“Es cosa de Dios”: venezolano a punto de ser deportado narra cómo casi lo suben al avión y lo regresaron a la cárcel
Armando es uno de los más de 60 inmigrantes venezolanos que iban a ser deportados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado a El Salvador en aviones por agentes federales encabezados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y que la Corte Suprema de Justicia ordenó que no se hiciera en una rara decisión anunciada la madrugada del sábado..
Cuenta que en horas de la tarde fueron sacando de los dormitorios del Centro de Detención Bluebonnet de ICE en Dallas, Texas, a pequeños grupos de cuatro y los llevaron a autobuses estacionados en uno de los patios. “Cuando el bus arranco. Iban nueve patrullas adelante y nueve atrás con agentes armados y trajes antimotines”.
Los nervios, el miedo y la incertidumbre se habían apoderado de todos ellos, inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de un sueño y ahora eran prisioneros de una severa política migratoria de tolerancia cero.
“Llegamos a un aeropuerto privado. Ahí estaba un avión. En el autobús éramos como 65. No nos dijeron nada, nos sacaron del dormitorio y nos llevaron a un patio con oficiales con vestimentas oscuras”, reitera.
Cuando llegaron a su destino, la caravana se detuvo. “En el aeropuerto no nos dijeron nada, dieron vuelta de regreso al centro de detención”.
Armando recuerda que el autobús salió del centro a eso de las 5 de la tarde (hora de Texas) y regresaron después de las 6:30.
“Tampoco nos dijeron nada. Que lo que pasó es cosa de Dios”. Y luego indicó: “Dijeron que había pasado (había sido suspendida) la deportación porque estábamos en Semana Santa”.
Nadie les explicó que la operación había sido bloqueada por una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia en respuesta a un recurso de emergencia.
Al poco tiempo de regresar a los dormitorios, los inmigrantes se percataron que las autoridades habían bloqueado sus cuentas para hacer llamadas y video llamadas con sus abogados y familiares. “No tenemos dinero para llamar”, dice Armando.
“Aquí hay personas que llegaron a Estados Unidos con 3 años. Y Tenemos tatuajes, todos tenemos tatuajes, cualquier tipo de tatuaje”.
No firmaron salidas voluntarias
“Me están acusando injustamente”, dice otro de los venezolanos que entre el viernes y la madrugada de este sábado estuvo a punto de ser deportado por ICE en una conversación que sostuvo vía telefónica con su abogado, Ángel Álvarez. “Me hicieron (trataron de obligarlo con engaños a) firmar un papel (un formulario de salida voluntaria) y me van a deportar sin motivo, sin juez”, agrega.
La desesperación y el miedo son latentes a toda hora. “Yo me negué a firmar y me encerraron en un cuarto… Estoy esperando a que me deporten y me van a deportar vaya a saber dónde”, añade, presagiando que quizás sea a El Salvador, el destino donde el pasado 15 de marzo más de 230 otros venezolanos fueron enviados en tres vuelos y entregados a la custodia del gobierno de El Salvador.
Aquel traslado, sin embargo, causó un grave enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial porque unas cinco horas antes de que el gobierno de Estados Unidos cediera la custodia de los deportados, un juez federal de distrito le había ordenado al gobierno detener las deportaciones, y que los aviones que se hallaban en vuelo, según confesó uno de los abogados del Departamento de Justicia que luego fue suspendido de sus funciones, regresaran a Estados Unidos.
Las autoridades de inmigración y los ministerios y agencias que participaron en las expulsiones no acataron la orden judicial y el caso escaló hasta la Corte Suprema, instancia que en un segundo fallo ordenó al gobierno que “facilitara” el regreso de uno de los extranjeros deportados, además que otorgara un tiempo razonable para que todos los expulsados, y quienes vayan a ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, puedan impugnar sus expulsiones de Estados Unidos en el marco del debido proceso.
Estaban listos para deportarlos
“Estamos felices con esta noticia del freno a las deportaciones”, dice Álvarez, quien representa a varios de los venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet de ICE. “Esta madrugada la Corte Suprema, en una decisión 7-2, emitió una orden cautelar tras una petición de emergencia para que dicte un ritus mandamus, acción que otorga la posibilidad de parar acciones de agencias federales”.
Álvarez explicó que, desde el viernes, decenas de inmigrantes que fueron acusados por el gobierno de pertenecer al Tren de Aragua (TdeA, grupo criminal venezolano que el gobierno de Donald Trump incluyó en la lista de organizaciones terroristas), estaban siendo trasladados en autobuses desde el centro de detención de Bluebonnet hacia un aeropuerto para ser embarcados en aviones y expulsarlos del país.
“Muchos de ellos tienen audiencias de corte pendiente, fueron detenidos por el gobierno sin que se les respete el debido proceso”, denunció Álvarez.
‘Mandamus’ (latín) significa ‘nosotros ordenamos’. Cuando un tribunal, en este caso la Corte Suprema, concede un mandamus, ordena a un empleado o funcionario del Gobierno que lleve a cabo una acción.
Durante la mayor parte de la tarde del viernes la oficina de Álvarez recibió varias llamadas de clientes detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet de ICE en Dallas.
“Y también de familiares de los detenidos. Estaban llorando, desesperados. Se trata de personas que iban a ser enviadas a El Salvador, a la cárcel CECOT, sin derecho a defensa. Por eso nos movimos rápido para argumentar y presentar acciones para evitar que el gobierno llevara a cabo sus planes de deportación”.
‘Álvarez también contó que uno de los denominadores comunes entre los detenidos son los tatuajes. Y que entre los detenidos en el centro Bluebonnet de ICE en Dallas, hay un padre de familia que se hizo un tatuaje cuando estaba en Chile.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es una polémica cárcel construida en El Salvador por el presidente Nayib Bukele en su estrategia para poner fin a las pandillas en se país centroamericano.
El 15 de marzo, El Salvador recibió la custodia de 234 venezolanos deportados por Estados Unidos acusados de cargos de terrorismo y expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley para ser utilizada en tiempos de guerra pero que fue invocada por Trump en tiempos de paz como parte de su política migratoria de tolerancia cero.
El jueves, los representantes Gregory W. Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes; y Joaquín Castro, miembro de mayor rango del Subcomité del Hemisferio Occidental, enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para exigirle detalles sobre el acuerdo entre los gobiernos de Washington y San Salvador para el envío y detención de personas deportadas por los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) de Estado al CECOT.
Además de conocer el monto acordado por ambos gobiernos, los congresistas, pidieron una descripción detallada y completa de las competencias legales en las que se basa el Ejecutivo para realizar el acuerdo, y piden una descripción detallada y completa de las cuentas de asistencia mediante las cuales el Departamento de Estado ha facilitado las deportaciones al país centroamericano.
