Cómo los dólares de la marihuana han caído en manos de políticos y policías en California
“Te debo mucho, lo que sea”. Richard Allen Kerr, entonces alcalde de Adelanto, California, le agradecía en un mensaje de texto a un empresario de la industria de la marihuana que supuestamente le entregó 10,000 dólares en efectivo. Era un soborno por ayudarle a abrir un negocio legal de marihuana en esa ciudad en 2018, según una acusación federal contra dicho funcionario municipal.
“Solo devolviéndote el favor por toda la ayuda”, le respondió el empresario identificado como ‘Persona C’, quien terminó colaborando con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Kerr, de 64 años, fue arrestado el 13 de agosto pasado por siete cargos de corrupción, fraude y haber recibido ilegalmente más de 57,000 dólares para aprobar ordenanzas locales que beneficiaron a tiendas de dicha droga.
Kerr era conocido como un simpatizante del consumo de marihuana, tanto medicinal como recreativa. Siendo alcalde y miembro del Comité de Permisos de Dispensarios de Cannabis en Adelanto votó a favor de legalizar su cultivo dentro de su municipio, la apertura de dispensarios, el transporte de productos derivados del cannabis y otras actividades comerciales relacionadas con la marihuana.
Pero su desempeño legislativo progresista quedó manchado cuando aceptó dinero de personas ligadas a esa industria, detallan documentos judiciales. Tras recibir cheques y efectivo, el edil hizo lo posible para que un restaurante terminara operando como un establecimiento de marihuana con toda la venia del Ayuntamiento. Trató de ocultar los sobornos reportándolos como regalos, donaciones a un fondo benéfico y contribuciones a su campaña electoral, afirman los fiscales.
Kerr es, de hecho, el segundo funcionario de Adelanto que enfrenta a la justicia. El exconcejal Jermaine Wright se prepara para el inicio de su juicio el próximo 19 de octubre en una corte federal de Riverside. El gobierno afirma que solicitó y aceptó un soborno de 10,000 dólares de un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por un empresario que quería facilitar las operaciones de su empresa dedicada al transporte de marihuana. Wright fue arrestado en noviembre de 2017.
A la par de oscuras licitaciones de contratos municipales y permisos arreglados para proyectos inmobiliarios, los negocios relacionados con la marihuana se han vuelto un agente corruptor en los ayuntamientos de California. Varios casos llevados a los tribunales exponen cómo vendedores y cultivadores de cannabis han comprado (o al menos intentado) a funcionarios locales para entrar a una industria multimillonaria.
El FBI, agencia encargada de investigar la mayoría de esos casos, advierte que la corrupción es más frecuente en California y en otros estados del oeste del país porque allí la concesión de licencias está descentralizada. Es decir, la decisión a menudo la toman cinco ediles que tienen otros trabajos y reciben un estipendio por reunirse para votar sobre asuntos que conciernen a sus comunidades.
“A medida que más estados cambian su legislación sobre la marihuana, el FBI está viendo emerger una amenaza de corrupción pública en la creciente industria del cannabis”, advierte un reporte de la agencia de 2019. “Los estados exigen licencias para cultivar y vender la droga, lo que abre la posibilidad de que los funcionarios públicos sean susceptibles de recibir sobornos a cambio de esas licencias”, agrega.
Regino Chávez, un supervisor del FBI citado en el informe, declaró: “Hemos visto que el precio de una licencia para vender marihuana en algunos estados subió hasta 500,000 dólares. Entonces, vemos a personas dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero para entrar a la industria”.
“Usan su dinero para sobornar”
Los votantes de California aprobaron en 2016 una ley que permite a los municipios otorgar permisos para cultivar y sembrar marihuana. Dos años después, en enero de 2018, el mercado del cannabis en ese estado experimentó un boom cuando se despenalizó su consumo con fines lúdicos.
El FBI alertó en su informe de 2019 que, a medida que se vaya expandiendo la legalización de la marihuana recreativa “los estados deben esperar que aumente el problema de la corrupción”.
