Una investigación insólita de “lavado de dinero” en Nicaragua: decenas de periodistas son vinculados
MANAGUA, Nicaragua.- En la sede central del Ministerio Público de Nicaragua se repite una imagen peculiar desde hace una semana: periodistas y propietarios de medios de comunicación llegan acompañados de sus abogados para ser entrevistados por los fiscales que dirigen una investigación de supuesto lavado de dinero, insólita en ese país. Cada día crece y vincula a decenas de reporteros en un señalamiento abierto contra Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial opositora que más simpatías registra en las encuestas para enfrentar en las elecciones de noviembre a Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja presidencial que busca perpetuarse en el poder.
La imagen es peculiar no solo porque los citados son rostros conocidos por su labor, sino porque son vigilados por un contingente de fuerzas especiales de la policía y civiles afines al gobierno sandinista, quienes graban con celulares a los periodistas que le dan cobertura a la citatorias de sus colegas implicados en el caso.
Todo empezó de forma violenta el jueves 20 de mayo, cuando Chamorro fue notificada de la investigación en su contra. La policía allanó y asaltó la sede de la revista Confidencial por segunda vez en tres años, pese a que esa publicación no tiene nada que ver con la ONG que ella dirigía.
El gobierno Ortega-Murillo alega que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro —de la que Cristiana Chamorro era presidenta— “incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador y del análisis a los Estados Financieros en el período 2015–2019”. El oficialismo señala que hallaron “claros indicios de lavado de dinero; por lo que el ministerio de Gobernación ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”.
Chamorro se presentó el mismo día al Ministerio de Gobernación con toda la documentación y estados financieros que, según ella, desmontan la investigación que cataloga como una “monstruosidad jurídica” en su contra. La precandidata presidencial sostuvo que el verdadero objetivo de este señalamiento es inhibir su aspiración presidencial.
Chamorro representa una figura moral gracias al legado de sus padres (la expresidenta Violeta Barrios y el mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista) en un momento en que la oposición nicaragüense está dividida. Ella es perfilada por varios sectores como la única persona capaz de cohesionar a la disidencia del régimen sandinista.
A la apertura de la investigación por lavado de dinero le antecedió una fuerte campaña de propaganda sandinista contra Chamorro, bautizada “la lavandería de los Chamorro”. Los señalamientos están dirigidos en específico contra la Fundación Violeta, que desde hace más de dos décadas ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades de medios de comunicación en Nicaragua, en especial en su evolución hacia lo digital. Sin embargo, la ONG cerró en febrero pasado para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros promulgada por los Ortega-Murillo, una normativa que criminaliza la cooperación internacional.
La precandidata presidencial afirmó que todos los proyectos de la Fundación Violeta fueron “lícitamente financiados por la cooperación internacional” y que “todos los convenios con organizaciones no gubernamentales en Nicaragua”, como el que ella encabezaba, son “debidamente aprobados por el Ministerio de Relaciones Exteriores”. “Todos, sin excepción, son reportados al Ministerio de Gobernación, que año con año nos extendió cartas de cumplimiento y satisfacción”, argumentó.
"Un plan para silenciar" a la prensa
Aunque Cristiana Chamorro y dos extrabajadores de la Fundación Violeta son los indiciados, pronto el Ministerio Público comenzó a citar “urgentemente” a periodistas para “entrevistas”. Entre ellos a María Lilly Delgado, corresponsal en Nicaragua de Noticiero Univision, y al fotoperiodista Carlos Herrera, quien ocasionalmente colabora con esta edición digital.
Delgado dijo que fue citada “dentro de un plan para silenciar” a la prensa independiente en un año electoral en el que la labor del periodismo es clave para documentar un proceso que ha sido tildado de falto de transparencia por organismos internacionales, como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Pretenden implicarme en el mismo proceso arbitrario que siguen contra Cristiana Chamorro”, denunció la corresponsal de Univision antes de entrar a la Fiscalía.
Hasta la publicación de este artículo, 18 reporteros y propietarios de medios han sido convocados por los fiscales. Desde las primeras citaciones las anomalías jurídicas fueron denunciadas. La periodista de Univision Noticias dijo que los fiscales le prohibieron dar su declaración junto a sus abogados. Como ella puso resistencia invocando el derecho constitucional a la tutela jurídica, el Ministerio Público la amenazó, le dijo que si quería la presencia de sus defensores pasaría de ser “testigo a imputada”.
La denuncia de Delgado y de los otros extrabajadores de la Fundación Violeta sobre lo sucedido obligaron a la Fiscalía a retractarse, pero en un comunicado acusaron a la corresponsal de Univision de haberse negado “en todo momento a declarar y colaborar” con la investigación. La periodista afirmó que había firmado un acta en la que dejaba constancia de que estaba “dispuesta a colaborar con las autoridades”, por lo que considera poco transparente la actitud de los fiscales. Después de esto, a los siguientes reporteros citados les permitieron ingresar con sus abogados.
La Fiscalía de Nicaragua tiene nula credibilidad. Organismos de derechos humanos señalan a esa institución de “fabricar” casos políticos contra opositores y “disfrazarlos” con delitos comunes. De hecho, en octubre de 2020 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la fiscal general Ana Julia Guido “por formar parte de un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional para fabricar casos contra presos políticos y sus familias”.
Citaciones que no paran
La corresponsal de Univision y los primeros convocados por la Fiscalía han vuelto a ser citados sin saber exactamente las razones. El caso de supuesto lavado de dinero se ha vuelto una trama que cada vez abarca a más periodistas y medios de comunicación independientes de Nicaragua, que desde las protestas sociales de 2018 han sido constantemente atacados por el gobierno sandinista por investigar y dar cobertura a la crisis sociopolítica y de derechos humanos.
“Yo soy reportera como ustedes”, dijo Delgado al salir de la Fiscalía y relatar lo sucedido a sus colegas que le daban cobertura a la citatoria. “Yo vengo aquí con mi coraza, que es la verdad”.
Pedro Vaca, relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que “cuesta creer que en un Estado democrático de derecho, la Fiscalía cite a periodistas en una causa por ‘lavado de dinero’ de un día para otro”. Agregó que “Nicaragua sufre un descomunal atropello a las libertades civiles”.
Pese a la condena internacional que ha generado esta nueva escalada contra el periodismo independiente, el gobierno Ortega-Murillo no se detiene. No solo las citaciones siguen llegando a más periodistas, sino que este lunes 24 de mayo el gobierno congeló las cuentas de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien denunció también que los extrabajadores de la Fundación Violeta investigados junto a ella, Walter Gómez y Marcos Fletes, “sufren acoso de paramilitares de la dictadura”.
“El dictador Ortega está desenfrenado en contra de la libertad de expresión y el periodismo independiente, pero como siempre, se confunde... cree que con farsas y procesos judiciales viciados, podrá amordazar al periodismo independiente y acabar con las aspiraciones del pueblo, que en noviembre, lo derrotará por la vía electoral”, sostuvo Chamorro.
