Militares dispararon 177 veces a los 7 civiles en Nuevo Laredo, dice informe
Los cinco hombres que murieron en Nuevo Laredo, y dos más que resultaron heridos el pasado 26 de febrero, fueron víctimas de un uso excesivo de la fuerza por parte de soldados mexicanos, quienes accionaron sus armas un total de 117 veces.
Esa es la conclusión a la que llegó una investigación realizada por la Comisión de los Derechos Humanos de México (CNDH) dada a conocer el martes.
El organismo autónomo acreditó en un extenso documento de 52 páginas que cuatro militares realizaron uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego, lo que resultó en la muerte de cinco personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones inherentes.
La CNDH emitió una recomendación dirigida al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional de México (SEDENA), en la que confirmaron los hechos ocurridos entre las 04:30 y 4:50 am del 26 de febrero pasado cuando siete civiles circulaban en un vehículo tipo pick-up después de salir de un centro nocturno.
El documento relata que los hombres fueron seguidos por 21 militares que se transportaban en cuatro vehículos oficiales mientras realizaban recorridos relacionados con la seguridad pública.
Cuatro militares dispararon de forma arbitraria
La CNDH señaló con base en análisis del expediente judicial que se cuenta con evidencias de que cuatro militares, identificados como AR1, AR2, AR3 y AR4 (AR por a Autoridad Responsable), accionaron sus armas de fuego de manera arbitraria en contra de los civiles quienes no iban armados.
“Dicha actuación derivó en un uso ilegitimo de la fuerza y uso ilegítimo de las armas de fuego que vulneró el derecho humano a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la vida, a la integridad y seguridad personal”, sostuvo la comisión.
La CNDH incluye en sus argumentos la declaración de los cuatro soldados actualmente detenidos en un campo de la SEDENA de la Ciudad de México.
AR1, por ejemplo, declaró ante el Ministerio Público que al realizar el patrullaje la madrugada del 26 de febrero por la colonia Cavazos Lerma, escuchó “detonaciones de armas de fuego y me percate que venía de frente a nosotros un vehículo (…) quien (sic) al observarnos giro a su derecha (…) y apagó sus luces, acto seguido volví escuchar más detonaciones de arma de fuego y (la pick-up) se dio a la fuga con las luces apagadas”.
Sin embargo, los videos que acompañan al expediente contradicen esta versión porque en ellos se puede observar que la camioneta en todo momento viajó con las luces encendidas.
“Personal de esta Comisión Nacional dio fe de un video agregado en la Carpeta de Investigación, en el cual se observa a los vehículos militares en seguimiento del Vehículo Particular 1 y éste presentaba sus luces debidamente encendidas”.
Agresión contra civiles fue ilegal
La CNDH asegura “que en ningún momento se realizó comando de voz alguno, que AR3 disparó directamente a la parte trasera del Vehículo Particular 1 (la pick-up), sin constatar que efectivamente se acreditara una situación de riesgo real e inminente contra los elementos de la SEDENA, y con ello se confirma lo dicho por AR1, AR2 y AR4, que ellos dispararon al percatarse que AR3 accionó su arma de fuego”.
Según la investigación, AR1 utilizó 15 cartuchos; AR2, 30; AR3, 42; y AR4, 30, es decir un total de 117 percusiones.
La CNDH concluyó que los siete hombres, los cinco fallecidos y los dos heridos, uno de ellos ciudadano estadounidense, “fueron víctimas de un uso excesivo de la fuerza a través del uso ilegítimo de armas de fuego, en virtud que de sus declaraciones no se advierte que los citados elementos hayan intentado realizar maniobras menos letales en contra de las víctimas, y que el uso de las armas de fuego en contra de estas haya sido estrictamente inevitable”.
La comisión solicitó al secretario Sandoval que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y registre en el Registro Nacional de Víctimas a las siete personas agraviadas, incluyendo a los integrantes de sus núcleos familiares, para que se proceda a la inmediata reparación integral del daño.
Aadicionalmente, pidieron la atención médica, psicológica y tanatológica que las víctimas directas sobrevivientes e indirectas requieran.
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