Las órdenes migratorias firmadas por Trump: enmarca sus deportaciones, busca el fin de la ciudadanía por nacimiento y reinstaura 'Quédate en México'
En su primer día de gobierno, el presidente Donald Trump tomó posesión y de inmediato, firmó más de una decena de órdenes ejecutivas relacionadas con el tema migratorio. Incluían el fin del derecho a la ciudadanía por nacimiento, así como la reinstauración de políticas fronterizas para frenar de forma drástica la entrada de inmigrantes y devolverlos a sus países o a México.
Por la noche, desde el centro de convenciones de Capital One firmó el primer paquete de órdenes ejecutivas para rescindir políticas migratorias de su antecesor, Joe Biden, al catalogarlas como "dañinas". Incluían el fin de las prioridades de deportación que Biden aprobó en enero de 2021, y con las que había puesto en su mira a inmigrantes que hubieran cometido crímenes serios.
El mandatario también puso fin a la fuerza de trabajo para la reunificación de familias, que se creó en 2021 y logró reunir con sus padres a 795 niños separados en la frontera por Trump en su primer mandato. La cifra fue publicada en un reporte del Departamento de Seguridad Nacional en abril de 2024.
Trump también rescindió otra medida de febrero de 2021 que establecía un marco regional para atender las causas de la migración a Estados Unidos desde países de Centroamérica y una más sobre el tratamiento del programa de refugiados.
Poco después, en una Oficina Oval llena de periodistas que le hacían preguntas sin parar, firmó la declaración de emergencia nacional en la frontera, otra orden con la que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y la proclamación de "protección ante una invasión en la frontera sur".
"Estoy completamente de acuerdo con la migración legal", dijo a periodistas mientras estampaba su firma en el papel.
Luego, decretó una orden más con la que declaraba a los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas".
"Nada se interpondrá en nuestro camino", dijo al cierre de su discurso al hablar de las políticas que pondrá en marcha en los cuatro años por venir.
La declaración de emergencia en la frontera sur
Entre las primeras órdenes ejecutivas firmadas desde la Casa Blanca estuvo la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur, una de sus prioridades para este gobierno, pero también en su mandato anterior.
Con la declaración de emergencia, Trump podrá echar mano de recursos para tener a fondos —sin aprobación del Congreso— y así, desplegar decenas de efectivos militares y tecnología en la frontera. "Para repeler la invasión desastrosa de nuestro país", dijo el mandatario el lunes por la mañana en su discurso, pese a que la cifra de arrestos en la frontera sur para diciembre mostró su mayor descenso en los últimos cuatro años y ha venido disminuyendo de forma sostenida desde septiembre como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno de Joe Biden.
Justo para ese mes, Biden anunció una regla final con la que cerró los puertos fronterizos a extranjeros sin una causa legal de permanencia cuando el número de detenciones superaran los 2,500 durante una semana. La medida quedaba sin efecto cuando los arrestos bajaran de 1,500 en el mismo periodo. Esta política mantuvo el cierre de la frontera y cementó las restricciones al derecho al asilo en Estados Unidos.
La orden ejecutiva firmada por Trump este lunes establece el despliegue de guardias nacionales y reservistas en la frontera para apoyar al Departamento de Seguridad Nacional "en la obtención del control operacional completo en la frontera sur" que, asegura sin evidencias, está en manos de cárteles y pandillas. Ordena tomar acciones para la construcción de más millas de muro fronterizo y exige a los secretarios de defensa y seguridad nacional tomar medidas para "impedir y denegar la entrada no autorizada de extranjeros" a través del límite con México.
Finalmente, la orden le da 30 días a los secretarios de defensa y seguridad nacional para presentarle un reporte al presidente en el que se detallen las acciones que se tomen en ese tiempo. Y en 90 días, ambos secretarios deben presentarle otro informe conjunto con la situación en la frontera y sus recomendaciones adicionales.
