Jueza cuestiona que gobierno utilice el término de "secreto de Estado" en caso Kilmar Abrego
GREENBELT, Maryland — Este viernes 16 de mayo se realizó una audiencia sobre el caso Kilmar Abrego, en la que una jueza federal desestimó los argumentos del gobierno del presidente Donald Trump para retener información clave bajo el argumento de secreto de Estado.
La jueza de distrito Paula Xinis afirmó que el razonamiento del Departamento de Justicia se resume en un simple “créame”, sin detalles suficientes para justificar el uso del privilegio legal, comúnmente reservado para casos de inteligencia y defensa nacional.
Además exigió mayor transparencia sobre las acciones que el gobierno está realizando –o no– para regresar al hombre deportado por “error istrativo”, tal como se ordenó en la Corte Suprema. Xinins ordenó su regreso el pasado mes de abril.
“Simplemente no hay detalles. Esto es básicamente ‘créame’”, dijo Xinis en la audiencia del viernes. “No tiene que ser súper detallado, pero tiene que aportarme algo”.
Protestas durante la audiencia
Afuera de la Corte de Greenbelt, cientos de personas se congregaron para manifestarse sobre el caso Kilmar Abrego, el cual se ha convertido en un ícono de las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump y las deportaciones sin un debido proceso.
Varios oradores hablaron al respecto, dijeron que no pueden seguir viviendo con miedo y que no descansarán hasta que Kilmar haya regresado a casa, algo que consideran que sí ocurrirá. En las pancartas podía leerse que “cualquiera puede ser el siguiente”, agradecimientos a la jueza Xinins y varias consignas más que muestran el significado del caso, no solo para la comunidad migrante.
Gobierno alega amenazas a seguridad nacional
Los abogados de la istración Trump afirman que divulgar información sobre los esfuerzos para repatriar a Abrego García pondría en riesgo la seguridad nacional y dañaría las relaciones diplomáticas.
Sostienen que muchos de los documentos solicitados están protegidos por los privilegios de secretos de Estado y deliberación gubernamental.
No obstante, Xinis cuestionó la falta de evidencia concreta y pidió una justificación más sustancial para evaluar si el privilegio se aplica en este contexto.
El abogado del Departamento de Justicia, Jonathan Guynn, sostuvo que se han presentado más de 1,000 páginas de documentación como prueba de cumplimiento con la orden judicial, y que el gobierno no está obligado a revelar información confidencial, ni siquiera a la jueza, para invocar el privilegio.
Críticas a la falta de cumplimiento y transparencia
Los abogados de Abrego García argumentan que el gobierno no ha hecho esfuerzos reales para repatriarlo, señalando declaraciones públicas contradictorias de altos funcionarios, incluyendo al expresidente Trump y a la fiscal general Pam Bondi, quien declaró: “Él no regresará a nuestro país”.
“Mientras en los tribunales dicen que están cumpliendo, en público afirman lo contrario”, dijeron sus representantes legales.
La defensa también cuestionó que el gobierno use el privilegio para ocultar errores istrativos, recordando que la deportación fue reconocida por el propio gobierno como una “equivocación”.
Con información de AP
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