Por qué la familia de la niña de 12 años estrangulada en Texas desea la cadena perpetua para los culpables y no la pena capital
Tras confirmarse que Jocelyn Nungaray, la niña de 12 años que murió estrangulada en el norte de Houston, también fue abusada sexualmente, de familia de la menor sostuvieron que se sentirían más aliviados si los responsables recibieran la cadena perpetua y no la pena capital.
Las autoridades en Texas han señalado a Johan José Martínez Rangel, de 22 años, y Franklin José Peña Ramos, de 26, como los principales sospechosos del crimen y un juez les fijó una fianza de 10 millones de dólares.
Ambos son inmigrantes venezolanos que habían ingresado de forma irregular a los Estados Unidos.
El cuerpo de Nungaray fue encontrado el 17 de junio atado de pies y manos en un arroyo en el norte de Houston, cerca de donde vivía la menor con su familia.
Los análisis forenses realizados al cuerpo revelaron que murió por estrangulamiento y estudios posteriores indicaron que también fue abusada sexualmente. El delito de abuso sexual es elegible para la pena capital en Texas.
Los dos individuos enfrentan cargos por el homicidio de la menor, pues los fiscales aún no determinan quién de los dos o si ambos cometieron el abuso. Peña Ramos dijo en una audiencia ante un juez que fue Martínez Rangel quien desvistió a la menor e intentó besarla y después la mató.
Antes de comprobarse que la menor había sido abusada sexualmente, la fiscal del Condado de Harris, Kim Ogg, declaró que analizarían la aplicación de la pena capital.
Sin embargo, agregó, la decisión se hará tomando en cuenta la opinión de un gran jurado, de los fiscales y de los familiares de la víctima.
Abuelo pide cadena perpetua, no pena capital
En una entrevista con medios locales en Houston, Kevin Alvarenga, abuelo de la niña, declaró que el deseo de la familia es que los responsables de la muerte de su nieta enfrenten la cadena perpetua.
Alvarenga sostuvo que esto sería el castigo ideal para que ambos recuerden a diario lo que le hicieron a la menor.
“Prefiero que ellos recuerden esto con la población en general (de la prisión). Cadena perpetua, sin posibilidad de fianza, de esa forma van a recordar todas las noches cuando se vayan a dormir, la cosa terrible que le hicieron a nuestra familia”, declaró.
Por su parte, Melfri Vargas, esposa de Alvarenga, también declaró medios de comunicación locales que ella se opone a la pena capital en el caso.
“Quiero que recuerden a Jocy el resto de sus vidas”, declaró Vargas. “Quiero que cada vez que se vayan a dormir, recuerden lo que hicieron y que le muestren a los demás que no se deben meter con una niña”.
La madre de la niña, Alexis Nungaray, ha hecho reiteradas demandas de justicia en el caso del asesinato de su hija, a quien vio por última vez el 16 de junio cuando la niña se fue a dormir a su habitación.
La ha descrito como una niña "dulce" y "amable" a la que le gustaban los animales y cuya vida fue interrumpida por "monstruos".
Tras el hallazgo del cuerpo de la menor al día siguiente, las autoridades en Texas han reiterado que buscan hacer justicia en el caso.
El debate sobre los acusados
La nacionalidad de los dos principales acusados también se ha convertido en un punto de debate a nivel local y nacional que ha tomado tintes políticos.
Particularmente, el estatus migratorio de ambos ha sido utilizado por políticos republicanos de Texas para criticar las políticas migratorias del gobierno federal.
Ambos inmigrantes habían ingresado de forma irregular a territorio estadounidense y habían estado en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
A los dos se les puso en libertad mientras su caso era analizado por un juez de inmigración.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, rápidamente dijo que la niña “estaría viva” si el presidente demócrata Joe Biden, “aplicara las leyes migratorias en la frontera”.
El mismo argumento ha sido repetido sobre el caso por el senador republicano Ted Cruz y por el virtual candidato presidencial del mismo partido, Donald Trump.
Estadísticas indican que la cantidad de delitos cometidos por inmigrantes es mínima en comparación con los cometidos por los nacidos en Estados Unidos.
De acuerdo con datos oficiales, en 2022 el 0.2% de los detenidos por cometer un delito en ese año fueron inmigrantes.
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