En el pasado, Trump ya llamó a una emergencia en la frontera sur. En abril de 2018, anunció que protegería el límite con la presencia de la Guardia Nacional mientras conseguía los fondos para continuar con la construcción del muro.
Reimplementación de 'Quédate en México': CBP One fue desactivada
Tal como lo dijo en su discurso en el Congreso, Trump firmó la orden ejecutiva "Asegurando nuestras fronteras", en la que reinstauró su política 'Quédate en México', conocida oficialmente como los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Esta política fue implementada en su primer gobierno y dejó hasta su fin —ya en el gobierno de Biden— a más de 70,000 migrantes que esperaban pedir asilo varados por meses en ciudades de la frontera con México con altos índices de criminalidad. En el pasado, esta medida fue criticada no solo por el trauma que ocasionó en miles de migrantes sino por ser considerada como una restricción innecesaria al derecho que tienen los inmigrantes para solicitar asilo al llegar a la frontera.
Desde esta mañana quedó sin efecto la aplicación CBP One y las citas pendientes fueron canceladas. Con esta aplicación, el gobierno de Joe Biden concedió un límite de 1,450 citas diarias a inmigrantes en México para presentarse ante un oficial de la Patrulla Fronteriza e iniciar su proceso migratorio en los casos que cumplían con los requisitos. Desde que fue abierta, en enero de 2023 y hasta diciembre de 2024, más de 930,000 personas recibieron una cita para presentarse en uno de los ocho puertos fronterizos que fueron dispuestos para recibir a los migrantes.
Esa medida fue una pieza clave del gobierno de Biden para controlar el flujo de personas que llegaban a la frontera, pero también fue condenada por las organizaciones de derechos humanos que la consideraban como una restricción al derecho al asilo. Al mediodía, decenas de migrantes con citas y que tenían meses esperando quedaron desahuciados en México cuando la aplicación fue desactivada.
La orden ejecutiva con la que Trump reinstauró los Protocolos de Protección de Inmigrantes fue llamada "Seguridad en la frontera". Con ella, también anunció la detención "por el tiempo máximo que establece la ley," de los inmigrantes que sean aprehendidos hasta el momento en que puedan ser deportados. Exige que la remoción del país se haga de forma expedita y que exista una "cooperación completa" con las autoridades estatales y locales que quieran apoyar a las autoridades federales.
En la misma orden también reinstaura el fin del 'catch and release' (capturar y liberar), una medida que viene de su primer gobierno. 'Capturar y liberar' es una práctica que contempla dejar en libertad a inmigrantes indocumentados que sean detenidos mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos.
Las prioridades de detención y deportación
La orden ejecutiva "Protegiendo a los estadounidenses de una invasión" enmarca el camino hacia las "deportaciones masivas" prometidas por Trump durante su campaña. Establece que cualquiera que haya ingresado al país de forma ilegal o que haya permanecido sin documentos puede ser sujeto de detención, enjuiciamiento y luego, deportación.
Comisiona al secretario de Seguridad Nacional (DHS) para tomar medidas que permitan establecer contratos de construcción, operación y control de instalaciones para detener a extranjeros deportables. "Debe tomar todas las acciones apropiadas para asegurar la detención de extranjeros arrestados por violaciones a las leyes de inmigración aunque estén a la espera de sus procedimientos de expulsión", se lee en el texto. Sin embargo, ni Trump ni su orden especifican cómo pagarán los enormes costos asociados con la detención prolongada de inmigrantes.
También ordena establecer acuerdos 287 (g) para que policías estatales o locales puedan actuar como funcionarios de inmigración, así como recortar el a fondos federales para las jurisdicciones que se autodefinan como santuarios para inmigrantes indocumentados.
Esta orden ejecutiva también exige al secretario de Seguridad Nacional que tome medidas para motivar la salida voluntaria de inmigrantes o cualquier otra medida que "aliente a extranjeros que están de forma ilegal en Estados Unidos a irse lo más pronto posible".
