"Nos estamos muriendo lentamente": exsoldados colombianos detenidos en Haití denuncian tortura
Los exsoldados colombianos detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse han acusado a las autoridades locales de tortura, afirmando que les han golpeado, quemado y extraído las uñas de los dedos, entre otras cosas.
En un breve audio de dos minutos y medio uno de los exsoldados colombianos que no se identifica señala que solo reciben una alimentación al día y son presionados para que declaren para aceptar los cargos por el asesinato del presidente haitiano.
El audio fue enviado a Univisión Noticias por un grupo que representa a algunas de las familias de los prisioneros. "No tenemos defensa, no tenemos abogados, quieren absolver a los verdaderos culpables de la muerte del presidente", indica al comienzo de la grabación. Se queja de que no cuentan si quiera con un abogado para que los defienda y represente ante las acusaciones, y que no permiten o con sus familiares.
Según el grupo MIPOFAAMCOL, que aboga por las familias de los soldados, el interlocutor es el capitán Germán Rivera, uno de los ex soldados más veteranos detenidos.
"Nos estamos muriendo lentamente, nos han condenado a muerte por hambre, necesitamos su ayuda, somos 18 colombianos de bien, engañados", narra con la voz entrecortada el militar que le pide ayuda al presidente colombiano Iván Duque, a la Cancillería, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Engañados"
Los detalles de las supuestas torturas también figuran en una carta del 6 de septiembre dirigida al presidente de Colombia y a otros altos funcionarios. En la carta, los soldados dicen que fueron "engañados" por la empresa estadounidense que los contrató para un contrato de seguridad en Haití y que ahora se les acusa de "actos de los que no somos responsables".
La Penitenciaría Nacional de Haití, donde están recluidos, es uno de los centros penitenciarios más infames del hemisferio.
En la carta, los exsoldados acusan a las autoridades de mantenerlos esposados durante 24 días, de recibir una alimentación inadecuada y de mantenerlos en condiciones insalubres sin a baños adecuados.
Señalaron que sólo se les da de comer una vez al día y que algunos de los exsoldados han perdido hasta 44 libras.
En otra petición de apoyo humanitario y legal, un grupo que representa a los soldados de la reserva pidió la intervención a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, "conforme a tratados y derecho penal internacional".
Irregularidades legales
La petición del grupo MIPOFAAMCOL citaba una serie de irregularidades legales en el manejo de la investigación del asesinato. "Los militares colombianos de la reserva manifestaron temer por sus vidas en Haití ... por ser uno de los países más corruptos y sin garantías en materia de derechos humanos, del hemisferio", señaló.
Las autoridades haitianas han detenido a más de 40 sospechosos del asesinato de Moïse. Mientras tanto, un juez de paz y varios empleados de la istración de justicia que investigan el caso se han escondido tras ser amenazados de muerte si no cambiaban ciertos nombres y declaraciones en sus informes.
Además, un juez haitiano encargado de supervisar la investigación dimitió el mes pasado alegando motivos personales. Se fue después de que uno de sus asistentes muriera en circunstancias poco claras. La semana pasada el fiscal de Puerto Principe también fue despedio por el primera ministro.
o con familiares
Ni la oficina del presidente de Colombia ni el Ministerio de Asuntos Exteriores devolvieron inmediatamente los mensajes solicitando comentarios. Una portavoz de la Policía Nacional de Haití no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
En una respuesta a MIPOFAAMCOL, fechada el 12 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano dice que ha solicitado la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Organización Internacional para las Migraciones, "con el fin de salvaguardar los derechos humanos de los connacionales y su integridad física".
Los familiares dicen haber recibido algunas cartas y mensajes de audio, pero no desde hace dos semanas.
Pero José Espinosa, de MIPOFAAMCOL, el grupo que representa a las familias de los presos, dijo que las pruebas en contra de los ex soldados no tenían validez legal. "Al no tener un debido proceso por si ya esta viciada el proceso", dijo.
"Esto ya no parece esta preso, es como un secuestro", dijo Iren Ramírez, quien aseguró que no sabe nada de su hijo, Jhon Jairo Ramírez, desde el 25 de agosto.
"No sabemos que está pasando realmente," agregó.