El dinero ‘verde’ ha tentado en los últimos años a políticos, servidores públicos y policías en Calexico, Los Ángeles, San Jacinto, Cudahy, San Diego, Humboldt, Oakland, Santa Fe Springs y otras localidades.
Hace dos meses, Joel López, quien llevaba un par de años en una curul del Concejo de San Jacinto, una diminuta ciudad en la región desértica de Inland Empire, a dos horas de viaje en carretera desde Los Ángeles, fue detenido bajo sospecha de ser copropietario de una tienda ilegal de marihuana.
A 150 millas de allí otros dos políticos hispanos cayeron en un operativo del FBI: el exalcalde Pro Tem de la localidad fronteriza de Calexico, David Romero, y el excomisionado de ese municipio Bruno Suárez Soto, aceptaron 35,000 dólares en efectivo a cambio de facilitar la apertura de un dispensario. Se los dio un agente encubierto.
Ambos funcionarios, según los fiscales, se comprometieron a entregar los permisos de manera expedita para que comenzara a operar el establecimiento de cannabis fantasma y obstaculizar los trámites de los competidores. En las conversaciones con el oficial, que fueron usadas como evidencia, confesaron que ya habían aceptado dinero ilícito: “Este no es nuestro primer rodeo”.
Romero y Suárez Soto fueron sentenciados en mayo a dos años de prisión.
“La industria de la marihuana tiene una influencia indebida en ciudades y condados de California, y también en otros estados”, dijo a Univision Noticias Scott Chipman, vicepresidente del grupo Americans Against Legalizing Marijuana (Estadounidenses contra la legalización de la marihuana).
“Usan su dinero para sobornar a los funcionarios o dar donaciones a los candidatos con el fin de obtener decisiones que los beneficien financieramente, independientemente del impacto negativo en la salud o la seguridad pública”, agregó Chipman.
Dos policías corruptos
También los policías han sido tentados por una industria que mueve una fortuna en efectivo, ya que ninguna institución financiera acepta su dinero. ¿La razón? El gobierno federal sigue prohibiendo la producción, distribución y consumo de la hierba, ni siquiera con fines médicos.
Este año fue enviado a prisión un excapitán de la oficina de Alguaciles del condado de San Diego, quien finalmente reconoció haber actuado como “consultor” de un empresario cuya propiedad resultó afectada legalmente por albergar a un dispensario de marihuana sin licencia. En otra ocasión, el policía le llamó a su primo, quien operaba otra tienda clandestina de la hierba, para advertirle que agentes del orden estaban a punto de realizar un cateo. Eso le permitió ocultar efectivo y “productos valiosos”.
Marco Garmo, quien fue oficial del Sheriff sandieguino, fue condenado a dos años de prisión en marzo. Su proceso legal incluía cargos por comprar unas 150 armas de fuego y revenderlas casi todas. Al dictar la sentencia, el juez federal Gonzalo Curiel dijo que la conducta del expolicía demostró arrogancia y llegó a un nivel en el que estaba "casi convirtiéndose en una especie de jefe de la mafia".
Otro policía que perdió la placa por corrupto es Marc Antrim, de 43 años. En octubre de 2018, mientras estaba en las filas de la oficina de Alguaciles del condado de Los Ángeles, orquestó una falsa redada policial para robar media tonelada de marihuana y 600,000 dólares que estaban en la bodega de una empresa dedicada a la distribución comercial de marihuana en esa región.
Sumando el costo del producto y el efectivo, las autoridades creen que él y dos cómplices se llevaron un botín de dos millones de dólares. Los descubrieron cuando otros policías llegaron a verificar el “decomiso” y porque su incursión fingida quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar. Antrim recibió en abril una sentencia a pasar siete años tras las rejas.
Un soborno de $1 millón
A Jon Lopey, quien era jefe de los alguaciles del condado de Siskiyou, en la frontera entre California y Oregon, le hicieron una oferta tentadora: un pago ilegal de un millón de dólares si alejaba a sus agentes de ocho granjas ilegales. Lopey aceptó sobres con miles de dólares en efectivo, pero siendo parte de un operativo que montó el FBI. Pusieron cámara y micrófonos en su escritorio para registrar cómo Chi Meng Yang y su hermana Gaosheng Laitinen trataron de comprarlo. En las primeras reuniones le dieron más de 10,000 dólares, detalla la acusación.
