario DS-160, donde le preguntan su ha estado ilegalmente en el país, ha faltado a alguna audiencia judicial o ingresó sin isión. Cualquiera de las tres respuestas afirmativas le niegan el visado.
Un dato importante. El MPI revela que, en total, el gobierno de Trump ha tomado 175 medidas ejecutivas específicas para inmigración hasta el 22 de abril. Esto supera las 94 acciones de los primeros 100 días de la istración Biden y representa un aumento de casi seis veces con respecto a las menos de 30 acciones durante el mismo período del primer mandato de Trump.
El informe también advierte severas restricciones a la inmigración legal y mayores demoras en los procesos de adjudicaciones de USCIS.
Por ahora, presagian los analistas, “es probable que la istración Trump continúe intensificando las deportaciones con todas las herramientas y recursos disponibles, especialmente mientras explora nuevas estrategias para rescindir protecciones y agilizar las expulsiones con un debido proceso mínimo”.
Abogados consultados por Univision Noticias también temen la reactivación de una decisión tomada en 2027 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions (en el primer gobierno de Trump), quien ordenó a los fiscales de inmigración preservar el fin último de los juicios de deportación e impedir acciones que afectaran este objetivo, tal como el desafío de las órdenes de expulsión, parte clave del debido proceso migratorio.
