Un juzgado federal libera a ocho militares mexicanos acusados en el caso Ayotzinapa
Un tribunal federal mexicano decidió el jueves cambiar la medida cautelar de prisión para ocho militares acusados en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014 —el conocido como caso Ayotzinapa— , con lo que ahora podrán seguir su proceso en libertad, informó el abogado de las víctimas.
Los militares, procesados por desaparición forzada y delincuencia organizada, habían sido liberados a principios de año aunque, poco más tarde, volvieron a ser detenidos. Ahora, después de un mes de audiencias, el tribunal que lleva su caso volvió a determinar que podrán seguir el proceso fuera de la cárcel.
Los soldados pertenecían a los batallones 27 y 41 de Infantería de Guerrero, estado del sur de México en el que ocurrió el crimen el 26 de septiembre de 2014 por un presunto contubernio de grupos criminales y autoridades, incluyendo al Ejército. El juzgado, ubicado en el Estado de México, consideró innecesaria e injustificada la prisión preventiva para los militares, aunque la Guardia Nacional argumentó que existe un "alto" riesgo de fuga.
La decisión de liberarlos ocurrió por un "criterio parcial y sesgado", según denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha acompañado a las familias de los jóvenes desaparecidos.
El Centro Prodh y las organizaciones Fundar, Talchinollan y SeraPaz, que también han seguido el crimen, acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de "seguir litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos".
"Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar sin contrapesos afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso", concluyeron en un breve comunicado.
Las protestas por el caso Ayotzinapa se han incrementado ante las elecciones presidenciales del 2 de junio, pues los estudiantes actuales y familias acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger a militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes y de incumplir su promesa de resolver el caso.
La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó en agosto de 2022 que el hecho fue un "crimen de Estado" en el que participaron grupos criminales en colusión con autoridades de todos los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas.
43 estudiantes de Ayotzinapa, una década desaparecidos
A casi diez años de la desaparición el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, no está claro ni el móvil ni el destino de los estudiantes de la escuela normal rural Ayotzinapa, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos. Las autoridades creen que todos fueron asesinados por de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos efectivos militares.
La participación de las fuerzas armadas fue mencionada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de la gestión de López Obrador y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigaron el caso ocho años. Sin embargo, no está claro hasta dónde llegó su actuación en lo que esto gobierno calificó como un “crimen de Estado”.
El presidente mexicano, que ha multiplicado el poder de los militares durante su istración, se ha referido a un puñado de elementos.
Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de los militares fue mucho mayor a la reconocida por las autoridades y critican que el Ejército sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para esclarecer los hechos.
Hay decenas de detenidos en este caso. El exprocurador general de México Jesús Murillo Karam es el de más alto rango y está acusado de obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada. Sus abogados consiguieron que un juez le concediera el beneficio de prisión domiciliaria en abril por su estado de salud y tener más de 75 años.
A punto de concluir la actual istración, que comenzó en diciembre de 2018 y terminará en septiembre, la relación entre el presidente López Obrador y los padres de los estudiantes se ha tornado muy tensa. Los parientes de las víctimas se sienten traicionadas por el mandatario, que les prometió averiguar toda la verdad sobre los jóvenes desaparecidos y el caso está aún sin cerrar.
Con información de EFE y AP.