Uno de los escándalos más recientes implica a un supervisor del condado de San Luis Obispo, en el sur el estado, que habría recibido alrededor de 32,000 dólares entre el otoño de 2016 y noviembre de 2019. A cambio, este político, cuyo nombre no ha sido publicado por el gobierno, votó e influyó para que otros aprobaran permisos para Helios Raphael Dayspring, dueño de varios cultivos de marihuana.
Tanto le benefició la ayuda de este funcionario, señala la Fiscalía, que Dayspring pudo operar sus granjas de cannabis incluso antes de obtener la aprobación final del condado. Él también trató de sobornar al entonces alcalde de Grover Beach para obtener dos licencias para dispensarios. En una cena en septiembre de 2017, el empresario le prometió un pago de 100,000 dólares, pero el edil lo denunció.
A finales de julio, Dayspring se declaró culpable de dos cargos (soborno y presentar un reporte fiscal falso) y aceptó pagarle 3.4 millones de dólares al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) y cooperar con las autoridades.
El FBI y el IRS continúan investigando otros casos de corrupción ligada a la industria de la marihuana en el gobierno de San Luis Obispo.
El boom de la hierba
Un reporte de la firma New Frontier Data estima que el mercado ilícito continúa sirviendo a la mayor parte de la demanda nacional de los productos de cannabis, generando un estimado de 66,000 millones de dólares en 2020. El mercado legal, por su parte, obtuvo ganancias de $20,300 millones.
“El crecimiento de la población y el aumento de las tasas de uso conducirán naturalmente a un aumento en el tamaño del mercado del cannabis, aunque el mercado ilícito continuará satisfaciendo la mayor parte de la demanda”, señala Kacey Morrissey, directora de análisis industrial de New Frontier Data, en un artículo.
En Los Ángeles, donde abundan las tiendas de cannabis, legales e ilegales, la cantidad de sembradíos de los carteles que han sido desmantelados por agentes antinarcóticos pasó de 150 en 2020 a más de 500 en lo que va de este año, un ejemplo de que esa actividad sigue siendo redituable para los narcos.
Esto sucede mientras los decomisos en la frontera van a la baja. Hasta el 4 de agosto pasado (cuando faltaban poco menos de dos meses para el fin del año fiscal), agentes federales habían decomisado más de 301,000 libras de marihuana, menos de la mitad de las 706,000 libras que incautaron en 2018, según las cifras más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE).
A la fecha, 141 millones de estadounidenses viven en 18 estados donde el consumo de la marihuana es legal, ello representa 43% del total de adultos de este país. Se trata de una tendencia nacional. Un sondeo reciente del Pew Research Center concluyó que más de 90% de los encuestados estaba a favor de la legalización de la hierba, ya fuese para uso medicinal o recreativo.
Morrissey pronostica que las ventas legales de cannabis continuarán aumentando en los próximos años en todo el país, pasando de 24% en 2020 a 42% en 2025. El crecimiento de ese mercado ha sido estable y hasta mayo pasado los aumentos de capital en el cannabis se habían triplicado, alcanzando los $6,000 millones, según New Frontier Data.
Pero otros temen que ese incremento económico traiga problemas. “A medida que la industria gane más poder, dinero e influencia, aumentará la probabilidad de que haya más corrupción”, dijo Scott Chipman, de Americans Against Legalizing Marijuana.
“La competencia entre las empresas de marihuana legales está creciendo y los propietarios de estas empresas buscarán formas de obtener una ventaja sobre sus competidores”, agregó.
El FBI mantiene una campaña en la que pide al público denunciar la corrupción gubernamental ligada a la industria de la marihuana.
Chipman cree que eso no es suficiente, pues considera que “la única solución real” es acabar con la despenalización de la hierba en todo el país. “El mercado negro es más grande, el tráfico de la droga a través de las fronteras estatales ha aumentado, el cultivo ilegal ha aumentado. Está claro que la legalización ha aumentado las actividades ilegales”, insistió el activista.
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