Al DHS y al secretario de Estado también les pide entrar en procesos de negociación con países que se niegan a recibir a sus connacionales deportables, como es el caso de Venezuela y Nicaragua.
Fin del programa de 'parole humanitario' para varias nacionalidades
En la orden ejecutiva "Asegurando nuestras fronteras" también rescindió el procesamiento de 'parole humanitario' para ciudadanos cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos.
Esta medida fue instaurada por el gobierno de Biden para promover la migración ordenada de ciudadanos de estos países. Les otorgaba una entrada temporal de dos años para que en ese tiempo cambiaran su estatus a cualquier otro programa disponible para el que calificaran, entre ellos, el asilo.
Y en su orden ejecutiva "Protegiendo a los estadounidenses contra la invasión" encomendó a su gobierno evaluar políticas que puedan ser rescindidas. Entre ellas la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege de la deportación y otorgan permiso temporal de trabajo a personas de países en conflicto o cuyas condiciones generan un riesgo para sus ciudadanos. Bajo esta condición se encuentran cerca de un millón de personas de países como Venezuela, El Salvador, Haití y Nicaragua, entre otros.
Designación de pandillas como organizaciones terroristas
El mandatario también firmó una orden para designar a ciertas pandillas como organizaciones terroristas extranjeras. Se trata de los cárteles de la droga de México, así como de la pandilla centroamericana MS-13 y la banda venezolana Tren de Aragua, cuya expansión en al menos ocho ciudades de Estados Unidos condenó en la campaña al asegurar —sin evidencia— que se debió a la carencia de políticas del presidente Biden para frenarlos en la frontera.
El fin de la ciudadanía por nacimiento
Lejos de la frontera sur, las órdenes incluyen el polémico fin de la ciudadanía por nacimiento para aquellos que nazcan a partir de ahora, una medida que intentó en su primer gobierno sin éxito. De nuevo, expertos vaticinan que podría morir en el intento por los obstáculos legales que enfrentará.
"Esta es una de las grandes", dijo Trump al estampar su frima en el papel.
La orden ejecutiva firmada por el republicano exige que no se otorgue la ciudadanía por nacimiento en dos casos. Primero, cuando la persona nace en momentos en que la madre está de forma ilegal en Estados Unidos y el padre no es ni residente permanente ni ciudadano. Segundo, cuando la persona nace al tiempo que la madre tiene un estatus legal pero temporal y el padre no es ni ciudadano ni residente permanente.
Establece además que no afectará a quienes nacieron antes de esta orden, sino a quienes nazcan 30 días después de su firma.
A pesar de la orden ejecutiva de Trump, la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, por lo que con seguridad enfrentará desafíos legales en los tribunales y terminará ante la Corte Suprema. De ahí en adelante, a Trump solo le quedaría pedir una reforma constitucional. Es un largo proceso que requeriría el voto de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de las asambleas estatales.
Suspensión en la isión de refugiados
Otra de las órdenes ejecutivas que firmó contempla la suspensión a partir del 27 de enero de 2025 del programa de reasentamiento de refugiados. Hasta ahora, el gobierno de Joe Biden había expandido la recepción de refugiados a más de 100,000 por año. Pero Trump considera que la llegada de personas con este estatus "podría ir en detrimento de los intereses de Estados Unidos".
La orden pide a los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado que en el plazo de 90 días le envíen un reporte que defina si la continuación del programa beneficiaría al país.
La página de la Casa Blanca argumenta sin detalles que la suspensión del programa se debe a que hay "comunidades forzadas a albergar grandes e insostenibles poblaciones de migrantes, llevando al límite la seguridad de las comunidades y sus recursos".
Pena de muerte para inmigrantes indocumentados que cometan delitos graves
Trump firmó una orden ejecutiva con la que pide al fiscal general buscar la pena de muerte cuando se cometan crímenes graves en varias circunstancias, entre ellas, que el acusado sea un "extranjero ilegalmente en este país". Exige además que la medida se extienda a los estados y fiscalías de distrito.
